En la Resolución 6555 -fechada el 17 de noviembre pasado y firmada por el administrador del IPV Marcelo Aguilera- el Instituto reconoce que existen 261 inscriptos en el plan, aunque la cantidad de viviendas a terminar es de sólo 105, aunque le endilga la responsabilidad al “accionar de la entidad promotora”.

Ante esta situación, y en la necesidad de “consolidar el listado de aspirantes” el organismo decidió dar prioridad a quienes ingresaron en primer término, conforme el principio legal de “primero en el tiempo, primero en el derecho”. Así se confeccionó un listado ordenado de acuerdo a la fecha de firma del convenio con la cooperativa. En los casos de aquellos que ingresaron por medio de cesiones, renuncias, boletos de compra venta o transmisiones voluntarias de derechos, se tuvo en cuenta la fecha de dicha transmisión, y no la del convenio original.

De esta forma, el Instituto definió por fin quienes serán los preadjudicatarios del barrio Morgante, aunque aún no está clara cuál será la suerte de las 156 familias que pese a reunir los requisitos no podrán acceder a una casa en el complejo habitacional.

De todos modos, el listado aún no es definitivo. Una vez publicado en el Boletín Oficial y en los medios correspondientes, habrá un plazo de 20 días para que quienes fueron “observados” por no cumplir alguno de los requisitos, puedan presentar su descargo. Durante ese plazo, además, cualquier interesado podrá plantear oposiciones fundadas al listado.

El Instituto dejó claro en la Resolución que los adjudicatarios de las viviendas deberán cumplir los requisitos exigidos por la ley: constituir grupo familiar, poseer DNI argentino, carecer de vivienda propia, tener capacidad de pago y no haber sido adjudicatarios de viviendas financiadas por el Estado.