Bajo la alfombra

Un proyecto de ordenanza acaba de autorizar la compra de un terreno lindero al basural municipal, propiedad de Florencio Aldrey Iglesias. La operación no se realiza a valores de mercado porque encubre una indemnización enmascarada por las molestias que el predio de disposición final pudo haberle ocasionado.
El caso del basural de Mar del Plata siempre ha tenido para los conciudadanos casi los ribetes de un escándalo policial. Porque nadie sabe a ciencia cierta qué es lo que hay debajo de los gigantescos taludes que han adquirido dimensiones desmadradas, y para todo el mundo es mejor no tocar el tema. Porque el predio en el cual se vierten los residuos está en un barrio en el que vive gente, cuya economía precaria está vinculada con los residuos de la sociedad no marginada. Hay una escuela donde concurren alumnos, pero además trabajan personas que han visto su destino modificado el día que supieron que su plaza de trabajo estaba allí. Todos están hundidos en la basura, en su hedor, en las inexistentes condiciones de seguridad e higiene que implica la no planificación urbanística del problema. Están con los pies sepultados en ríos de líquido que drena de las gigantescas montañas, y forma hilos de agua cuyo cauce depende únicamente de la caprichosa topografía. Ejércitos de personas rondan de día y de noche buscando la quimera: elementos de valor que se hayan escurrido en la basura o simplemente latas y material que vender.

El conflicto comenzó a principios de 2006, cuando los titulares del terreno lindero al basural de Avenida Antártida Argentina s/n se dirigieron al entonces intendente Daniel Katz, porque se veían perjudicados: el personal que ingresaba al predio debía hacerlo por un camino alternativo, con las molestias consecuentes. El reclamante no era cualquier persona: se trata de LU9 Radio Mar del Plata y su planta transmisora.

La primera respuesta fue del entonces director de servicios públicos del EMViSUr y GA, Fernando Moris, quien aclaró que, si bien el camino vecinal se había visto interrumpido por las reiteradas emergencias del basural, esa dependencia había abierto un sendero alternativo por un campo vecino cuya posesión era de la municipalidad, que permitía el paso de los vehículos hacia la planta transmisora. Luego se había mejorado otro camino existente a 300 metros del anterior, con los mismos fines. Es decir que había solucionado el tema.

Un año después, la misma firma -cuyo nombre formal es Difusora Austral- se dirigía nuevamente al intendente diciendo que, tras los numerosos reclamos respondidos con silencios varios, había decidido mudarse: emplazar la planta transmisora en un nuevo predio, traslado que se haría con cargo exclusivo a la municipalidad. Además se reservaban el derecho de reclamar por daños y perjuicios causados. En agosto de 2007 habían podido estimar los costos: $2.100.000, que debían pagarse en 48 horas.

Campo fantasma

A nadie escapa que cuando una firma funciona en un predio lindero al basural tiene una cantidad de inconvenientes no sólo de carácter sanitario sino hasta estético: cualquier excusa es buena para mudarse y que la mudanza la pague otro, en este caso el municipio.

Por eso que la obstrucción del acceso venía de perillas, pero el director general de Gestión Ambiental respondió que no le constaba que la necesidad del traslado se debiera exactamente a los problemas citados.

La empresa no se rindió, e hizo responsable a la municipalidad, no sólo por haber tenido que abandonar allí la antena transmisora y la edificación, sino porque los terrenos habían sido inutilizados por estar al lado del predio de disposición final. Presentaron el informe de los gastos certificado por un contador donde se incluye todo, hasta 16 facturas por la compra de nuevos matafuegos (?)

Ya en la nueva gestión municipal, y durante el presente año, se solicita el relevamiento de la problemática general del vaciadero a la Dirección Provincial de Residuos y al Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible. El citado informe incluye determinadas referencias técnicas de utilidad para planificar las posibles medidas que minimizarían la peligrosidad actual del sector. Los técnicos refieren, por ejemplo, el grave riesgo que corren los numerosos recuperadores informales que deambulan entre la maquinaria de descarga y acopio. Se indica además que está a la vista una corriente de lixiviados, es decir líquido que se escurre y desciende por simple gravedad, sin que se aplique ninguna medida para su contención. El material se acumula en los espacios de menor cota, por lo que existe una acumulación en un terreno lindero que no pertenece al vertedero.

El informe además confirmó lo que muchos sospechaban: no existe un control de ningún tipo acerca del tipo de residuos no domésticos que se arrojan al vertedero, sean restos industriales o prevenientes de ciertos servicios. Puede ser, de hecho, cualquier cosa.

Pero el principal problema detectado son los taludes laterales externos, montañas de basura que no están cubiertas ni compactadas, y que corren el permanente riesgo de desmoronamiento. Estas pendientes no se pueden suavizar sin ocupar sectores de terrenos linderos. Las recomendaciones son varias: en primer lugar medidas respecto de los recuperadores informales, es decir ofrecerles otra salida económica que no se vincule con los residuos, para así poder realizar las reformas necesarias en ausencia de personas ajenas a las obras. Se indica que es necesario el cierre del actual predio, más una serie de obras de cavado y rellenado que permitirían asegurar los actuales taludes para evitar su caída. El procedimiento a emplear se describe técnicamente en el relevamiento efectuado.

A la carga

Como resultado de lo ocurrido, la empresa Difusora Austral desarrolla su primera estrategia: ofrece a la venta el terreno con una tasación que indica como “de mercado”, $681.000. Pero la condición para la venta es que la comuna cumpla en resarcirla por los montos antes solicitados. Es decir que el pago total sería de $2.200.000.

¿Cómo negociamos? Fatalmente. El siguiente documento es una promesa de venta que la firma envía a la municipalidad, en el cual accede a vender los terrenos pero a una suma de $1.600.000, dos veces y media el valor que se estipulaba como de mercado inmobiliario. A cambio de esta operación, Difusora Austral desistiría de sus reclamos indemnizatorios.

La municipalidad hasta el momento le dice que sí. La documentación que fundamenta la decisión es escasa; alcanza con decir que el director de Gestión Ambiental, Simón Caparrós, sugirió que era una buena idea comprar, no sólo para tomar medidas sobre el basural sino para sacarse de encima el reclamo judicial. A partir de aquí el proyecto de ordenanza autoriza directamente la compra del inmueble al valor socilitado, y con la forma de pago indicada por Difusora Austral. No se ha verificado el costo del inmueble, obviamente porque en ese costo excesivo se incluye una enmascarada indemnización extrajudicial a la firma, que se muda como hubiera soñado: páguenme por irme del basural.

Es decir que no se cumplen las indicaciones precisas de la Ley Orgánica, que exige la tasación del inmueble mediante un organismo público o de una comisión interna a tal fin. Tal procedimiento se realizó en ocasión de otras compras anteriores, de predios que tenían la misma finalidad: remediar los males para poder clausurar el predio de disposición final de residuos.

Tampoco se indica quién se hará cargo de los gastos de escrituración, que en este caso serán importantes. Ni siquiera se consultó la compra con el contador municipal, que debe intervenir necesariamente en toda operación que la municipalidad inicie, desde una contratación hasta una adquisición de semejantes valores.

Como siempre, los poderosos quedan eximidos de cumplir con las reglas. Como casi siempre, los más poderosos están tácitamente autorizados a guardar la basura debajo de la alfombra, y encima a cobrar extra por las molestias que pudieran haberles sido ocasionadas.

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