Bajo la presión del apuro oficialista, se realizan las audiencias por la ley de medios

Expondrán 44 oradores ante las comisiones de Libertad de Expresión, Comunicaciones y Presupuesto de Diputados; por la urgencia kirchnerista, el debate se extenderá sólo hasta el jueves; la oposición prevé impugnar el trámite
Entre la desconfianza y las críticas. Así arrancó poco después de las 9 el debate en comisión de la ley de radiodifusión del Gobierno. El escenario es el plenario de las comisiones de Libertad de Expresión, Comunicaciones y Presupuesto de la Cámara de Diputados que sesionará hasta el jueves con un esquema de audiencias que ya acumula cuestionamientos de buena parte de la oposición.

La primera controversia gira en torno a la cantidad de oradores anotados. Mientras que desde la Comisión de Comunicaciones, que preside el kirchnerista Manuel Baladrón, se informó que los expositores anotados son 148, la Comisión de Libertad de Expresión, que lidera la radical Silvana Giudici advirtió que son más de 300 los que pretenden sumarse al debate, por lo que más de la mitad quedaría afuera. La diputada adelantó que impugnará el proceso. Por lo pronto, los oradores de hoy son 44.

Pese a este foco de tensión, en la apertura del encuentro, Baladrón buscó mostrarse conciliador. "Espero con estas audiencias enriquecer más la propuesta, para que llegue con el mayor impulso y soporte y participación de la gente [al recinto]. La idea es escuchar y escucharnos", aseguró.

Otro de los cuestionamientos de la oposición gira en torno al apuro impuesto por el oficialismo que, tras las tres jornadas de audiencias, buscará emitir dictamen el viernes y debatir la iniciativa de la Casa Rosada el miércoles de la semana próxima en el recinto.

¿Cambios? Más allá de las diferencias que despierta el mecanismo, el foco de mayor controversia está en las críticas de la oposición a la iniciativa y la reticencia del oficialismo a hacer cambios significativos.

Uno de los puntos medulares de la iniciativa que no será alterado tiene que ver con la desconcentración mediática que pretende el kirchnerismo: la reducción de licencias de televisión y radio en manos de un solo dueño, la división del espectro en tercios y la prohibición de que una empresa explote canales de aire y transporte TV por cable. A quienes hoy no cumplen estos requisitos el proyecto impone el plazo de un año para adecuarse al nuevo marco legal, sin invocar derechos adquiridos. Este es uno de los puntos más controvertidos del proyecto.

Para la oposición, esto abre la puerta a que los actuales grupos mediáticos sean forzados a vender y a desprenderse de sus licencias -muchas de las cuales habían sido prorrogadas por diez años en 2007-, lo que facilitaría el ingreso de empresarios "amigos del poder" en el negocio audiovisual.

El ingreso de las empresas telefónicas en el negocio audiovisual no será modificado en el proyecto, pese a que buena parte de la oposición-y algunos aliados- lo cuestionan. En el oficialismo admiten, sí, que estudian por estas horas una nueva redacción del artículo para regular este ingreso.

También estudian la posibilidad de ampliar la integración de la autoridad de aplicación de la ley, encargada de distribuir y prorrogar las licencias. Buena parte de la oposición considera que esta autoridad no debería funcionar dentro de la órbita del Gobierno, como establece la iniciativa oficial, pero el oficialismo no cederá en este punto.

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