Una banda armada para pinchar teléfonos

El juez Norberto Oyarbide identificó al ex jefe de la Metropolitana y al espía como pilares de una organización que ejecutó las escuchas ilegales y les mantuvo la prisión preventiva. También procesó a otros cinco policías y cuatro secretarios judiciales de Misiones.
El juez federal Norberto Oyarbide concluyó que las escuchas ilegales en las que intervinieron el ex jefe de la Policía Metropolitana Jorge "Fino" Palacios y el ex policía Ciro James fueron resultado de una aceitada organización de la que ambos fueron pilares y que contó con la participación de otros cinco policías y cuatro secretarios judiciales de Misiones. En una nueva resolución que firmó ayer, el magistrado procesó a todos por el delito de asociación ilícita, algo que los deja en una situación judicial muy comprometida.

A Palacios, que hasta ahora sólo estaba procesado por la pinchadura a Sergio Burstein, de Familiares de las Víctimas del atentado a la AMIA, también lo vinculó en forma directa con el espionaje al empresario televisivo Carlos Avila y al gerente de Supermercados Coto Rodrigo Blas Velazco. El Fino, según el fallo, supervisó parte de esas grabaciones mientras dirigía la policía porteña.

Hasta ahora las imputaciones que había formulado Oyarbide eran intercepción indebida de comunicaciones, falsificación de documentos y abuso de autoridad. La asociación ilícita es una figura mucho más grave, que prevé de 3 a 10 años de prisión, y que tiene chances de terminar en una pena de cumplimiento efectivo en un juicio oral. El juez está convencido, según muestra en su resolución de 384 carillas, a la que accedió Página/12, de que cada uno de los 11 imputados tuvo una función específica y "necesaria" en la cadena que permitió pinchar teléfonos en forma ilegítima y eran perfectamente conscientes de los fines de la organización. Palacios y James fueron nuevamente procesados con prisión preventiva con el argumento de que podrían entorpecer la investigación. La Cámara Federal decidiría el martes si los libera. A los otros policías implicados el magistrado les prohibió la salida del país y a algunos de los secretarios les impuso la obligación de presentarse periódicamente en el juzgado. A todos les trabó embargos por 250 mil pesos.

La causa judicial a cargo de Oyarbide se inició con una denuncia de Burstein, después de que su hija recibiera un llamado anónimo en el que le dijeron: "El teléfono de tu viejo que termina en 3107 lo tiene pinchado el Fino Palacios". Puestos a chequear la veracidad de la advertencia, los investigadores se llevaron una sorpresa ya que la línea, efectivamente, había sido intervenida. Pero no se había usado ni un micrófono ni una valija de escuchas: las grabaciones se habían hecho en la SIDE, por pedido de dos jueces de Misiones, Horacio Gallardo y José Luis Rey, que para Oyarbide se encuentran en situación de "rebeldía" ya que no se presentaron a la indagatoria y el jury de su provincia los protege. Por la utilización de la estructura de la central de inteligencia, el magistrado sostiene que hubo una defraudación al Estado. El monto está en vías de ser determinado.

El modus operandi

La resolución firmada ayer repasa cómo era la maniobra, empezando por James, que era quien proporcionaba a Diego Guarda, un policía amigo en Misiones, los números de teléfono que pretendía intervenir. Guarda elaboraba notas donde involucraba a las personas a las que se quería espiar en alguna investigación judicial en trámite por homicidio o robo. Así, por ejemplo, Burstein aparece vinculado con un prófugo en la causa por el homicidio de un contador. Esas pistas falsas, a su vez, eran firmadas por los jefes policiales Raúl Rojas, Alberto Quintana, Augusto Fernández y David Amaral y llegaban a los despachos de los juzgados 1 y 2 de Posadas, donde lo/as secretarias/os –Mónica González, Lidia Kruchowski, Augusto Busse y Fernando Castelli– "lograban que los pedidos de intervención se convirtieran en órdenes dirigidas" a la SIDE. Los jueces disponían las escuchas. Por cada una se abría un nuevo expediente y nunca se notificaba al fiscal.

James, explica el fallo, cumplía una función de nexo entre todos los integrantes de la organización. Tenía "estrechos vínculos con los funcionarios del Poder Judicial de Misiones", dice, sobre todo con las secretarias de los juzgados, con quienes incluso hablaba durante los fines de semana. El propio James retiraba las escuchas en la Dirección de Observaciones Judiciales de la SIDE en Capital Federal aproximadamente cada 72 horas y a pesar de que esa dependencia tiene una oficina propia en Posadas. Las grabaciones, sin ir más lejos, nunca aparecieron en los juzgados misioneros. Las visitas de James a la SIDE son un punto clave en el papel de Palacios en esta historia, ya que un análisis de los 192 llamados telefónicos que intercambió desde mayo último con James revela una constante: hablaban minutos antes y minutos después de que James retirara grabaciones de la central de inteligencia.

El ex jefe de la Metropolitana ya había sido procesado por la escucha a Burstein, en la que se estableció que tenía un interés personal: Burstein reclamaba su desplazamiento de la policía porteña y el teléfono que le pincharon era el que usaba para hablar cuestiones de la causa AMIA, justo entre agosto y septiembre, cuando era inminente el procesamiento del Fino por encubrimiento del atentado.

En la nueva resolución, Oyarbide afirma que también hay suficientes elementos para pensar que el comisario retirado participó en las escuchas a Avila y Velázquez: entre mayo y septiembre de este año, cuando James retira las escuchas de las conversaciones de ambos hombres de negocios, justo antes y después del trámite se comunica con el Fino. Este esquema, destaca el juez, se repite una decena de veces. En el caso de Burstein incluso hay comunicaciones de prueba que hace James entre llamado y llamado con Palacios, como para comprobar si la línea que quiere pinchar está activa. Y algo similar ocurre con los teléfonos de la AMIA, donde James llama seis veces seguidas, previo y posterior llamado con el Fino. "El rol de Jorge Palacios dentro de esta estructura criminal guarda estrecha vinculación con la obtención de los números telefónicos a intervenir y el control posterior del producto de aquellas intervenciones ilegítimas", afirma el texto del procesamiento.

Oyarbide cita un listado de por lo menos ocho víctimas del espionaje detectadas: a Burstein, Avila y Velázquez se suman Daniel Leonardo (cuñado de Mauricio Macri), Jorge Navarro (hermano de Juan Navarro del Exxel Group), el abogado Francisco Castex (del prestigioso estudio Iribarren), el gerente de TyC Sports Federico Infante y Susana Porres (esposa del anticuario Hugo Breitman). Todo indicaría que se movía un gran negocio alrededor de las escuchas, ya que parecen motivadas por razones variadas: cuestiones personales, familiares o incluso comerciales (como conocer datos de un competidor). En esta misma causa, en las computadoras de oficinas que Palacios compartía con su ex segundo en la Metropolitana, Osvaldo Chamarro, aparecieron informes crediticios de legisladores porteños de la oposición, gremialistas y hasta del jefe de Gabinete porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

Oyarbide asevera que hubo una asociación ilícita, que operó al menos desde septiembre de 2007, porque "la maniobra desplegada no podía haberse llevado a cabo sin un acuerdo de voluntades que garantizaran silenciar todos los controles que podrían activarse en el largo proceso entre la introducción falsa de los números telefónicos y la obtención" de las escuchas. Se registraron, dice, por lo menos 34 operaciones ilegales.

En cuanto a Palacios, el juez sostiene que miente al decir que todas las llamadas que intercambió con James eran porque tramitaba su ingreso a la Metropolitana ya que "han continuado con posterioridad a que Palacios renunciara a la fuerza de seguridad porteña", a lo que se suma que hablaban en horarios (muy temprano a la mañana o tarde a la noche) extraños para quienes tienen una relación de jefe y subordinado. Palacios, dice Oyarbide, tenía "conocimiento y voluntad de participar" en la organización dedicada al espionaje. Además, aun sin haber sido designado, James habló por lo menos 412 veces por celular utilizando las antenas más próximas al Ministerio de Seguridad, donde funciona la Metropolitana, lo que hace suponer que estaba allí. Esa presencia es una de las puntas que se analizan en la pata política de la investigación, que será profundizada en los últimos meses. Por lo pronto, se sabe que James –mientras trabajaba en la Policía Federal como auxiliar de inteligencia– fue contratado como asesor legal del Ministerio de Educación porteño, en funciones de supuesto asesor legal de las cuales no hay registro escrito alguno. Nunca firmó un dictamen. La situación procesal de Mariano Narodowski, ex titular de la cartera, sería resuelta después de las vacaciones. Oyarbide lo indagó porque cree que esa contratación de James fue una pantalla de sus actividades ilícitas. Además, su incorporación coincide temporalmente con la escucha al cuñado de Macri, que justamente es lo más difícil de explicar para el jefe de gobierno porteño. Leonardo, de hecho, acusa a Mauricio y a su suegro, Franco Macri. Otro cabo todavía suelto es el que apunta a dilucidar si la administración PRO estaba armando o no una estructura de espionaje fuera de la ley.

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