Batalla política y empresaria por un negocio de tres millones de pesos al mes

El gobierno adjudicó el tratamiento y disposición de residuos patológicos y hay polémica y pedidos de nulidad. El negocio es de 3 millones y medio de pesos por mes, y actualmente sólo cuesta 500 mil.
La Legislatura provincial deberá aprobar una licitación del Ejecutivo que aventura convertirse en un nuevo episodio polémico entre oficialismo y oposición, con motivaciones empresarias cruzadas y –como siempre sucede en estos casos- el interés público condicionado según la decisión política que se tome, en un negocio que alcanzaría los 3 millones y medio de pesos por mes.

Entre las objecciones planteadas que tendrá que analizar y discutir la Legislatura, están la de la falta de la realización de la declaración de impacto ambiental, y la posibilidad de riesgo monopólico al concentrarse, presumiblemente en un solo operador toda la tarea desde la recolección y transporte hasta el tratamiento y la disposición final de los residuos patológicos.

La situación actual. Se trata de una licitación pública para la concesión de la "instalación, explotación y mantenimiento para la recolección, transporte, tratamiento y disposición final de residuos públicos de atención a la salud humana", más conocidos como residuos patológicos. Este proceso se cumplimentó a través del expediente número 5461-S-2006-30091, en virtud de lo dispuesto por la ley provincial 7.168 de residuos patogénicos y farmacéuticos.

Actualmente esta tarea la realiza TYSA S.A. una empresa de la división Impsa Servicios Ambientales que opera el rubro de higiene urbana, con experiencia en distintas ciudades del país (Buenos Aires, Rosario y San Salvador de Jujuy) y también en Colombia (Bogotá y Cartagena de Indias).

Para ello cuenta con el aporte de otras cinco pequeñas empresas transportistas que recolectan y trasladan los residuos hasta una planta en El Borbollón, donde se entierran en un terreno fiscal.

La ley 7.168 y su decreto reglamentario el 2.108/05 establece que es necesario implementar un sistema de gestión para los residuos generados en centros de atención a la salud humana y/o animal, públicos y privados, estatales o no, que contemple la recolección, transporte, tratamiento y disposición final.

Los ganadores y las objeciones. La licitación se concretó y según el decreto 1.562 del pasado 20 de julio y su publicación en el Boletín Oficial el 29 de julio, resultó favorecida TYSA-LAMCEF, una unión transitoria de empresas (UTE) formada por la mencionada empresa de Pescarmona y LAMCEF, una firma de capitales extranjeros con experiencia en el rubro en la ciudad de La Plata, perteneciente al Grupo Deltacom S.A.

[Residuos patológicos-decreto]

El decreto, lleva la firma del gobernador Celso Jaque, del secretario general de la Gobernación Alejandro Cazabán y el ministro de Salud Sergio Saracco. En su artículo 2 se establece que la adjudicataria debe dar cumplimiento a los procedimientos de evaluación de impacto ambiental, en el 3 que el ministro Saracco debe suscribir el contrato y en el 5 que la Legislatura debe aprobar lo actuado.

Según pudo corroborar MDZ estas actuaciones ingresaron esta semana a la Legislatura, a través de la Cámara de Diputados, donde algunas fuentes especularon que seguramente en la sesión de la semana que viene (el miércoles 2 de setiembre) se determinará a qué comisión legislativa se deriva el expediente para su análisis, aunque se descuenta su pase a la de Salud y Medio ambiente.

Sin embargo, y mientras espera el estudio y análisis de los diputados, el expediente ha comenzado a recibir objeciones. Las más significativas provienen de distintos empresarios que actualmente realizan la tarea de transporte de residuos patológicos que incluso habrían planteado al gobernador la suspensión de la licitación hasta que se aclare si en el proceso aprobado se está consagrando un régimen monopólico en el sector.

¿Riesgo ambiental? ¿Peligro monopólico? Esta sospecha se deriva porque los empresarios transportistas creen que la licitación sustanciada le entrega, no sólo el tratamiento y disposición, sino también el transporte de los residuos patológicos a TYSA-LAMCEF. Esto derivaría la salida automática del negocio de las cinco empresas transportistas para dejar todo el proceso, desde la recolección hasta la disposición final a la firma del Grupo Pescarmona y su socio.

Asimismo, objetan que no se ha realizado la declaración de impacto ambiental que exige la ley 5.961. Esta omisión, que consideran grave, también podría ser causal de nulidad del proceso licitatorio, por más que en el decreto 1.562 (en su artículo 2 ahora se exija la realización de la declaración de impacto ambiental).

[Residuos patológicos (2)]

Una de las objeciones ingresadas a la Legislatura por parte de una de las empresas de transportes patológicos presuntamente perjudicadas a la que MDZ puedo acceder (izquierda), lleva la firma de Aníbal Balbuena (DNI 10.989.693) de la firma AB Control S.A. En su nota del 18 de agosto expresa que la licitación "dejará cesante de trabajo a las 5 (cinco) empresas provinciales que hoy prestan el servicio de recolección y transporte de residuos patológicos y farmacéuticos y por ende todo el personal que se emplea y todos los puestos de trabajo indirectos que la actividad genera, aproximadamente 200 familias", según indica la nota.

En otro párrafo, Balbuena objeta la cifra de casi 3.500.000 pesos que todos los meses la provincia deberá pagar a TYSA-LAMCEF cuando en la actualidad está pagando 500.000 "por todo concepto". Incluso, traza la evolución del precio del kilo de residuo tratado que hoy dice costar 3 pesos y que en el futuro con los nuevos operadores costaría 11 pesos.

El detalle de la operación. En esa ecuación, de los 3 pesos por kilo actuales, el transporte tiene 80 centavos, mientras que el costo de tratamiento y disposición final se lleva los 2,20 pesos restantes. En cambio, en los futuros 11 pesos por kilo, los transportistas locales aseguran que el transporte se llevará 8 pesos y los 3 pesos restantes serán destinados al tratamiento y la disposición final.

Para documentación de los legisladores, se ejemplifica que sólo el Hospital El Carmen genera 8.000 kilos de residuos por mes, mientras que el Lagomaggiore produce 12.000 kilos al mes. Asimismo, creen que una clínica privada que hoy genere 1.500 kilos mensuales pasará de pagar casi 7 mil pesos (6.750 pesos) a pagar en el futuro más de 16.000 pesos. De estas cifras se desprende el volumen del negocio que está en disputa, considerando que en el Gran Mendoza se generan unas 260 toneladas por mes.

Más allá de los valores, el problema de fondo parece estar en que el consorcio ganador TYSA-LAMCEF, se haría cargo, específicamente, del transporte de los residuos que los transportistas mendocinos objetan.

Si bien TYSA ya está en el negocio de los residuos patológicos desde 2007, a través del enterramiento en El Borbollón, al parecer ahora pretende controlar toda la cadena en una futura planta en Capdeville, Las Heras. Esa planta, además incluirá para su tratamiento un proceso de esterilización (autoclave) y posterior entrerramiento para su disposición final.

Otra alternativa de tratamiento. El senador Carlos Aguinaga (PD) tiene presentado un proyecto para implementar en Mendoza un sistema diferente que se usa en Estados Unidos e Inglaterra de "molienda e inactivación química de los residuos que hasta el momento ha arrojado excelentes resultados".

[Carlos Aguinaga hijo - NOTA]

Según indica en su proyecto, es "un máquina de pequeñas dimensiones, cuyos únicos requerimientos es contar con un lugar propio con acceso a electricidad, agua corriente, cloacas", que "requiere de un solo operario para su funcionamiento, convirtiendo en un proceso de apenas unos quince minutos los residuos infecciosos en pequeñas escamas con sus virus, bacterias y hongos completamente inactivados por medios químicos".

Este proceso no sustituiría pero sí aliviaría la enorme producción de residuos patológicos que se generan en la provincia, en particular, la de los grandes centros asistenciales.

Esta metodología, asegura Aguinaga, ha sido aprobada por la Agencia de Protección Medioambiental de los Estados Unidos y de otras entidades similares, académicas y gubernamentales en el Reino Unido, con certificación de normas ISO 9001.

El debate que viene. Más allá del análisis que realicen los legisladores la polémica sobre el tratamiento de los residuos patológicos amenaza con instalarse nuevamente en un debate con dos perfiles.

El primero, sobre los alcances de la licitación impulsada por el gobierno provincial, en especial sobre el riesgo monopólico que denuncian los empresarios transportistas y la falta de la declaración de impacto ambiental que por este medio o la vía judicial, podrían dejar en nada el proceso.

Y en segundo orden, sobre la validez y efectividad de los procedimientos utilizados en la provincia respecto de los residuos patológicos, en virtud de nueva tecnología, que incluso podría resultar menos onerosa para el tratamiento y disposición final.

Esta discusión es de trascendencia, no sólo por el impacto en las finanzas públicas, si no también por involucrar las condiciones mínimas de salubridad requeridas para el normal desarrollo de la actividad sanitaria de clínicas, hospitales y consultorios médicos en Mendoza.

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