Un banquillo para los encubridores del atentado

El juez federal Ariel Lijo les adjudica haber interrumpido la investigación de la pista sobre Alberto Jacinto Kanoore Edul, uno de los sospechosos del ataque terrorista. Por Irina Hauser

Carlos Menem, su hermano Munir, el ex jefe de la SIDE Hugo Anzorreguy, el ex juez federal Juan José Galeano y el ex comisario Jorge “El Fino” Palacios fueron, según el juez federal Ariel Lijo, los grandes responsables de que no se conozca la verdad sobre el atentado a la AMIA. Por eso los citó a todos a indagatoria en una resolución que les adjudica un papel determinante en la “interrupción de la investigación” de la pista sobre Alberto Jacinto Kanoore Edul, uno de los principales sospechosos del ataque terrorista. El magistrado basó su decisión en un pedido del fiscal Alberto Nisman, quien les atribuyó una larga lista de delitos que van desde destrucción de pruebas y documentos, incumplimiento de los deberes de funcionario público, falsificaciones y omisión de deberes. Por la suma de imputaciones podrían recibir hasta 21 años de prisión.

Kanoore Edul es un empresario de origen sirio que estuvo en la mira desde los primeros pasos de la pesquisa. Tenía una relación de años con los Menem, aunque el vínculo con el ex presidente había sido cultivado por su padre, Alberto Edul (ver aparte). Uno de los primeros datos que unió a Kanoore Edul con el ataque fue un llamado que ocho días antes le hizo a Carlos Telleldín. Ese mismo domingo, 10 de julio de 1994, Telleldín entregó la Trafic cuyo motor apareció entre los escombros de la AMIA. En la agenda de Kanoore Edul, además, había una lista de once talleres mecánicos, llamativo en alguien dedicado al rubro textil. También figuraban el teléfono y la dirección de Mohsen Rabbani, el ex agregado cultural de la Embajada de Irán sobre quien una semana después del atentado ya recaían sospechas de participación. Ahora tiene pedido de captura. Otra coincidencia es que minutos antes del estallido la empresa Santa Rita, también de empresarios de origen sirio, dejó un volquete en la puerta de la mutual judía y luego otro en la cuadra –Constitución al 2600–, donde tenían domicilio los Kanoore Edul.

Según la resolución del juez Lijo, “el abandono” de esta línea en el expediente y “las conductas ilícitas” que se sucedieron tuvieron un punto de partida concreto. Fue una vista que Kanoore Edul padre hizo a la Casa Rosada el 1º de agosto de 1994, después de la cual Munir Menem, que era director de Audiencias, habló en nombre de su hermano Carlos “con el juez Juan José Galeano, quien luego de dicha comunicación detuvo esa línea de investigación, con el fin de evitar que Alberto Kanoore Edul y personas de su entorno, entre las que se encuentra Mohsen Rabbani, sindicadas como posibles responsables del atentado, no fueran sometidos a proceso penal”, precisa el documento. La misma instrucción, añade, estuvo incluso dirigida a “las fuerzas de seguridad e inteligencia” que intervenían.

Aquel día en que Edul padre apareció en la Casa de Gobierno iban a concretarse allanamientos en tres domicilios de su familia y la detención de su hijo. Al ex juez Galeano se le imputa haber dispuesto con “motivos falsos” la interrupción de los procedimientos que él mismo había ordenado. Uno de los allanamientos ni siquiera se hizo y los otros dos se realizaron al atardecer, pese a que los policías de “El Fino” Palacios merodeaban la cuadra desde bien temprano. El propio comisario, según ya reveló el fiscal Nisman, llamó desde un teléfono a su nombre a dos números de los Edul a las 11.29 y 11.37 de la mañana.

Lijo dice que Palacios prestó “una colaboración necesaria en el ocultamiento de la información que podría incriminar a Alberto Jacinto Kanoore Edul y a su entorno” y omitió aportar “a la investigación” los números de teléfono que él mismo había discado “de manera de imposibilitar su observación por parte de las autoridades judiciales”. Los elementos que se llegaron a secuestrar no fueron analizados por el juzgado de Galeano hasta dos años después, entre ellos la agenda que tenía los datos de Rabbani y la lista de talleres. La agenda recién comenzó a ser investigada en el año 2000. A esa altura nueve de los talleres ya habían desaparecido. Por el allanamiento que no fue y su presunto aporte al encubrimiento será indagado también el comisario inspector Carlos Antonio Castañeda, que estaba a cargo del Departamento de Protección al Orden Constitucional.

El teléfono celular de Alberto Kanoore Edul y los números fijos del grupo familiar fueron intervenidos por orden de Galeano, y a pedido de la SIDE, a partir del 26 de agosto de julio del ’94. Sin embargo, el 2 de agosto, la central de inteligencia cortó las escuchas “sin orden escrita del magistrado” quien, según el juez Lijo, de todos modos “consintió” esa baja con una orden posterior. Por esas “conductas tendientes a ocultar la información” serán interrogados como sospechosos Anzorreguy, ex Señor Cinco, y su subsecretario Juan Carlos Anchezar. A ambos, además, están complicados por haber “consignado falsamente”, en notas entregadas al juzgado, “que las escuchas realizadas” a los Edul “carecían de valor informativo”.

Aquellas grabaciones, al igual que los legajos con las transcripciones desaparecieron, algo que se les imputa a Galeano y a Palacios. Cuando el ex presidente Néstor Kirchner ordenó que se levante el secreto sobre todo el material ligado a la causa AMIA, el fiscal Nisman accedió a los diálogos. Entre ellas, por ejemplo, hay una llamada de Mabel, hermana de Kanoore Edul, en la que le cuenta a la esposa que Edul padre está en la Casa Rosada. En otra comunicación, Alberto Edul habla con el área de Audiencias de Presidencia de la Nación, aporta más datos sobre la situación de su hijo y pide que les sean transmitidas a Munir Menem y a “Beatriz” (por Amira Beatriz Yoma). Lijo señala que esa comunicación fue “concomitante o posterior a los allanamientos”.

Carlos Menem y su hermano Munir deberán presentarse el 9 de diciembre. Anzorreguy y Anchezar tienen cita el 10. Galeano deberá ir a tribunales el 11 y los policías Palacios y Castañeda, un día después. Si bien los delitos que le imputó la fiscalía en conjunto podrían implicar penas muy severas, el juez no les dictó prisión preventiva porque tuvo en cuenta las penas mínimas, que son inferiores a tres años de prisión, o sea, excarcelables.

Todavía queda el enigma sobre el horizonte que les depara a los Edul quienes, según allegados a la causa, sigue viviendo en Buenos Aires. Cuando Kanoore Edul hijo declaró, años atrás, dijo que quería la camioneta para reemplazar una que le habían robado. Tuvo un robo, pero fue varias semanas después. La llamada a Telleldín, aseguró, la había hecho su chofer, pero éste sostuvo que era domingo, un día que nunca trabajó. La mayor parte de la prueba, en rigor, ya no está. La fiscalía apuesta a nuevos indicios bajo análisis. Pasaron catorce años del atentado y aún no se pudo probar cómo se materializó.

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