Las bases y el ABC

Por Juan Gabriel Tokatlian

La decisión soberana de Colombia y Estados Unidos de actualizar un acuerdo militar de 1952 para que Bogotá le ceda a Washington el uso de hasta siete bases, inicialmente, ha generado y potenciado una crisis evidente en el sistema de seguridad continental.

Lo que se presumía que era la gestación de un esquema de seguridad cooperativo a nivel continental se viene desmoronando a pasos agigantados: el incremento de peligrosas escaramuzas bilaterales de todo tipo (derivadas de cuestiones fronterizas, ambientales, energéticas y migratorias); la reactivación de la IV Flota a iniciativa del Comando Sur (nunca informada a las autoridades civiles en América latina); la ascendente política de adquisición de armas convencionales (en particular, de Brasil, Colombia, Chile y Venezuela) que nada tiene que ver con la lucha contra el terrorismo; las acciones unilaterales de fuerza de Colombia en relación a Venezuela (caso Granda en 2004) y Ecuador (caso Reyes en 2008); los intentos de proyección militar de Caracas en la región andina (en especial, en Bolivia), y el resurgimiento de golpes de Estado en la zona, como lo prueba el ejemplo de Honduras, entre muchos otros, corroboran que la arquitectura de seguridad continental que se articuló desde principios del período que siguió a la Guerra Fría es demasiado frágil e inefectiva.

El compromiso colombiano-estadounidense en materia de instalaciones militares exacerba una situación crítica que viene creciendo con más fuerza después del 11 de septiembre de 2001. Los países de América del Sur han reaccionado, hasta ahora, con prudencia. No se trata de que los gobiernos del área sean paranoicos o ignorantes: Bogotá y Washington hicieron todo lo posible por despertar sospechas mediante un comportamiento opaco, altivo y torpe.

La reunión del Consejo Sudamericano de Defensa (CSD), en Quito, puede iniciar el gradual camino para recuperar un mínimo de serenidad y credibilidad.

Abocarse a un caso tan complejo como el acuerdo entre Bogotá y Washington es un desafío: o el CSD afirma su razón de ser o se confirma como un tigre de papel. La responsabilidad mayor de que ocurra lo primero y no lo segundo depende, en gran medida, del Cono Sur y de la Argentina, Brasil y Chile (el ABC), en particular.

Brasilia sola no puede estabilizar América del Sur ni liderar soluciones sostenidas si pretende satisfacer, meramente, sus intereses nacionales. El acuerdo colombiano-estadounidense mismo comprueba, una vez más, que Brasil puede ser una potencia sudamericana con aspiraciones globales, pero no posee aún liderazgo regional.

Por ello, los países del ABC podrían fijar una postura mancomunada en el encuentro del CSD. Al menos pueden presentarse una serie de iniciativas que combinen principismo y pragmatismo. Por ejemplo, y siguiendo el argumento que expuso la Argentina en la reunión de Bariloche, es importante precisar una doctrina compartida y aceptada. Así como América latina en su conjunto promovió un cuerpo doctrinario (Calvo, Drago, Bello, Carranza, Estrada, entre otros) en materia de no intervención, ahora América del Sur -con igual espíritu latinoamericano- podría avanzar en la creación de un corpus doctrinario en la dirección de la seguridad. Se trataría de colocar límites precisos para no generar, unilateral o colectivamente, más inseguridad entre los países.

Así como en materia humanitaria ha ganado reconocimiento el deber de proteger, en el campo de la defensa se necesita la obligación de no vulnerar los legítimos intereses de seguridad de los Estados.

Por otro lado, y tal como se ha hecho en casos recientes con respecto a la ley Helms-Burton y su naturaleza extra territorial, el ABC podría pedir un concepto sobre el alcance del acuerdo colombiano-estadounidense al Comité Jurídico Interamericano. Este comité es un cuerpo consultivo de la Organización de Estados Americanos en asuntos jurídicos de carácter internacional, así como un ámbito para el estudio de los problemas jurídicos referentes a la integración de los países del continente. Es dable esperar que tanto Estados Unidos como Colombia acepten someter su convenio militar a tal instancia, pues han indicado su voluntad de darle conocimiento y transparencia a sus compromisos y acciones una vez que el acuerdo esté finalizado.

Asimismo, la Argentina, Brasil y Chile pueden atestiguar, con sus múltiples mecanismos de confianza en el área de la defensa y en el delicado tema nuclear que es posible diseñar procedimientos y estructuras que faciliten la distensión, el entendimiento y la certidumbre en el terreno de la seguridad. El ABC debiera estar presto a suministrar su experiencia pacífica en ese frente.

Finalmente, la Argentina y Brasil pueden retomar su mejor tradición en cuanto a su proyección positiva en el área andina. Fue el presidente Raúl Alfonsín, por un lado, y el brasileño João Baena Soares, como secretario general de la OEA, quienes lograron evitar que un delicado incidente ocurrido en 1987 llevara a la guerra entre Colombia y Venezuela.

Hoy más que nunca, ni Buenos Aires ni Brasilia pueden definir su política hacia esa zona en clave anti-Uribe/pro -Chávez o viceversa: eso sería un error estratégico mayúsculo. Paradójicamente, la opacidad de las negociaciones entre Bogotá y Washington pudieron facilitarles cierto oxígeno político-diplomático a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y podría tentar a Caracas a una acción desesperada: ante el fait accompli de las bases, que vuelve a desnudar la imposibilidad de reaccionar militarmente, y la impotencia de revertir la situación, el presidente Hugo Chávez puede propiciar el reconocimiento de un estatus político para las FARC, fenómeno que volvería a sacudir a toda América del Sur y conduciría a internacionalizar aún más negativamente el prolongado conflicto armado colombiano.

La Argentina y Brasil, en especial, deben anticipar y rechazar categóricamente esa temeraria eventualidad.

En esencia, se busca evitar una profundización de la crisis de inseguridad en América del Sur reforzada por el acuerdo militar entre Colombia y Estados Unidos y dar pasos básicos en la dirección de una elemental confianza en cuestiones de defensa en el área.

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