Belén: levantan "acampe" con la condición de que revisen las adjudicaciones

Los manifestantes dieron hasta mediados de enero para obtener alguna respuesta a la demanda de una casa.
V ecinos de la ciudad de Belén que mantenían una "custodia" en dos barrios que el IPV construyó en la cabecera departamental -lo que frustró la semana pasada la entrega oficial de 60 viviendas-, aceptaron desistir de la acción de protesta, luego de una reunión que delegados mantuvieron ayer con autoridades de la Secretaría de la Vivienda, y con la condición de que se revisen las adjudicaciones efectuadas.

Por otro lado, esperan un compromiso sobre la posibilidad de que sean incorporados en los listados o que en su defecto, se les brinde algún tipo de solución habitacional.

En este sentido, dieron hasta mediados de enero -cuando en teoría se realizará una nueva audiencia- para que el Gobierno brinde una respuesta concreta.

Para dar garantías a la comunidad, la Justicia belicha intervino colocando una custodia policial para que no ingrese nadie a los barrios, hasta tanto se haga la entrega oficial, que podría demorarse hasta marzo.

Los manifestantes concretaron una virtual usurpación -aunque en ningún momento ingresaron a las unidades- durante una semana, en disconformidad con los nombres que circularon como beneficiarios de las viviendas.

Esto motivó que se interrumpa un acto oficial de entrega que iba a encabezar el gobernador, Eduardo Brizuela del Moral.

Según afirmaron en ese momento, varios de los beneficiarios no reunían las condiciones para recibir las viviendas. Por ejemplo, aseguraron que se había adjudicado a gente que tenía otra casa, o que tenía medios suficientes para construir sin ayuda del Estado provincial.

En la mañana de ayer se realizó una reunión de delegados de la gente que permanecía "tomando" los barrios, de la cual participó el secretario de la Vivienda, Pedro Molas, el administrador del IPV, Eduardo Brizuela del Moral (h), y el senador Ricardo Castellanos.

El encuentro se concretó tras haber fracasado otro que gestionó el intendente Daniel Ríos, quien deslizó cuestionamientos contra el IPV.

El jefe comunal había responsabilizado al organismo por el conflicto, y aseguró que hubo "falta de transparencia" en la selección de los adjudicatarios, avivando la polémica.

En el encuentro con los funcionarios provinciales, éstos explicaron a los delegados el trámite formal de impugnación que se puede hacer tras la publicación del listado de beneficiarios, en caso de que haya algún tipo de objeción. Los representantes de los vecinos señalaron que el listado aparece publicado el mismo día de la entrega, lo que hace difícil que se vuelva atrás.

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