Durante la dictadura más sangrienta que tuvo el país, se impulsó un regímen de seguros de cambio para la compra de dólares que benefició a grandes corporaciones económicas, cuyos pasivos fueron absorbidos por el Estado. Tres décadas después, el kirchnerismo, que tanto apela en su relato a la defensa de los derechos humanos, toma recetas de esos años de plomo para hacer oscuros negociados.

Ayer, por una de estas medidas, el titular del Banco Central (BCRA), Alejandro Vanoli, fue imputado por “presunta defraudación de la administración pública”, a raíz de las millonarias ventas de dólar futuro que realizó la autoridad monetaria, comprometiendo sus arcas y al futuro presidente. La imputación se extiende a todo el directorio del Central y fue realizada por el fiscal Eduardo Taiano, en el marco de la causa que sigue el juez Claudio Bonadio, el mismo al que el gobierno apartó por investigar el supuesto lavado de dinero en los negocios hoteleros de la presidenta Cristina Kirchner.

La denuncia contra Vanoli fue elaborada semanas atrás por el referente económico de Cambiemos, Alfonso Prat-Gay, y la firmaron los diputados Federico Pinedo (PRO) y Mario Negri (UCR). ¿Por qué se lo acusa? Por autorizar contratos por miles de millones de dólares a precio vil, porque vendió divisas norteamericanas, a entregar el 31 de marzo de 2016, a $10,50 o $10,60 pesos, mientras que en el mercado de Nueva York se vendía a cerca de $15. Es decir, como durante la dictadura, se beneficia a los grandes corporaciones, bancos extranjeros y empresas multinacionales que le compran el billete verde al Central e inmediatamente lo venden en Nueva York, logrando una ganancia del 42%.

Una hipoteca al futuro

Por las operaciones -que con fondos del sector público comprometen el futuro del próximo presidente y de todos los argentinos-, el BCRA lleva vendidos contratos por cerca de 12.000 millones de dólares (casi la mitad de las reservas) comprados por quienes apuestan a una inminente devaluación e imaginan que, en marzo de 2016, la moneda norteamericana se va a ubicar por encima de los $10,60. De esa diferencia tendrá que hacerse cargo la entidad que preside el denunciado Vanoli y, por ello, algunos ya estiman que la deuda que afrontarán las próximas autoridades ascenderá, como mínimo, a los $30.000 millones. Para Prat Gay, la pérdida podría ser de hasta $60.000 millones y otros economistas hablan de hasta $80.000 millones (ver aparte). Así, el BCRA se verá obligado a emitir más pesos, impactando, por ejemplo, sobre la alta tasa de inflación, acelerando la devaluación y la presión sobre el dólar.

“Nuestra denuncia partió de una grave preocupación, porque advertimos que la venta de dólar futuro era altamente perjudicial para el Central y condicionaba al próximo gobierno. Estamos tranquilos y nadie puede pensar que esto es una maniobra electoral”, explicó a Hoy Negri, en referencia a la respuesta ensayada por Vanoli.

Para el diputado radical, la operatoria “implica un seguro de cambio que hará drenar aún más las reservas y, a su vez, implicará una mayor emisión monetaria cuando se liquiden los pagos. Por todo esto, creo que sobran elementos para pedir la revocatoria de Vanoli en su cargo”. En línea con lo solicitado por el fiscal de la causa, Negri consideró importante indagar “quiénes fueron los beneficiados con estas maniobras y que la Justicia resuelva si hubo delito o no”.

“El Estado podría perder $80 mil millones”

Por Raúl Cuello (Doctor en Economía. Exdirector de la  DGI)

Especial para Hoy

El Banco Central está en manos inexpertas, y Alejandro Vanoli no tiene facultades para tomar las decisiones que tomó, porque la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA) no lo autoriza, por lo que estas operaciones a futuro son pasibles de ser nulas.

Es obvio que, en una situación política como la actual, con un tipo de cambio atrasado que todo el mundo reconoce, vender dólar futuro significa imponerle al Banco Central un quebranto manifiesto. ¿De dónde va a sacar esas divisas el BCRA?

Esto es muy delicado, muy negativo para la entidad monetaria. En mis cálculos, el Central lleva vendidos US$ 16.500 millones, por lo que las pérdidas, el año que viene, podrían ser de $80.000 millones.

Por otro lado, la Justicia tendrá que avanzar en la imputación de quienes hayan comprado dólares, los “vivos” que apostaron a una devaluación. Porque si acá algo queda claro, es que las operaciones no beneficiaron a los pobres. Por eso es importante que el juez haya pedido el listado de compradores.