Marcos Peña, el jefe de Gabinete del futuro gobierno de Mauricio Macri, reiteró ayer que eliminarán rápidamente las restricciones para comprar dólares. “Es una decisión que se tomará al principio del gobierno; podrá variar en uno o dos días, pero se hará al principio del gobierno, apenas asumamos”, aseguró en declaraciones al diario La Nación. En el macrismo apuestan a una política de shock, tal como prometieron en la campaña electoral, pero la salida del “cepo” debe ser comandada por el Banco Central y por ahora no hay certezas de que Alejandro Vanoli, quien tiene mandato legal hasta 2019, esté dispuesto a abandonar su cargo.

El gobierno de Cristina Fernández de Kirchner aplicó las primeras restricciones a la compra de dólares el 28 de octubre de 2011, cuando la AFIP creó el programa de Consulta de Operaciones Cambiarias (COC) a través de la resolución 3210. Esa norma establecía que los bancos y las casas de cambio sólo podían efectivizar operaciones de venta de moneda extranjera si antes eran “validadas” por la AFIP a través de ese sistema online denominado COC basado en una formula que el organismo fiscal nunca reveló. Más allá de lo resuelto por la AFIP, para que las entidades que operan en el mercado de cambios cumplieran con esa directiva fue necesario que el Banco Central emitiera la Comunicación A 5239. Si el Central hubiese resistido la aplicación de esa norma no hubiera bastado la resolución de la AFIP, ya que los bancos solo responden a la regulación que impone la autoridad monetaria. Eso explica porque también fueron necesarias comunicaciones del Central cuando se decidió fijar excepciones a ese régimen y cuando se obligó a la validación mediante el COC de los pedidos de dólares para viajes y turismo.

A mediados de mayo de 2012, la AFIP redujo prácticamente a nada la venta de divisas para atesoramiento al dejar de validar la mayoría de esas operaciones. En ese caso, no fue necesaria la intervención del Central porque en lo formal el sistema siguió funcionando igual. La diferencia fue que cuando los bancos o casas de cambio tramitaban la solicitud a través del COC el sistema informaba, por ejemplo, que la capacidad contributiva de la persona era insuficiente, aunque ganara miles de pesos y estuviese queriendo comprar apenas un dólar. El 5 de julio se decidió finalmente formalizar esa restricción de hecho y entonces tuvo que entrar en escena nuevamente el Banco Central. La entidad, conducida en aquel momento por Mercedes Marcó del Pont, dictó la Comunicación A 5318 que prohibió la venta de moneda extranjera bajo el concepto de libre disponibilidad, suspendiendo de este modo la resolución que permitía comprar hasta 2 millones de dólares por mes, posibilidad que en los hechos ya no estaba vigente. Esa es la norma clave de lo que se conoce vulgarmente como el “cepo” cambiario.

Desde entonces, el Central siguió vendiendo dólares para operaciones de comercio exterior, para turismo y viajes (con validación), para pagar los gastos con tarjetas de crédito y débito en el exterior y para otros cientos de ítem específicos, pero ya no para libre disponibilidad. Esa posibilidad se flexibilizó parcialmente en enero de 2014 cuando se introdujo la compra de dólares para ahorro, destinada a trabajadores registrados con un ingreso mensual de al menos dos salarios mínimos, los cuales podían disponer hasta el 20 por ciento de su sueldo para esas compras con un tope de 2000 dólares por mes. La norma del Banco Central que habilitó los cambios fue la Comunicación A 5526 de enero de 2014.

Todas estas normas son las que prometió eliminar el gobierno de Macri a partir del 10 de diciembre, se estima que para volver a la situación previa a octubre de 2011. Para ello, el futuro presidente podría dictar un decreto de necesidad y urgencia, pero igual necesitaría que el Banco Central lo acompañe poniendo en práctica la normativa que se decida. Si Vanoli continúa al frente del Central, podría demorar la aplicación de esa normativa o eventualmente negarse a aplicarla con el argumento de que lo que le piden no coincide con las metas fijadas en el programa monetario aprobado por el directorio del Banco Central.

El último antecedente de este tipo lo protagonizó Martín Redrado entre fines de 2009 y comienzos de 2010. Cuando Cristina Fernández de Kirchner anunció el 14 de diciembre de 2009 la creación del Fondo del Bicentenario para pagar deuda con reservas, lo primero que hizo Redrado, por entonces titular del Banco Central, fue enviar el decreto presidencial a la subgerencia general jurídica para que analizara sus implicancias. Luego le giró el texto al estudio de abogados que los asesoraba en Nueva York para que analizara si existían riesgos de embargo por parte de fondos buitre. Veinte días después, el Banco no había tomado ninguna decisión y la postura que dejaba trascender Redrado a los medios enfureció a la Presidenta. “Todavía no tuvimos respuesta desde Nueva York ni tampoco finalizó el análisis interno. Mientras no contemos con esos dictámenes, el Banco no va a tratar el tema en su reunión de directorio”, aseguró el 5 de enero. Estaba claro que Redrado no quería cumplir con lo dispuesto por la presidenta. Por lo tanto, al otro día comenzó una puja para desplazarlo que se resolvió recién el 2 de febrero de 2010, cuando una comisión bicameral del Congreso recomendó su destitución.