Luego de largos años de frustraciones durante el menemismo, por los indultos y el intento de cooptación que significaron las indemnizaciones a los familiares de las víctimas del terrorismo de Estado, los organismos de derechos humanos se sintieron atraídos por la idea de confluir en un proyecto común con el gobierno. Atrás habían quedado los brindis y abrazos con el expresidente que en "la década ganada" sería demonizado.

Pero no sólo Néstor y Cristina Kirchner estuvieron cerca de Carlos Menem en sus años de esplendor; también referentes de los organismos como Estela de Carlotto quien, en 1992, apoyó la creación de la CONADI –Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad- entusiasmada con la designación de su hija menor, Claudia, al frente de la institución. Hace 21 años que preside el organismo dependiente de la secretaría de derechos humanos de la Nación. A partir del 2003, recorre el país junto a Abuelas de Plaza de Mayo y sus equipos técnicos, para ordenar las pericias del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) sin necesidad de órdenes judiciales.

A un histórico referente del Equipo Antropológico Forense describe a la familia Carlotto como "una pequeña pyme". Además de Claudia, Guido, otro de sus hijos, en mayo del 2012 fue designado por el gobernador, Daniel Scioli, como secretario de derechos humanos de la provincia de Buenos Aires, cargo que, años atrás, ocupó su hermano Remo, actual diputado nacional. Guido pasó por el senador de su provincia, fue concejal de La Plata, secretario de Acción Social del municipio y fue candidato a intendente de esa ciudad con el visto bueno de la Presidenta pues, como él mismo declaró en su momento: "Néstor me pidió que lleve el modelo a La Plata". Durante esa campaña, otra reconocida vecina de la zona dijo "desconocer a ese candidato". Su nombre era Hebe de Bonafini, enfrentada históricamente con Estela pero unidas, milagrosamente, por el proyecto "nacional y popular" kirchnerista.

La organización de Carlotto como la de Bonafini recibieron el 65% de los subsidios otorgados a organismos de derechos humanos por la Secretaría General de Presidencia, directamente, durante el año 2011. La cifra se mantuvo al año siguiente, a pesar del escándalo en la construcción de viviendas en Sueños Compartidos. El 11 de enero del 2013, Oscar Parrilli y la Presidenta incluyeron en el boletín oficial, los fondos destinados al Proyecto 16 para la consolidación de la democracia por el cual Abuelas recibió $ 7.273.750. La Línea Fundadora de Madres de Plaza de Mayo en la que participa Nora Cortiñas recibió el 4% de la organización de Carlotto: 289 mil pesos.

El 18 de noviembre del 2009, el Senado aprobó la ley que autorizaba a la Justicia a ordenar la toma compulsiva de muestras biológicas para determinar la identidad de presuntos hijos de desaparecidos durante la última dictadura militar. El debate entre el derecho a la verdad y el de la intimidad se realizaba a las apuradas dentro del contexto de una feroz pelea entre el gobierno nacional y el Grupo Clarín. Mientras que a los hijos de Ernestina Herrera de Noble se los convertía en una cuestión de Estado, muchos otros hijos, todavía sin identidad, eran olvidados por el sistema y por el banco de datos monopólico.

Gisela Di Vincenzo: "La identidad no se negocia". La directora de la Asociación Búsquedas ha denunciado, desde hace años, la discriminación que sufrió en organismos públicos y en Abuelas de Plaza de Mayo cuando se acercó buscando ayuda. Cuando cumplió 30 años, en febrero del 2009, tras una pelea familiar, su padre le dijo que ella no era su hija biológica. Su mundo se derrumbó y las certezas se diluyeron. Casos de apropiaciones ilegales, falsas identidades, robos de bebés se repiten en todo el país, antes del 24 de marzo de 1976 y también luego del regreso de la democracia. Es más, la fundación Adoptar asegura que el pueblo de Añatuya, en Santiago del Estero, es la tercer cuna mundial de bebés y los apropiadores actúan con la complicidad política y eclesiástica de la provincia.

El caso de Gisela es emblemático. En 1973, la partera Sofía Muller y una enfermera la vendieron en un hospital del barrio de Santa Rita, Capital Federal, por tres mil pesos de aquella época. Muller habría vendido más de 30 chicos. Una amiga de su madre adoptiva denunció a Gisela como supuesta hija de desaparecidos, tal como consta en los Tribunales de Comodoro Py pero la denuncia no fue judicializada por Abuelas de Plaza de Mayo por motivos aún no declarados. Por esa razón, Gisela se pregunta si se trata "de una ciudadana de segunda". Dice que "no me escucharon porque no daba mi target como los desaparecidos" pero -se pregunta: "¿qué pasa si mi madre biológica, en 1974, militaba activamente en Montoneros o el ERP y me llevaron a los dos años de edad? Hasta podría ser hija de alguna de las Abuelas de Plaza de Mayo, como se lo dije a su protesorera".

Cuando Gisela se acercó a CONADI, según su versión, la respuesta que le dieron fue que "la estructura no está diseñada para casos" como el suyo. A una compañera de “Búsquedas”, María Rosa Oviedo, le preguntaron si militaba activamente en política. Las contrapruebas de los estudios genéticos son costosas y, fuera de la estructura estatal, es muy difícil realizarlas. “Me vendieron y encima el Estado me discrimina” sentencia Gisela De Vincenzo. Por esa razón, más allá del caso de los hijos de Ernestina Herrera de Noble, hay personas que sienten que el banco de datos genético no pertenece a todos y a todas.