La batalla continúa

Por Nelson Castro

"La madre de todas las batallas avanza." Así expresaba con satisfacción una voz del Gobierno después de la tensa reunión del plenario de comisiones de la Cámara de Diputados, el jueves pasado. Nada de buscar consensos.

"La madre de todas las batallas avanza." Así expresaba con satisfacción una voz del Gobierno después de la tensa reunión del plenario de comisiones de la Cámara de Diputados, el jueves pasado. Nada de buscar consensos. Nada que se oponga a la decisión irreversible de sacar esta ley antes del 10 de diciembre. La consigna es la de siempre: la del todo o nada.

"El núcleo duro no se toca", es la orden que hasta el momento baja desde el matrimonio presidencial. Esto significa que la autoridad nacional de aplicación dependerá del Poder Ejecutivo Nacional, que tendrá mayoría de miembros designados por la Presidencia y que las empresas de servicios públicos podrán poseer medios. Este es un punto clave. El Gobierno aspira a que, tras la venta que los empresarios italianos deberán hacer de Telecom y su consiguiente adquisición por parte de grupos nacionales que le son afines, se pueda conformar un multimedios de indudable orientación oficialista. La otra aspiración del matrimonio presidencial es que Telefónica acceda a vender Telefe a algún otro grupo económico de filiación K. Hay que recordar el fuerte rumor que hubo en ese sentido después de la caída de la Resolución 125. Estas acciones, por su similitud, traen reminiscencias de lo que quiso hacer el ex presidente Carlos Menem cuando, allá por 1998, estimuló la creación del CEI. La idea de este emprendimiento, encabezado por Richard Handley y Raúl Monetta, era la de comprar medios –lo hicieron con Canal 9 y lo intentaron sin éxito con La Nación– con el objetivo de combatir a Clarín y apoyar la re-reelección de Menem.

Estos puntos, y algunos otros, hacen que las cosas buenas de este proyecto –que las tiene– sean pulverizadas.

Esos dos puntos antes mencionados guardan, al día de hoy, la llave para obtener los votos que el oficialismo necesita para aprobar la ley. "Si esos dos puntos no se modifican en forma substancial, y no con pequeños retoques, es muy difícil que votemos este proyecto", reconoce uno de los diputados aliados a Pino Solanas, de quienes el Gobierno tiene la esperanza de obtener un voto positivo.

Mientras el matrimonio Kirchner está enfrascado en esta "batalla", algunos funcionarios del Gobierno sintieron un ligero estremecimiento en las últimas horas. Fue consecuencia de dos decisiones que adoptó el juez federal Norberto Oyarbide: una, la detención de Néstor Lorenzo, a quien la ex ministra de Salud Graciela Ocaña bautizó como "el Yabrán de los medicamentos"; la otra, el anuncio de proseguir con la investigación concerniente al impactante incremento patrimonial de los Kirchner. En el primero de los casos, además, el juez confirmó el hallazgo de fotocopias de cheques hechos en calidad de aportes a la campaña de la Dra. Fernández de Kirchner. Ante esto, algunas luces amarillas se han encendido en la Casa Rosada.

Claro que éste no es el único problema que tiene el país. En las provincias las cosas están complicadas. Y en la provincia de Buenos Aires lo están mucho más. Al primer Estado argentino lo sacude un déficit que, para el fin de este año, se calcula en cinco mil millones de pesos. Esta situación complica enormemente a Daniel Scioli, cuya gestión es materia de crecientes críticas no sólo dentro de la oposición sino también dentro de las filas del kirchnerismo. Scioli necesita, por lo tanto, el apoyo inexorable de la Nación. Por eso debió tragarse el sapo de forzar la renuncia de quien fuera, hasta el miércoles de la semana última, su ministro de Asuntos Agrarios, Emilio Monzó. "Lo hizo echar Néstor Kirchner", confirmó, con tono ufano, alguien que habita la Casa Rosada. La humillación política a la que los Kirchner vienen sometiendo al gobernador de la provincia de Buenos Aires parece no tener límites. Es, en definitiva, la repetición de aquellas otras que le hicieron padecer cuando el ex motonauta era vicepresidente de la Nación.

El pecado del renunciado ministro Emilio Monzó fue el de haber abierto un canal de diálogo con los sectores del campo. No es que se hubiera desmarcado totalmente de la línea establecida por el Gobierno nacional. Tanto es así que había sostenido, incluso, el controvertido veto de la Presidenta a la ley que declaraba la emergencia agropecuaria en 22 distritos del interior bonaerense. Lo que tenía de diferente Monzó era que abría la puerta de su despacho a los dirigentes del sector agropecuario para escucharlos y dialogar con ellos, así como también visitarlos en sus respectivos distritos. Esto fue demasiado. "Nunca tuve la confianza de Néstor Kirchner", reconoció el hoy desplazado ministro. Si su salida produjo inquietud en el sector, la designación de su sucesor causó un desasosiego aún mayor. El nuevo ministro, Ariel Franetovich, quien hasta ahora se venía desempeñando como intendente de Chivilcoy, es un hombre que responde al ministro del Interior, Florencio Randazzo. Como tal, tuvo una dura postura contra la Mesa de Enlace en todo el episodio de la Resolución 125.

Solucionar el problema de miles y miles de productores pequeños es algo que al Gobierno no le interesa. Su único objetivo es que la protesta continúe y, a través de ella, el sector se desgate y se divida. Estuvo a punto de lograrlo el jueves pasado. Fue durante la reunión que la Mesa de Enlace tuvo en la sede de las Confederaciones Rurales Argentinas (CRA). Allí, la Federación Agraria (FAA) sostuvo la necesidad de prolongar el paro. Esto fue producto de la presión enorme y creciente que ejercen las bases, en las que el nivel de descontento y bronca crece día tras día. Las otras tres entidades –es decir la Sociedad Rural Argentina (SRA), Coninagro y CRA– se opusieron. La FAA perdió la votación, a pesar de lo cual sus dirigentes comprendieron que una ruptura debilitaría fuertemente al sector. "Le hubiéramos dado al Gobierno un triunfo político que no estamos dispuestos a conceder", reconoció una voz de la dirigencia ruralista.

Volviendo a la situación de la provincia de Buenos Aires, hay que decir que una creciente desazón atraviesa a buena parte de las segundas líneas políticas de la administración Scioli. Allí hay dos hechos que alarman: uno es la falta de cambios en la gestión del gobernador, a la que se califica de decididamente mala; el otro, el "rojo" de las cuentas fiscales, que se estima en cinco mil millones de pesos. El gobernador está buscando sacar plata desde abajo de las piedras. Por eso es que está pensando en nuevos impuestos. Uno de ellos es el de la herencia. Hubo una consulta al ex director de la Agencia Recaudatoria de Buenos Aires (ARBA), Santiago Montoya. "Eso reportaría, a lo sumo, unos 400 millones de pesos; sería como querer tapar el sol con las manos. Lo que hay que hacer es una reforma tributaria en serio", fue la lapidaria respuesta del hombre a quien Scioli también tuvo que echar por imposición del ex presidente en funciones.

En la oposición las cosas también están complicadas. Y en donde lo están más es en la Coalición Cívica. Habrá que ver qué pasa con las gestiones de última hora que el titular de la UCR, Gerardo Morales, está llevando adelante para evitar la que parece ser, hasta ahora, la crónica de una ruptura anunciada entre Elisa Carrió y Margarita Stolbizer. Es curioso, y a la vez patético, observar un nivel de intolerancia tal que hace imposible la existencia de la más mínima de las divergencias. Es, además, paradojal, porque éste es un de los rasgos característicos del kirchnerismo, del cual la Coalición es tan fuertemente crítica.

En la semana que pasó, hubo una importante reunión dentro del radicalismo. Participaron de ella Julio Cobos, Gerardo Morales, el senador por Mendoza Ernesto Sanz y el ex gobernador del Chaco Angel Rozas. Allí se buscó consensuar un candidato de unidad con vistas a las internas de la UCR. Cobos sostenía la candidatura del ex diputado mendocino Raúl Eduardo Baglini. Esto no fue compartido por los otros. Así, pues, y con la intención de generar acuerdos, surgió el nombre del senador Sanz como candidato de unidad.

En el medio del fárrago de tanta pelea, pasó inadvertido un hecho no menor. Fue la decisión de los profesores de la Universidad de Buenos Aires de no participar del consejo asesor con el que el Gobierno quiso darle un disfraz de credibilidad al surrealismo que impera hoy en día en el INDEK. Fue éste un final cantado, ya que ningún docente quiso arriesgar su prestigio al servicio de una causa con rasgos de cruzada y destino de abismo. Algunos pocos que dudaron terminaron de convencerse de la inconveniencia de decir que sí cuando escucharon al actual director del Instituto, Norberto Itzcovich, comunicar que no se revisarían los índices, dando por tierra con la promesa hecha, en el sentido contrario, por el ministro de Economía. Al respecto, en la finalización del congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología que se desarrolló en la Facultad de Medicina, en el que participaron especialistas en las mediciones que desarrolla el INDEK, se aprobó una resolución condenatoria de la actual situación que se vive en el Instituto y se les pidió a las universidades del país que no se prestasen a participar, a través de sus profesores, en ninguna tarea de asesoramiento.

Como dijo alguna vez uno de los predecesores de Boudou: "Pobre Amado, le está pasando lo mismo que a mí; se la creyó".

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