Bajo sospecha

La estrategia de instalar a priori la posibilidad de que el partido de gobierno cometa fraude electoral es tan vieja en la Argentina que podría asegurarse, sin temor a error, que desde 1983 en adelante no hubo una sola elección en la que la oposición no haya batido ese parche en el tramo final de la campaña.

Por Julia Izumi.

Los dichos de ayer de la Cámara Nacional Electoral buscaron dejar abierta la posibilidad de que, en el futuro, no recaiga en el Poder Ejecutivo la responsabilidad de realizar el escrutinio provisorio, como una forma de desterrar una sospecha lógica que, sin embargo, desde el fraude patriótico de la década de 1930, nunca logró ser probada en los tribunales.

El último caso resonante fue el de Córdoba en 2007, pero las elecciones de este domingo encuentran que el mismo dirigente que denunció aquella supuesta estafa hoy se encuentra bien posicionado, con lo que la conclusión es obvia: Luis Juez, quien se sintió víctima de un fraude en 2007, le otorga hoy un voto de confianza al sistema electoral vigente.

Lo que la Cámara quiso decir ayer es que el propio sistema político partidario es el que debe generar los mejores métodos para garantizar la transparencia de las elecciones. Como lo viene expresando la Corte Suprema de Justicia en otros casos –saneamiento del Riachuelo, movilidad previsional, asistencia a los aborígenes del Chaco– el mensaje es: "Nosotros sólo podemos decirles lo que tienen que hacer; la responsabilidad de cambiar las cosas es de ustedes".

De todas formas, coquetear con la idea de que el adversario va a cometer fraude sin aportar los elementos que contribuyen a probar esa sospecha, se parece mucho a jugar con la caja de fósforos al lado del tanque de nafta. Es tan irresponsable como instalar encuestas con resultados falseados para después reclamar un triunfo que nunca fue.

Comentá la nota