El balance que faltará

Por Eduardo Aliverti

Debe hacerse un esfuerzo bastante grande para encontrar noticias más desconectadas entre sí que el fallo de la Corte contrario a la liberación de menores y el despido de Romina Picolotti. Sin embargo, hay un conector. Simbólico, si se quiere. Pero conector al fin.

La sentencia de los supremos provocó el entusiasmo de la derecha, en forma unánime, y la sorpresa unida a disgusto de los sectores progresistas. Aunque, bien mirado (no tanto por el fallo en sí, bien que también, sino a través de las declaraciones periodísticas de algunos de los miembros del tribunal), lo señalado por la Corte es que a los pibes debe dejárselos adentro porque afuera las condiciones sociales son, para ellos, mucho peores que la cárcel. Y nadie se animaría a desmentir que esas condiciones las creó la derecha y no la izquierda, precisamente. Desde ya, poco les importa eso a los núcleos reaccionarios, que se preocupan por las consecuencias de las cosas sólo una vez que las produjeron. Con otra expresión, tal vez algo simplista pero difícil de refutar, se diría que la Corte sentenció por derecha con argumentos de izquierda. Y por allí puede comenzar a observarse un aspecto del fallo sobre el que poco se ha dicho.

La extrañeza generada por el veredicto se origina en que estos jueces –y algunos de ellos muy en particular– tienen imagen y/o antecedentes de garantistas (palabra que en la atmósfera mediática quedó como la de mejor perfil para diferenciarse de los partidarios de la mano dura). ¿Qué pudo haberlos llevado a un fallo de esta naturaleza, que, al margen de sus implicancias políticas, aparece como marcadamente contradictorio? ¿Cómo puede ser que la Justicia deba consistir en dejar a los menores en situación infrahumana para protegerlos de la violencia? Puede ser, en primer lugar, porque todos los poderes del Estado se lavan las manos respecto del escenario que reproduce el clima de marginación y delito. Estos pibes son intrínsecos al sistema de exclusión, y no hay dónde mandarlos. O los mata el encierro humillante o los mata la calle, bajo el gatillo fácil de la policía o de algún Rambo urbano. Es la forma en que el poder resuelve, o cree resolver, los efectos de su salvajismo, con el aval de una burguesía asustada que en definitiva escupe contra el viento y crecientemente atrincherada en esos ridículos medios de seguridad que demuestran, una y otra vez, no servir para nada. La Corte, al fin y al cabo, dice que es impotente contra la ley de la selva y que son los demás quienes deben modificarla. Se comparta o no ese criterio, es imposible no preguntarse por la influencia ejercida en este fallo desde la prédica comunicacional cotidiana, incansable, virulenta, que se pretende simple espejo de lo que ocurre mientras alienta todos los valores de mierda capaces de asentar y multiplicar la injusticia social: la exuberancia de riqueza, el consumismo desaforado, la frivolidad analítica, la violencia como show bien pagado por el rating y, después, que alguien venga a salvarnos de todos los que quedan afuera para mirarla con la ñata contra el vidrio y sed de revancha. ¿Pudieron los jueces permanecer ajenos a esa fenomenología de pensamiento barato que, para el caso, se contenta con exigir la baja de la edad imputable, leyes más duras e instrumentos de represión incrementados? Herramientas fracasadas, todas, aquí y en el mundo entero. No importa. La gente quiere eso y los medios venden con eso. Y la derecha se asombra gratamente por el fallo de la Corte, porque dice que dejó de lado factores ideológicos y tomó nota de la realidad. Son los mismos que luego hablan de calidad institucional y promueven la necesidad de una Justicia independiente, desprendida de agentes emocionales condicionantes.

En el turno de la secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable, la prensa adjudicó su partida a dos motivos centrales: ser una de las viudas de Alberto Fernández e incurrir en graves irregularidades de gestión, presuntas corruptelas incluidas. El primer dato es formalmente correcto, y el segundo susceptible de comprobación. Y también es cierto que su nombramiento tuvo que ver, antes que nada, con un golpe efectista de los K, cuando adherir a la protesta de los vecinos de Gualeguaychú anclaba en el apoyo popular. Acabada esa corriente de simpatía, Picolotti siguió más bien por inercia. Pero su verdadero ingreso en desgracia, capacidad como funcionaria aparte, se registra cuando osa inmiscuirse en las probables andanzas contaminantes de Papel Prensa. La empresa tiene el virtual monopolio de la producción del papel para diarios y sus accionistas mayoritarios son Clarín y La Nación. Hacia mediados de año, la Presidenta admitió que el embate periodístico contra la secretaria se debía a su afán de inspección a la planta de San Pedro, que descarga sus desperdicios en el río Baradero y que, de avanzar la causa judicial, podría ser obligada –tal como también admitió Cristina Fernández– a una inversión de 10 millones de dólares. En efecto, Picolotti fue despedazada por la sensible prensa independiente que tanto se preocupa por el bienestar general de la ciudadanía. Sólo que hasta hace unos meses parecía contar con el aval presidencial. Y ahora le soltaron la mano. Los motivos que hayan conducido a ello quizá se justifiquen. La casi unánime ignorancia mediática acerca del proceso por contaminación contra una de las compañías de los dos diarios más importantes del país... ya es un poquito más difícil.

Este miércoles se cumplen los 25 años del retorno democrático. Son los mismos años que lleva la imposibilidad –la decisión política, es decir– de sancionar una ley de radio y televisión que reemplace a la vigente, que data de 1980. Junto con la ley de entidades financieras, impulsada por Martínez de Hoz en 1977 y que también subsiste, su continuación es, en lo institucional, la herencia más bochornosa de la dictadura. Desde 1983, algunos contenidos fueron derogados pero entre ellos se cuentan también los que, durante el menemato, permitieron la concentración de medios, más tarde de multimedios y ahora de megacorporaciones, con un grado de impudicia que prácticamente no reconoce antecedentes mundiales. Que este instrumento vergonzoso cumpla sus bodas de plata, junto con el retorno del estado de derecho, acerca una justa idea del tamaño fenomenal que tuvieron las presiones de los grandes grupos mediáticos para impedir su sustitución. No es que no se supo. No se pudo porque no se quiso dotar al espectro radiotelevisivo de un andamiaje legal que promoviese su democratización. Como no se cansaba de reiterarlo Nicolás Casullo, los medios son hoy el gran partido de la derecha y continuará siendo así. A menos que, para lo que a esta altura sería una sorpresa mayúscula, el Gobierno se decida a descongelar el proyecto de una nueva ley –ya terminado en sus objetivos centrales– y lo lance al Congreso en un año electoral.

La democracia cumple un aniversario de esos redondos. 25. Habrá balances de cualquier tipo y factor, pero téngase la absoluta seguridad de que faltará uno: el de los medios de comunicación respecto de sí mismos.

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