La batahola

Estaba anunciada, como esas tormentas de verano que por la suma de los elementos meteorológicos cualquiera sabe que finalmente va a darse. Eso ocurrió finalmente cuando se cumplió la manda judicial que ordenaba el desalojo de las viviendas ocupadas.
La toma de las viviendas del Plan Dignidad, que se encuentran sin terminar en el barrio El Martillo, ocurre por la falta de un conjunto de resoluciones burocráticas que puedan resolver un pedido de ajuste de costos de la constructora M&F desde 2006.

Como este medio claramente ha señalado, la plata que faltó para concluir las viviendas está perdida en ese agujero negro que es la ONG Trabajar, un protagonista intermedio creado por los hermanos Jorge y César Trujillo, este último hoy bajo investigación del juez López Biscayart en conexidad con el llamado caso Skanka.

El conflicto comenzó el 15 de enero del presente año. ¿Fue una sorpresa? No, para nada. La toma -denominada "recuperación" por los integrantes de la organización "Los Sin techo"- era apoyada por organizaciones de izquierda inexistentes en el plano electoral, tales como el Partido Obrero, el MST, el Frente Popular Darío Santillán y el Movimiento Teresa Rodríguez.

La orden de desalojo fue llevada por la fiscal Graciela Trill de la peor manera: Trill estuvo tres días en los medios anunciando que llevaría a cabo el desalojo del barrio. Tres días en que sólo logró aumentar la presión de los grupos y su prédica combativa.

En la jornada previa, "Los Sin Techo" hacían saber a través de comunicados sobre sus ‘logros’ en el barrio, a saber y según su propia enumeración: una plaza de juegos, cancha de fútbol, talleres de apoyo escolar, alfabetización para adultos, asesoramiento legal popular, cursos de desparasitación y tratamiento antirrábico para perros, de primeros auxilios, talleres para madres adolescentes, entre otras actividades.

Desde la página web Indymedia se sostiene que no hubo ninguna ONG de derechos humanos que pidió el juez que estuviera presente; que la persona al mando del operativo reconoció que había más policías que los que estaban en la lista que está en el juzgado de garantías, además de que no estaban identificados o vestían de civil. Que no estaban las asistentes sociales, ni intervino ningún cuerpo médico ni posta sanitaria. Sin embargo, no es lo que puedo apreciarse a través de las imágenes recogidas por Crónica TV, ni lo que denuncian los vecinos del barrio, tampoco lo que surge de la lista de detenidos por la autoridad policial en orden al delito de resistencia y ataque a la autoridad.

Estamos ante un juego perfecto de manipulación de la información: resulta que a la ocupación se le llama "recuperación". Sin caer en la actitud de maestro ciruela, debo señalar que no es posible que alguien recupere algo que nunca fue suyo. Las organizaciones integrantes de la fantasmagórica "red de apoyo", los abogados Juan Pablo Gelemur y Mauro Saladino, con un discurso cuyo objetivo es demonizar a la policía, montaron la batahola perfecta. Pero nada dicen sobre los auténticos responsables de esta situación, que son los Trujillo, la ineptitud de María del Carmen Viñas y Gustavo Arnaldo Pulti. Lo cual también revela hasta qué punto los pauperizados son útiles a un sistema criminal que utiliza la pobreza para un fabuloso negocio que no sienta a la mesa a aquellos que dice defender.

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