Una batalla que se reproduce en todo el país

El debate sobre la influencia del poder político en el nombramiento y la remoción de los jueces no abarca sólo al organismo nacional. En distintas provincias, los magistrados siguen siendo elegidos a discreción y vigilados de cerca. El debate sobre la integración de los organismos que deben controlar a los integrantes del Poder Judicial.
La discusión sobre la influencia del poder político en el Consejo de la Magistratura nacional y en la Justicia en general tiene su correlato en unas cuantas provincias, donde los problemas ligados al nombramiento y la investigación de jueces se suceden desde tiempos inmemoriales. Tribunales casi de-siertos, jueces en comisión, magistrados elegidos a dedo y otros vigilados de cerca por el gobierno de turno son apenas un muestrario de lo que pasa. Tucumán, Jujuy, Santiago del Estero y Chubut presentan algunas de las situaciones más problemáticas. Neuquén, San Luis y Misiones conviven con los resabios del uso del juicio político como herramienta de disciplinamiento.

Según un análisis de la Federación Argentina de la Magistratura (FAM) en los órganos o sistemas de selección y destitución de jueces de todo el país, los representantes políticos ocupan casi el 50 por ciento de las bancas o lugares. Esta realidad, argumentan ellos, condiciona la "independencia" en sus funciones. Los nombramientos por amiguismo y la amenaza de destitución si investigan la casta política son moneda bastante corriente, detallan fuera de micrófono. El argumento desde el otro wing dice que los políticos deben prevalecer porque representan la voluntad popular y son la garantía de su participación en la conformación y funcionamiento de la Justicia. "El Poder judicial es del pueblo", dijo la semana pasada el ministro de Justicia, Julio Alak, al defender la integración actual del Consejo nacional en un reportaje con Página/12. "Modificar mayorías no garantiza transparencia", enfatizó.

Para Sus Señorías, nada más preciado que el carácter vitalicio de sus cargos y nada mejor que tener un reducto donde defenderse en forma corporativa. Para la dirigencia política hay un límite delicado entre evaluar/controlar a los jueces y tenerlos dominados. Pero no siempre un mayor número de políticos en el Consejo de la Magistratura se traduce en sometimiento judicial acuciante. La experiencia muestra que en varias provincias los poderes gobernantes han utilizado métodos mucho más directos para conquistar los tribunales.

Vacíos

Tucumán arrastra una pulseada de tres años por el régimen para nombrar y echar jueces. El debate se judicializó, hoy nadie elige a los magistrados y abundan los tribunales paralizados. El gobierno de José Alperovich impulsó un Consejo Asesor de la Magistratura y un Jurado de Enjuiciamiento con mayoría de políticos del oficialismo, minoría de jueces y ningún lugar para los abogados. Una reforma constitucional lo aprobó. Los abogados promovieron denuncias. Dos fallos, uno en segunda instancia y otro en la Corte local, congelaron la movida. Invalidaron, por ejemplo, la facultad del gobierno para decidir por su cuenta la conformación del Consejo. Alperovich, kirchnerista, acaba de proponer una nueva integración de tres legisladores y tres jueces, que debería aprobarse como ley. Los cuestionamientos por el jury llegaron a la Corte Suprema de la Nación.

"En el Consejo no pueden estar los abogados que litigan en la Justicia. Yo no quiero colocar jueces, porque quiero que sean totalmente independientes y que ningún estudio jurídico se enriquezca", justificó días atrás el gobernador. Mientras tanto, con el traspaso del sistema jubilatorio provincial al nacional, los jueces tucumanos se jubilaron en masa. "Hoy el 20 por ciento de los cargos en nuestros tribunales están vacantes y si todo sigue igual llegaremos a 45 por ciento. En los fueros civil y comercial tenemos una mora desproporcionada", explicó a Página/12 el camarista Augusto Avila. Son 34 cargos los que tendrá que cubrir sea cual resulte el nuevo organismo. El caso de Tucumán fue señalado ya en 2007 por un trabajo de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) como emblemático en el "avasallamiento del Poder Judicial".

Una discusión más básica aún no ha logrado ser superada en Jujuy: cómo salir del modelo donde se llega a la toga sin concurso alguno y sólo por cercanía al Poder Ejecutivo. No hay exámenes ni audiencias públicas ni ninguna clase de participación social en el proceso: no hay Consejo de la Magistratura ni cuerpo equivalente. La Corte provincial propone a los jueces, que son aprobados por el Ejecutivo con acuerdo del Legislativo. El máximo tribunal, a la vez, tiene miembros afines al ex gobernador y actual titular de la Cámara de Diputados Eduardo Fellner, quien los nombró, y al actual mandatario, ex vice, Walter Barrionuevo. Los colegios de Abogados y de Magistrados reclaman una reforma que aporte "transparencia", según explicó María Rosa Caballero, directora del Instituto de Investigaciones Judiciales de la FAM. También piden juzgados de "pequeñas causas", con "proximidad geográfica". "La gente de la Puna debe trasladarse más de 300 kilómetros para acceder a los estrados judiciales", ejemplificó. En los últimos años, dijo, además creció "la falta de consenso entre los poderes políticos" para nombrar magistrados y de 75 cargos el 15 por ciento está vacante.

Sin disimulo

En Santiago del Estero existe Consejo de la Magistratura y su composición, en números, tal vez no cuente entre las más desniveladas (tiene tres abogados, tres jueces, dos legisladores de la mayoría y uno por la minoría) aunque la mayoría de los consejeros debe su puesto al gobernador radical Gerardo Zamora. Aun así, tampoco ha entrado de lleno en acción. Desde hace cinco años el Poder Judicial de la provincia está en comisión y casi no hubo concursos. "Todos los jueces están provisorios. Desde que cayó (Carlos) Juárez son designados a dedo por el gobernador. Recién el año pasado empezaron las pruebas para los fueros penal y laboral. El mecanismo constitucional prácticamente no funciona", se queja el abogado Antenor Ferreira a Página/12.

Chubut fue escenario de un escándalo en mayo último cuando el gobierno de Mario Das Neves decidió mandar veedores a las audiencias de excarcelación para controlar con qué argumentos los jueces liberaban a detenidos, bajo amenaza de iniciarles juicio político. La iniciativa fue en plena campaña electoral y apuntaba a mostrar medidas pro seguridad. La FAM denunció ante la Comisión de Independencia de la Corte Suprema, que coordinan Carmen Argibay y Elena Highton de Nolasco, "una grave injerencia que amenaza seriamente la necesaria imparcialidad y objetividad del Poder Judicial". El titular de la FAM, Abel Fleming, fue directo a quejarse al gobierno chubutense y la iniciativa quedó en suspenso. El enfrentamiento de la Justicia y el Ejecutivo viene desde 2004, cuando el gobernador promovió varias remociones de jueces y repartió acusaciones públicas.

Al banquillo

En ámbitos provinciales el uso de la herramienta del juicio político ha sido abiertamente discrecional en la última década. En el feudo de los Rodríguez Saá se sucedieron expulsiones de magistrados que pretendieron investigar la corrupción oficial. Tres juezas destituidas recurrieron ante la desprotección a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Desde 2004, las personas nombradas en el Poder Judicial fueron obligadas a firmar su renuncia anticipada antes de obtener el acuerdo del Senado, según denunció una fiscal. Hoy buena parte de los tribunales es leal a la familia gobernante.

En Misiones, cuatro años atrás, durante la gobernación de Carlos Rovira, se desató una "persecución política contra jueces independientes" según denunció el relator especial sobre independencia judicial ante Naciones Unidas, Leandro Despouy. Su presentación detalló los procesos de destitución contra el juez Horacio Alarcón, quien había procesado por homicidio al hijo de una diputada oficialista; contra el fiscal de Estado Lloyd Jorge Wicström, quien ha denunciado públicamente diversos casos de corrupción y contra la jueza del Superior Tribunal Marta Catella, quien había fallado contra el oficialismo en una disputa por bancas. El caso de Catella está en la Corte Suprema.

Despouy incluyó una serie de sucesos ocurridos en Neuquén, que la ONG ACIJ describió como la "colonización" de la Justicia de esa provincia. Allí el juez y los camaristas que exculparon al ex gobernador Jorge Sobisch, investigado por una cámara oculta que lo pescó en una situación de soborno, fueron ascendidos y el fiscal Ricardo Mendaña, que reclamaba la reapertura del caso, fue destituido. Con aquellos dos camaristas y un juez más, Sobisch armó una Corte a su medida en plenas vacaciones de verano y multiplicó cámaras y fiscalías. Los jueces supremos eran por entonces quienes proponían los candidatos a jueces, fiscales y defensores. En 2006 todo hacía pensar que la saga terminaría con la creación de un Consejo de la Magistratura que, sin embargo, y pese al cambio de gobierno y de algunos jueces, quedó hasta el día de hoy dominado por el sobischismo. En estos días se discuten proyectos para reformar el organismo: su composición, su presupuesto exorbitante y los mecanismos que permiten discrecionalidad en las designaciones.

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