"Bajo control e influencia del Gobierno"

Por: José Miguel Onaindia

Ex director del INCAA

El proyecto de ley de servicios audiovisuales, cuyo acelerado tratamiento ha impuesto el Gobierno, regula industrias culturales de gran importancia para el ejercicio de derechos humanos esenciales -como la libertad de expresión y creación artística y el acceso a la cultura, entre otros- y para el desarrollo humano de nuestra comunidad.

Las normas que se incluyen adolecen de exceso de reglamentarismo e imprecisión que hacen presumir conflictos derivados de su interpretación. Tanto la norma que impone contenidos de programación, como la que instaura la denominada "cuota de pantalla" del cine nacional, si bien son instrumentos útiles para la protección de nuestra identidad cultural y las industrias que la sustentan, exhiben deficiencias de regulación que tornan confusa su eventual aplicación y peligrosa para la defensa de los derechos y valores que se intentan proteger. Me basta señalar que no se define qué debe entenderse por producción "independiente" cuando se obliga a la exhibición de películas argentinas y a la compra de sus derechos antes del rodaje. Los posibles significados de esta expresión son diversos y admiten diferentes criterios de abordaje, desde el estético hasta el financiero.

Tampoco se advierte si el significado de "nacional" admite el apoyo financiero de instituciones públicas o privadas extranjeras, que nutren un importante número de producciones locales, denominadas independientes.

Las limitaciones a los canales de cable aunque tengan diversa orientación también atenta contra la producción de contenidos nacionales que el proyecto intenta proteger y no encuentra fundamento razonable en ninguno de los objetivos enunciados.

Para garantizar el debido desarrollo de industrias culturales plurales en una sociedad democrática del siglo XXI, se requiere de una autoridad de aplicación autónoma que asegure esa diversidad contradictoria en lo temático, estético y productivo, que no se intenta construir en este proyecto, pues la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual estará integrada por una mayoría de miembros designados por el Poder Ejecutivo y queda bajo el control e influencia del gobierno. Esto no sólo es un riesgo en la actual situación política sino que lo genera para el futuro, pues si bien en Argentina las leyes y hasta las reformas constitucionales, se diseñan a medida del grupo político preponderante, lo exceden y se transforman en graves peligros también para el futuro.

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