El paquete de medidas que el Ejecutivo busca consensuar con gremios y empresarios para reducir los altos niveles de trabajo no registrado incluye una serie de incentivos fiscales para las micropymes, a las cuales además se les fijarán límites en los valores de las alícuotas que pagan a las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART). La idea es retomar la mesa de diálogo tripartito que comanda el titular de la cartera laboral Carlos Tomada para que las medidas queden plasmadas en un proyecto de ley que ingresará próximamente al Congreso. La elección del universo de microempresas no es arbitraria, en tanto según datos oficiales, el 60% del empleo no registrado se concentra en este tipo de unidades productivas, en general pequeños talleres o comercios, con reducida escala y productividad. Si bien todavía no está cerrado, la iniciativa establece un pago único bonificado para las microempresas con cinco o menos trabajadores, cuyas remuneraciones no superen los 7500 brutos que procedan a registrar a sus empleados. Ese pago único –una suerte de subsidio pasible de ser actualizado– cubrirá en todos los casos el aporte del trabajador al sistema jubilatorio y la contribución patronal a la obra social, pero significará una reducción significativa en otras cargas sociales, como por ejemplo el Fondo de Desempleo o el aporte patronal a la jubilación. "El dueño de un taller le paga 4000 pesos a su empleado, en negro. Si lo registra, tendría que abonar el 40%, unos $ 1600. Bajo el nuevo esquema pagaría cerca de 1100", graficó un técnico que intervino en las deliberaciones. El costo por la bonificación queda relativamente compensado por el aporte a la contribución social de sectores que hasta el momento estaban marginados. Además, la propuesta incluirá un límite a las alícuotas que les cobran las ART –un porcentaje de la masa salarial– y que en el caso de las micropymes duplican al promedio general del sistema. «