Barrio Morgante: fallo desfavorable en primera instancia

Los preadjudicatarios del barrio intendente Alfredo Morgante recibieron la semana pasada una noticia desalentadora:
la jueza Laura Marta Larumbe denegó el recurso de amparo que un grupo de beneficiaros del plan habían presentado a mediados del año pasado, buscando una solución a la demora en la construcción del barrio, que lleva ya más de ocho años.

Lamentablemente, la jueza no tuvo en cuenta las audiencias de conciliación que se habían realizado, la última de ellas en diciembre del 2008, durante la cual la Cooperativa y el Instituto de la Vivienda habían asumido compromisos que no cumplieron. Conforme a lo acordado en dicha audiencia, a fines del mes de mayo de este año debieron entregarse 21 viviendas, y otro tanto en el mes de junio, algo que obviamente no se cumplió.

El fallo de la jueza, no obstante, no tuvo en cuenta dicho compromiso ni el reconocimiento de la vía legal de que hecho ya había asumido el juez anterior, Alberto Edmundo Rezzonico (al que la jueza Larumbe reemplazó en medio de la causa) al llamar a las mencionadas audiencias de conciliación. Sin siquiera mencionar dichas audiencias, la jueza aseguró que el amparo no es la vía correspondiente, y que existen otros caminos administrativos para reclamar, aunque no especificó cuáles.

Para colmo, el fallo obliga a los preadjudicatarios (verdaderas víctimas de esta situación) a pagar los honorarios de los abogados de la Cooperativa y del Instituto, algo que consideramos una burla.

La decisión de los amparistas es apelar esta semana el fallo ante la Cámara competente, y continuar el reclamo por todas las vías correspondientes.

Nuevo reclamo

El domingo pasado, en tanto, se llevó a cabo una nueva reunión en las puertas del barrio. Los preadjudicatarios que recurrimos a la medida de amparo decidimos concurrir –acompañados de la Dra. Zulma Luna- para explicar al resto de los beneficiarios del plan sobre la situación, y acercar el listado de preadjudicatarios que el Instituto de la Vivienda presentó en forma oficial en el marco del expediente judicial.

Dicho listado está fechado en el año 2005 y no contempla a muchos preadjudicatarios que se han sumado desde entonces, y en cambio figuran muchos que supuestamente se han dado de baja. A raíz de esta situación, quedó en evidencia la urgente necesidad de exigir a la Cooperativa la entrega de su propio listado, única forma de poder saber con exactitud quiénes están reconocidos por la entidad.

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