No basta con una Constitución plagada de declamaciones

La realidad de los DDHH en Tucumán dista mucho de la predicada por el Gobierno, sobre todo en lo que se refiere al cumplimiento del Estado del respeto de los derechos económicos, sociales y culturales, que hacen a la posibilidad de una vida digna de la población.
En cuanto a los derechos civiles y políticos, el panorama no difiere. No funcionan los juzgados de ejecución de sentencia creados por ley; se alojan a los detenidos -aún a menores- sin distinción de causa (contravencional o penal) en las comisarías; existe superpoblación carcelaria y los adolescentes en conflicto con la ley con problemas de adicción carecen de un centro en el que se atienda su problemática. En resumen, falta un sistema penitenciario que tienda a la reinserción social.

Con la sanción de la Ley de Subrogancias se configuró una gravísima violación a la división de poderes y a las garantías judiciales de la población. Los jueces elegidos no reunirán las garantías de imparcialidad e independencia que exigen los instrumentos internacionales de DDHH para la magistratura. Se está violando el derecho de los ciudadanos al acceso a la justicia.

Si bien son positivas las mejoras realizadas en los hospitales, la obligación del Ejecutivo de garantizar el acceso a la salud de la población no se limita a unas cuantas mejoras edilicias. La realidad nos indica que los CAPS no tienen médicos en forma constante ni están equipados para responder a las urgencias. Las largas colas en los hospitales dan muestra de que la población no tiene el acceso a la salud que predica la Constitución. El derecho a una vivienda digna no se condice con los indignos módulos habitacionales otorgados por el Gobierno. Los planes de vivienda no contemplan el acceso de los más necesitados: se establecieron cupos que no responden a criterios de justicia social.

El derecho de los jubilados a una vida digna se contradice con la falta de pago del 82% móvil. El altísimo grado de deserción escolar de los niños de escasos recursos, la cada vez mayor proporción de niños y adolescentes que deben trabajar fuera de sus hogares, el aumento de niños en las calles, la suba del llamado “trabajo doméstico infantil” (quedan al cuidado de hermanos menores porque sus padres deben trabajar todo el día), dan muestra de una gravísima situación social que impide el acceso a la educación de la infancia (además de violentar derechos esenciales del niño).

La obligación del Estado de “promover medidas de acción positiva y remover los obstáculos para garantizar la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos fundamentales” no se agota con la Secretaría de DDHH -sin participación en el cumplimiento de los derechos económicos y sociales- ni con una Constitución plagada de declamaciones, sino con políticas de Estado que positivamente tiendan a ello.

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