Baltasar Garzón pasó por Santa Fe con elogios al gobierno nacional

Baltasar Garzón pasó por Santa Fe con elogios al gobierno nacional

Fue al resaltar políticas de derechos humanos y de igualdad de género. También cuestionó aspectos del fallo de Griesa. Reconocimientos de Santo Tomé, el Concejo local y la Cámara de Diputados.

Con un lenguaje muy cercano a las posturas del gobierno nacional, el ex juez español Baltasar Garzón cumplió una agitada agenda en las 20 horas que estuvo en Santa Fe cuya actividad central fue una charla en la sala Luz y Fuerza invitado por el diputado Leandro Busatto y el Centro de Estudios Sociales Juana Azurduy sobre los derechos humanos a 20 años de la reforma constitucional.

Del aeropuerto de Sauce Viejo pasó al municipio de Santo Tomé donde fue reconocido como Ciudadano Ilustre por el intendente Fabián Palo Oliver de allí a una reunión con organismos de Derechos Humanos de la ciudad, luego al Concejo Municipal local donde le entregaron el diploma de Huésped de Honor y más tarde a la Legislatura donde tuvo un encuentro a puertas cerradas con un grupo de diputados encabezados por el presidente del cuerpo, Luis Rubeo, y el vicegobernador, Jorge Henn; obtuvo otro reconocimiento, en este caso en el recinto de la Cámara de Diputados y finalmente fue la conferencia en Luz y Fuerza.

El jurista español preside hoy el Consejo de Administración del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos. En su paso por la Justicia de su país tuvo a su cargo resonantes casos hasta que en 2012 fue expulsado tras haber sido condenado por el Tribunal Supremo a once años de inhabilitación por el delito de prevaricato durante las escuchas en la llamada causa Gürtel. También logró fuerte protagonismo en la región persiguiendo al ex dictador chileno Augusto Pinochet; escuchar las confesiones del marino argentino Adolfo Scilingo y motorizar una investigación sobre lo ocurrido en Santa Fe durante la dictadura y dictando orden de captura internacional del entonces juez federal local Víctor Brusa. 

Hoy, Garzón es asesor del Tribunal Penal Internacional de La Haya y fue director de la defensa jurídica del fundador de Wikileaks, Julian Assange. La presidente Cristina Fernández de Kirchner le otorgó su documento de identidad de residente extranjero en la Argentina y además de nuestro país asesora a la Fiscalía General de Colombia y en Ecuador elabora un informe para una reforma judicial. 

Cercano a las posturas del Psoe, fuerza de la cual alguna vez fue diputado en España, ayer tuvo críticas a la política del gobierno español en manos del Partido Popular e incluso a reformas que lleva adelante en la Justicia.

Algunas definiciones

“Si tenemos que valorar la política de Derechos Humanos en todo el mundo el juicio no sería muy favorable a la situación de defensa y promoción de los mismos” dijo en una rueda de prensa en la presidencia de Diputados. Advirtió que “sería injusto no reconocer los grandes avances que se han producido desde la propia Declaración de los Derechos Humanos en 1948” y enseguida resaltó que “si hay un país diferente donde la política de Derechos Humanos transversalmente entendida y en su conjunto esté como política de Estado es la Argentina. 

Es política de Estado porque es obligación de todos los poderes, no sólo del Ejecutivo. Es un conjunto de instituciones que desarrolla esa defensa, esa evolución, en favor de los derechos de los ciudadanos y no en contra, no adoptando políticas represivas”. Añadió que “hay un impulso importante desde algunos Estados en la necesidad y defensa de esos derechos y hay un desconocimiento sistemático de otros a través de conflictos armados, conflictos económicos y abandono de la sociedad que además de sufrir las consecuencias de la crisis económica sufre las negligencias de quienes los dirigen”.

Se le preguntó sobre la experiencia de haber abierto desde España la investigación sobre lo ocurrido en Santa Fe durante la dictadura. “Fue una aventura el hecho de adelantar esa investigación desde un país como España en el que por primera vez se aplicaba un principio de jurisdicción universal. Institucionalmente no había conciencia de que esto se pudiera hacer porque el concepto de crímenes de lesa humanidad, de genocidio, todavía no estaba reconocido en la legislación española, era como muy chocante. Poco a poco se percibió que era la forma de lucha contra la impunidad. En esos momentos las víctimas, los organismos de derechos humanos eran los que estaban avanzando en ese combate; la Justicia estaba silente, estaba ausente aunque algunos jueces y fiscales argentinos estaban haciendo a nivel personal grandes avances”.

Reconoció que la propia España no avanza en la investigación de crímenes del franquismo. “Nos duelen algunas cosas de España” le dijo en el recinto de la Cámara, la radical y ex fiscal federal Griselda Tessio. Garzón recordó que cuando en la Argentina, en 1996 “no se podía avanzar se abrió la puerta en España; cuando en España se segó casi sin haberse abierto la puerta, aquí se abrió esa posibilidad y está en desarrollo. Esta es la grandeza del principio de jurisdicción universal, que es una conquista de las víctimas y que no deberíamos menospreciar ni olvidar”.

Hubo otra caricia a la Argentina y fue cuando se le preguntó por el aumento de casos de femicidios. “Uno de los capítulos pendientes en la mayoría de los países es la erradicación de la violencia contra las mujer y sectores sumamente vulnerables como la comunidad de gay, lesbianas, transexuales que en Argentina tienen una clara protección igualitaria como ocurre en España. Deben ser ejemplo a extender y sobre todo que no sólo debe estar la Justicia sino exigir la aplicación y cambiar las actitudes. Hay actitudes machistas y muchas instituciones que se rigen con criterios discriminadores en cuestiones de sexo. Esto se cambia con educación. La sociedad es la que debe exigir el cambio”, aconsejó.

Desafíos

Al reconocer a Garzón, el diputado Busatto subrayó que en Argentina “es importante la recomposición de los derechos humanos a partir de lo que ha sido el juicio a las juntas en primer lugar por Alfonsín, y después el avance en los juicios de lesa humanidad a partir de 2003. Pero el derecho humano tiene que ver con la prerrogativa que tiene cualquier ser humano en términos jurídicos por el hecho de serlo, por lo cual cuando hablamos del derecho al ambiente, de proteger la vida y de las situaciones que se producen a diario, nace para nosotros un derecho y nace también el deber del Estado de respetarlo”. Añadió que “el siglo XXI está lleno de desafíos. En Argentina se ha hecho muchísimo en los últimos diez años, y ese es el piso mínimo con el que nosotros queremos contar para generar una situación de mucha más igualdad en un presente y en un futuro inmediato”.

De buitres y jueces

Garzón fue claro y señaló que le resultan incomprensibles algunas actitudes de los jueces y si bien nunca mencionó el nombre de Griesa se refirió a él cuando le preguntaron sobre la pulseada argentina con los llamados fondos buitres.

“El juez norteamericano podrá actuar dentro de la legalidad pero está atentando al principio básico del derecho que es la equidad. No es una solución equitativa la que está haciendo, puede haber otra solución que amparara los derechos de los inversores y también los intereses y derechos del pueblo argentino. Esto no es una cuestión contra el gobierno argentino, quien piense eso está equivocado, esto afecta a todo el pueblo”.

Mocionó la necesidad de regular este tipo de fondos y de inversiones. “No pueden mandar a la ruina a millones de personas. Hay que definir y avanzar en la consideración de estos crímenes económicos como la de crímenes de lesa humanidad. Hay que investigar esos fondos, de dónde vienen, qué están haciendo, qué tipo de legitimidad tiene comprar deuda externa en condiciones de extrema necesidad y exigir cumplimiento exacerbado. Son todas cuestiones que hay que profundizar. Estoy convencido que el caso de Argentina va a ser un elemento de apoyo para que en la región se planteen nuevas fórmulas y nuevos mecanismos para contrarrestar el abuso de jurisdicción”.

Reforzó su concepto recordando que una ínfima minoría de bonistas está llevando a la actual situación y entendió que “el (juez) que tenga que resolver eso tiene que tener la moderación suficiente para encontrar la solución”.

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