Bariloche analiza declararse en Emergencia Económica.

Está en manos del intendente Marcelo Cascón una propuesta de declaración de Emergencia Económica, administrativa y financiera de la Municipalidad. El proyecto establece una situación de excepcionalidad por seis meses. Prevé revisión de contratos, retiros voluntarios, jubilaciones anticipadas, venta de bienes, tercerización de servicio y el pago de deudas con bonos.
A pocos días de asumir en su cargo como secretario de Economía, Federico Lutz, anunció a los integrantes del Concejo Municipal que presentaría un proyecto de ordenanza para la declaración de Emergencia Económica. Pero, entre otros motivos, la necesidad de no limitar normativamente la posibilidad de circulación de recursos entre cuentas del municipio -práctica habitual para lograr equilibrar la cuenta de Rentas Generales y acceder mensualmente a un descubierto bancario-, generó una revisión de aquella promesa de inicio de gestión.

Luego, Lutz implementó la moratoria -que aún está en curso- aún ante el rechazo parcial de los concejales.

Ahora, desde la Asesoría Letrada del municipio, Daniel Balduini reflotó la iniciativa de la Emergencia, que está en etapa de discusión y modificaciones.

El intendente y los Secretarios del Ejecutivo ya analizan un modelo de declaración de Emergencia Económica, Administrativa y Financiera.

Según pudo conocer ANB, el texto que están trabajando plantea, hasta el momento, la declaración de emergencia por seis meses, creando una comisión de seguimiento integrada por referentes del Ejecutivo, Deliberante, Tribunal de Contralor y gremio de trabajadores municipales.

Con una fuerte estrategia de reducción del gasto, se iniciaría un proceso de reestructuración del personal municipal, eliminando las horas extras y adicionales no remunerativos, además de promover la adopción del sistema de retiro voluntario y jubilación anticipada.

También se someterían a análisis los contratos de personal que no pertenece a la planta permanente (que en caso de bajarse no implicaría pago de indemnización) y se determinaría el congelamiento de vacantes para el ingreso a la administración municipal. Esto, acompañado del análisis para una posible modificación, del Estatuto y el Escalafón del empleado municipal, a través de una comisión destinada a tal fin.

Por otro lado, se revisarían todas las deudas del municipio, pudiendo acordar formas de pago a los acreedores -en su mayoría proveedores-, que incluyan bonos o pagarés.

La política recaudatoria se impondría una meta mínima de crecimiento del 15 por ciento. Para ello, se estudia terminar con las moratorias y ofrecer importantes beneficios a los contribuyentes cumplidores, como así también establecer convenios con organismos para detectar a los que pudiendo, no cumplen con sus obligaciones tributarias.

Este punto, marca una seria diferencia de criterios internos en el gabinete municipal. Es que un sector del entorno de Cascón no acompaña el sostenimiento del régimen de facilidad de cancelación de deudas, que impulsó el secretario de Economía y Gobierno, Federico Lutz.

Además, la propuesta de declaración de Emergencia Económica que se encuentra en análisis, propone vender, con autorización del Concejo Deliberante, los bienes muebles o inmuebles que generen gastos y no se justifique su permanencia dentro del patrimonio, como así también la posible tercerización de servicios "que no afecten la continuidad laboral de trabajadores".

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