Seis ediles opositores del Concejo Deliberante de la ciudad de Córdoba presentaron un pedido de informes para que el intendente Martín Llaryora brindara detalles sobre cuáles fueron los alcances de los allanamientos ordenados por la Justicia federal en el Tribunal de Cuentas municipal y en oficinas municipales.

El lunes pasado, el juez federal Ricardo Bustos Fierro ordenó una serie de procedimientos para buscar documentación en esas dependencias, y hasta ahora ni el Poder Judicial ni la Municipalidad han querido informar los detalles de ese operativo judicial.

Todo indica que se trata del avance de las ya conocidas causas judiciales que giran alrededor del millonario negocio de la recolección de basura en la ciudad de Córdoba y que apuntan a hechos ocurridos durante la gestión del exintendente Ramón Mestre.

En este tema no sólo se encuentran detenidos los máximos directivos del gremio de recolectores Surrbac, Mauricio Saillén y Pascual Catrambone, sino que también ha sido imputada más de una docena de directivos de la empresa Cotreco, una de las firmas que estuvieron a cargo del servicio de recolección hasta el año pasado.

 

Además existe una causa judicial que llegó derivada desde la Justicia provincial que investiga el presunto lavado de dinero que habría ocurrido con las últimas licitaciones de la basura en la ciudad, y que apunta principalmente contra los funcionarios que acompañaron a Mestre hasta el 10 de diciembre pasado.

Hasta el momento, no se conoce siquiera a cuál de las causas en cuestión correspondieron los allanamientos del lunes, que estarían vinculados a supuestas facturas apócrifas que habrían sido pagadas por Crese y por el Esop, dos organismos municipales vinculados a la basura.

La Justicia federal mantiene bajo secreto de sumario esas actuaciones, y desde el Palacio 6 de Julio consideran que debe ser la autoridad judicial la que informe sobre los procedimientos. Recalcaron, no obstante, que se solicitaron documentos correspondientes a actuaciones de la gestión anterior.

Interna partidaria

El pedido de informes fue canalizado por los ediles de Córdoba Cambia Juan Negri, Ricardo Aizpeolea, Armando Fernández, María Eugenia Terré y Alicia Migliore, a quienes se sumó Juan Pablo Quinteros, de la bancada unipersonal de Encuentro Vecinal Córdoba.

Además del pedido de que el Ejecutivo municipal informe sobre qué pasó en esos allanamientos y qué acciones piensa tomar en este complicado tema, la solicitud de los opositores también fue vista como un tiro por elevación contra el exintendente Ramón Mestre, quien por estos días trajina la provincia tratando de fortalecerse en la interna de la UCR.

Los concejales Aizpeolea y Fernández son dirigentes juecistas. Hay que recordar que Luis Juez fue candidato a intendente de Córdoba en las elecciones por el espacio Córdoba Cambia, que compartió con el entonces candidato a gobernador, Mario Negri.

Un dato que resalta es que la bancada radical en el Concejo Deliberante se encuentra ahora presidida por el mestrista Alfredo Sapp, quien fue el último titular del Esop, uno de los organismos al que estarían investigando.