Dan de baja partidos creados para las elecciones de 2007

Muchas agrupaciones obtuvieron personería jurídica, pero no eligieron sus autoridades. La Ley 5.454 pena con la caducidad a las fuerzas que se mantienen inactivas. La Junta Electoral tramita una decena de expedientes.

Lista de partidos perimidos

Por la Dignidad y el Progreso de Delfín Gallo

Ciudadanos Unidos por Lules

Por el Cambio (El Chañar)

Creciendo para El Pueblo (El Chañar)

Juntos para Crecer (Banda del Río Salí)

La Constitución nacional sostiene que los partidos políticos son “instituciones fundamentales del sistema democrático”. Ergo, la inflación de agrupaciones que presenció la provincia en los últimos dos años permitiría concluir que las instituciones gozan de buena salud en Tucumán. Sin embargo, las últimas actuaciones de la Junta Electoral Provincial (JEP) echan por tierra cualquier deducción alentadora.

Las últimas cinco resoluciones emanadas por el organismo refieren a la caducidad de sendas fuerzas políticas creadas tiempo antes de los comicios generales de agosto de 2007. El indicio, cuanto menos, es preocupante porque, de mantenerse la tendencia, se confirmaría la tesis de que el fenómeno de la multiplicación de partidos fue alentado por un mero fin oportunista.

En las oficinas de la JEP hay otros 10 expedientes que concluirían con el fin de la actividad política de distintos movimientos provinciales, municipales y comunales. En todos los casos, se tratan de partidos que obtuvieron la personería política y jurídica tras la habilitación constitucional del sistema electoral de acople, en 2006. En rigor, el régimen incorporado a la Carta Magna fomentó la creación de más de un centenar de fuerzas. Eran 53 los partidos inscriptos hasta junio de 2006, cuando se sancionó la reforma de la Constitución, y 181 agrupaciones (27 de rango nacional, 25 con reconocimiento provincial, 35 con alcance comunal y 94 de carácter municipal) las que terminaron sus papeles antes de las elecciones generales de agosto.

En su gran mayoría, las noveles fuerzas políticas actuaron como colectoras de votos en favor de la candidatura del gobernador, José Alperovich. Incluso, el acople liberó al Partido Justicialista de la realización de elecciones internas para definir sus listas de candidatos. Como muchos de los dirigentes no encontraron lugar en las nóminas oficiales, optaron por crear su propia estructura y competir con un sello partidario que no fuera el del PJ.

Ahora, la inactividad interna pone en jaque a muchas de esas agrupaciones. Los primeros en caer fueron partidos de alcance municipal y comunal (Ver “La primera lista...”). En estos casos, como así también en los restantes expedientes que aún se tramitan en la Junta Electoral, la caducidad se debe a incumplimientos de los pasos elementales que debe dar cualquier organización política para consolidarse: la concreción de elecciones internas para elección de autoridades.

La Ley provincial 5.454 (de Partidos Políticos), establece en sus artículos 55 y 56 los motivos que determinan la caducidad de la personería de una agrupación. Pero en sus artículos 15 y 16 fija plazos que las flamantes estructuras deben cumplir una vez obtenida la habilitación electoral: 45 días para rubricar ante la JEP los libros con todos los datos relativos al partido en cuestión y 60 días para “convocar y haber realizado elecciones internas para constituir las autoridades definitivas” del movimiento.

“Es un trámite normal que hacemos en la JEP. Se siguen haciendo verificaciones. Es usual que obtengan la personería para cada elección y que después queden inactivos”, detalló el prosecretario del organismo, Darío Almaraz. El procedimiento que termina con la caducidad de un partido se inicia con una notificación de la JEP en las que se los notifica de que podrían haber incurrido en alguna mora. En caso de que no hubiese respuesta, se solicita la actuación de un agente fiscal del Poder Judicial.

En caso de que se declare la caducidad de una agrupación reconocida, la ley determina que su personalidad jurídica y política sólo podrá ser solicitada nuevamente después de celebrada la primera elección posterior al dictado de esa medida.

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