Los barros y su destino, un problema interminable

La primera autorización para el depósito de barros en un terreno cercano a la ruta 192 fue otorgada durante la dictadura militar por el comisionado Silverio Pedro Salaberry. Varios años después de la clausura de ese predio, la curtiembre pretende habilitar un horno de deshidratación.
A los inconvenientes generados por los efluentes líquidos y gaseosos de Curtarsa, se suma la siempre controvertida disposición final de los desperdicios semisólidos, conocidos vulgarmente como barros. El conflicto más reciente sobre este aspecto no siempre visualizado de la problemática, está relacionado con la intención de la empresa de habilitar un horno para el secado de esos elementos, potencialmente nocivos para la salud y el medio ambiente.

Sin embargo, las controversias sobre el depósito de esos desperdicios tienen un primer antecedente que remite a septiembre de 1980. En esa oportunidad, el entonces intendente de facto Silverio Pedro Salaberry firmó el decreto 224 mediante el cual se autorizó a Curtarsa a utilizar un predio ubicado en la ruta 192 –a escasos metros del actual basural municipal- como depósito de sus barros. En el segundo artículo de la resolución se especificaba que la autorización quedaba sujeta "al correcto funcionamiento de su planta depuradora". También se detallaba que el traslado de esos residuos se haría en vehículos "y por medios que aseguren la total ausencia de molestias a la población y derrames de aquellos".

Por otra parte, Curtarsa debía aplicar a los barros un tratamiento "que asegure su rápida cobertura de manera de garantizar la ausencia total de olores, emanaciones, contaminación de cursos de aguas, que pudieran resultar de la exposición al aire libre de los barros y residuos sólidos".

Un año después, la firma recibió otro espaldarazo, en ese caso del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Casualmente el 24 de marzo la dependencia autorizó la descarga de los efluentes sólidos.

A partir de ese momento, no se registraron mayores novedades sobre el estado de las cavas de la ruta 192. Los cuestionamientos surgieron varios años después de la mano del reclamo que los vecinos comenzaron a llevar a cabo a mediados de la década pasada.

El 31 de agosto de 1995, la Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional de Avellaneda presentó los análisis fisicoquímicos de residuos sólidos realizados en las cavas de Curtarsa, de acuerdo a lo establecido por la Administración General de Obras Sanitarias de la provincia de Buenos Aires. Esos estudios determinaban que los desechos de Curtarsa excedían "los límites permisibles para hidrocarburos y cromo total".

De esos años datan incontables expedientes, en su mayoría de carácter provincial, referidos a la siempre controvertida disposición de barros efectuada por la curtiembre, que aseguraba la puesta en marcha de un plan de inversión en la planta de producción y en la planta de tratamiento de efluentes. También comunicaba su intención de utilizar los barros para la fabricación de ladrillos o como fertilizantes.

El 20 de febrero de 1997, vecinos cercanos al predio que la empresa tiene en la ruta 192 elevaron una nota al intendente Miguel Prince donde solicitaban de manera urgente que el municipio dispusiera la finalización de las descargas realizadas por la empresa.

"Cada día nos toca soportar olores, moscas, molestias de todo tipo. Estar con miedo por lo que nos puede pasar. No queremos más contaminación, olores y malestar. Los barros tienen ácido y otro montón de cosas que no sabemos qué son. Hay ahí cerca una escuela primaria, que también se ve afectada por todo esto", explicaban los vecinos.

A su vez, la entonces coordinadora de Medio Ambiente del municipio, María Silvia Giordano, planteaba en un documento interno "la necesidad de rever las condiciones de la resolución 224, tanto por su ubicación como por el tratamiento, que deberán asegurar la ausencia total de olores, emanaciones y contaminación de los cursos de agua, de modo que la alteración al medio se mantenga, en todo momento, dentro de los límites permisibles para la defensa del ambiente y en pos del resguardo de la salubridad pública".

La funcionaria argumentaba su explicación al recordar que el polémico predio se ubicaba muy próximo a los barrios Santa Marta, San Jorge, San Pedro y San Fermín, que en ese momento no contaban con agua corriente. En el informe, elevado a la secretaria de Política Social, Claudia Prince, Giordano detallaba que una muestra realizada en un pozo domiciliario cercano a las cavas de Curtarsa indicaba presencia de cromo en el agua.

PROHIBICIÓN Y AMPARO

Mientras las quejas vecinales aumentaban, el gobierno de Prince dictó, el 14 de mayo de 1997, el decreto 226 mediante el cual se determinó dejar sin efecto la autorización del año 80 que otorgaba a Curtarsa la posibilidad de utilizar los terrenos cercanos a la ruta 192. El municipio dio a la empresa un plazo de 180 días para que cesara el vuelco de sus residuos y le recomendó que iniciara las gestiones para llevar la disposición final de los barros a una planta de tratamiento fuera del partido.

La respuesta de la curtiembre fue una presentación judicial para revocar dicho decreto y la elaboración de una respuesta donde informaba que "la búsqueda de alternativas para disposición fuera del partido queda fuera de alcance", ya que los costos de tratamiento por terceros "resultan sumamente onerosos frente a los actuales". Cumplido el primer plazo, el Departamento Ejecutivo determinó, el 26 de noviembre, prorrogar el término por 60 días más.

Desde un primer momento, la firma de capitales italianos antepuso la cuestión económica para justificar su negativa a trasladar sus efluentes sólidos fuera de Luján. En paralelo, en varios escritos presentados tanto a nivel municipal como provincial manifestó su intención de adquirir otro predio para tal fin.

En enero de 1998, Curtarsa volvió a recibir duros cuestionamientos de los vecinos. Mediante una carta presentada a las autoridades gubernamentales, los habitantes del barrio Loreto alertaban que la empresa había adquirido un predio en cercanías de ese conglomerado urbano, en la zona donde en esos momentos se intentaba obtener agua potable para la futura red que se construía en Jáuregui.

En una nota enviada al entonces presidente del Concejo Deliberante, los vecinos manifestaban su preocupación "por la reciente adquisición de un predio por parte de la empresa Curtarsa, en una zona agrícola ganadera".

"El terreno adquirido por Curtarsa consta de unas 35 hectáreas de excelentes tierras rodeadas por montes de casuarinas y álamos. En el campo lindante se halla el establecimiento "La Salle", utilizado por los religiosos para campamentos educativos de niños y adolescentes", expresaban.

Por iniciativa del interbloque de la Alianza UCR-Frepaso, y luego de algunas correcciones realizadas por el Departamento Ejecutivo, el Concejo Deliberante sancionó, el 4 de febrero de 1998, la ordenanza 3.758, que prohibía "en todo el partido de Luján el vuelco o depósito definitivo de residuos sólidos y semisólidos de origen industrial".

Para eso, el cuerpo colegiado recurrió a los artículos 5 y 123 de la Constitución Nacional, tomando como premisa que "todos los habitantes tienen derecho a gozar de un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras".

Curtarsa antepuso un recurso judicial de "no innovar". A partir de ese momento, la problemática de las cavas de la ruta 192 quedó supeditada al ámbito judicial.

En agosto de 2000, el amparo presentado por la curtiembre continuaba vigente. En esa oportunidad, uno de los testigos presentados por el municipio con el propósito de dejar sin efecto el reclamo de la empresa, fue el biólogo y docente de la Universidad Nacional de Luján, Fernando Momo. En declaraciones a EL CIVISMO, el profesional marcaba que en el lugar donde se depositaban los barros se conjugaban hidrocarburos derivados de fenoles, producción de sulfhídrico y la posibilidad de que el cromo pase al estado VI y se torne soluble. Para Momo, "en las condiciones en las que se encuentran las cavas (al aire libre) es casi seguro que eso ocurra".

"Las mismas bacterias que producen el sulfhídrico son las que de los sulfatos de cromo producen cromo VI. Entonces ese cromo que estaba insoluble, se transforma en soluble en agua y puede ser arrastrado a las napas, al suelo, o al agua superficial", agregaba.

AL HORNO

Cuando finalmente Curtarsa vio impedida la posibilidad de continuar con las descargas en el predio de la ruta 192, pasó a depositar sus barros en la CEAMSE.

El año pasado, sin embargo, la firma volvió a la carga. Una inspección municipal determinó que la empresa había abierto una nueva cava en los terrenos lindantes al basural municipal. Desde el gobierno se recurrió a la prohibición dispuesta años atrás para evitar que la empresa reabriera ese lugar para descarga de desperdicios.

Meses después, apareció en escena el polémico horno para el secado de barros. La idea es deshidratar los desechos para quitarle peso y así disminuir la cantidad de toneladas que se envían a la CEAMSE. Ese procedimiento técnico implicaría un nuevo foco de contaminación, en este caso gaseosa.

Después de la clausura efectuada a principios de año, el cuestionado artefacto aún no cuenta con la aprobación correspondiente. Para los vecinos es un interrogante el futuro del horno, como así también el actual estado de las cavas, que si bien no son utilizadas desde hace años, nunca fueron saneadas.

Investigación periodística: Nicolás Grande – Horacio Papaleo

Curtarsa y sus prioridades

En un documento elaborado por la empresa en marzo de 1998, Curtarsa marcaba la "inviabilidad económica" de enviar sus barros a la CEAMSE. En una serie de puntos explicaba "el mayor costo resultante de tal remisión y su incidencia final en el producto":

-El costo de los barros a la CEAMSE, conforme evaluación expuesta en la reunión, asciende a 40 pesos la tonelada.

-El procedimiento requerirá otros cuatro camiones además de los actuales, con una inversión aproximada a los 500.000 pesos.

-Remitir los barros a la CEAMSE al régimen actual de 40 toneladas diarias, implicaría una erogación adicional de 60.000 pesos mensuales.

-La misma remisión, cuando la planta productiva se encuentre a pleno (estimadamente entre 80 y 100 toneladas diarias) exigirá un costo adicional de aproximadamente 120.000 pesos

-El mayor costo resultante del procedimiento indicado Curtarsa no puede trasladarlo al precio de su producto, por cuanto dicho traslado implica, lisa y llanamente, perder toda chance de competencia en el mercado al que actualmente accede.

Altas concentraciones

Con fecha 6 de diciembre de 2000, el coordinador de Medio Ambiente, Aníbal Sánchez Caro; y el director de Bromatología, Walter Cuevas, elevaron un informe con los resultados de los análisis realizados sobre los efluentes líquidos de Curtarsa.

Además, se agregaban los protocolos de los análisis del agua proveniente de los pozos de monitoreo de agua subterránea, "ubicados dentro del predio en donde la empresa realiza la disposición final de los barros o residuos semisólidos, producto del tratamiento de efluentes". Sobre ese punto, en el texto se detallaba que "la concentración de cloruros y dureza de las muestras aparece mucho más alta que las normales, lo que hace presuponer algún inconveniente en el aislamiento de la membrana colocada en las cavas, iniciando un proceso de contaminación del acuífero, siendo los cloruros un elemento de alta concentración en dichos barros, y de rápida migración a través del suelo. En estudios realizados en conjunto entre el municipio y la Universidad Nacional de Luján no se han detectado valores similares en la zona".

La historia del nylon

En la primera sesión extraordinaria realizada en 2006, la vecina Regina Palomar se refirió al estado de las cavas: "Las de Jáuregui fueron tapadas, no saneadas. Tenemos también en Luján, sobre la ruta 192, 17 hectáreas con cavas que llegan hasta las napas donde se empezaron a tirar desechos de la curtiembre sin previa impermeabilización. Recién después se les puso un nylon, pero para economizar no fue de los micrones que tenía que ser. Como las napas levantaban el nylon, la empresa –con la irresponsabilidad que la caracteriza- mandó a una persona a cortar los nylons para drenar y mandar todo a las napas".

Palomar también recordó que "los análisis de los cuatro pozos de monitoreo de los alrededores de las cavas determinaron que las napas están contaminadas".

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