¿Por qué no baja la nafta si cae el precio del petróleo?

¿Por qué no baja la nafta si cae el precio del petróleo?

Las empresas defienden los valores actuales con el argumento de que la nafta subió más que la inflación pero menos que el dólar.

A mediados de 2014, el petróleo crudo valía US$100 en los Estados Unidos. Cuando arrancó 2016, se cotizaba por debajo de los US$30. Durante esta semana, el “oro negro” volvió a un rango de US$50. Si hay algo que no se le puede atribuir al barril es un comportamiento previsible.

Los vaivenes del petróleo reverberán en todo el mundo, pero juegan su propio capítulo en Argentina. En casi todos los países, la baja de la cotización del crudo implica caída en los importes de los combustibles. Durante los últimos dos meses, la variedad de petróleo Brent -que se toma como referencia en el país- perdió casi un tercio de su cotización: estaba a US$86, pero el jueves ya andaba por debajo de los US$59.

Si baja el crudo -y los importes en los surtidores en todos lados-, ¿por qué no se repite esa tendencia en la Argentina?. La respuesta está en la depreciación del peso, según defienden desde la industria. El dólar estadounidense se apreció 120% frente a la moneda argentina en un año: se vendía a $17,60 en noviembre de 2017, pero pasó a $39,40 un año después.

Por esa razón, es improbable que haya una caída de precios significativa en el mercado local. Aún si el barril de petróleo retrocediera más (a una zona de US$50/55), las empresas podrían seguir escudándose en la devaluación para no bajar los precios.

El Gobierno vino presionando a las petroleras para lograr una disminución de los importes desde diciembre. Según sostienen en la industria, ese deseo del Gobierno se podría materializar a medias. A menos que haya nuevos sacudones con el dólar, podría haber una disminución en naftas. Como contrapartida, todo se encamina a un incremento en gasoil.

En un año, la variación de la nafta “súper” de YPF fue del 75%: de $21,38 hace un año a $37,59. La suba es superior a la inflación del último año, pero inferior a la devaluación del mismo período.

El último aumento, realizado en noviembre, fue de 2,5% en el caso de YPF. Pero las otras petroleras -Axion y Raizen- arrancaron con porcentajes mayores, del doble. Luego, retrocedieron y su recomposición fue similar a la de YPF. “Allí hubo una orden del Gobierno a YPF para que el aumento fuera bajo”, dispara un ejecutivo de la industria, que pidió no ser identificado.

En el Poder Ejecutivo están ansiosos por anunciar una rebaja en los surtidores. Mientras tanto, las empresas -como YPF- son reacias a esto. Los consultores acompañan la postura de las empresas a partir del análisis de datos y estadísticas.

El sector energético invirtió más de US$14.000 millones y es uno de los motores de la inversión privada que exhibe el Gobierno. El secretario de Energía, Javier Iguacel, fue a una gira internacional a exaltar los beneficios del país -y de Vaca Muerta- en rondas con inversores. Allí, funcionarios y empresas se muestran como parte del mismo equipo.

Sin embargo, hay tensiones domésticas que no son de ahora, sino que se acumularon durante todo el año. El Gobierno pretende que las petroleras disminuyan un 10% el precio de los combustibles “premium” hacia diciembre, cuando habrá aumento de dos impuestos: uno a la emisión de carbono y otro por transferencia a los combustibles. Este último ajusta por inflación. Durante la semana, mientras se estaba conversando sobre esa posibilidad, el Poder Ejecutivo se encontró con un nueva caída en la cotización del peso frente al dólar. La oscilación no le jugó una buena pasada al oficialismo en su negociación con los petroleros.

Cuando Iguacel fue nombrado en el puesto de Juan José Aranguren, el funcionario también deslizó reparos sobre el comportamiento de las petroleras, aunque sus comentarios fueron siempre a puertas cerradas.

Durante todo el año, el Gobierno vino criticando -en comentarios “privados”- el comportamiento de la industria. Mientras que Aranguren fue ministro de Energía, el presidente del Banco Central -Federico Sturzenegger- culpaba a las petroleras, en especial a YPF, por su contribución al índice de inflación.

“Hay cartelización”, le dijo el actual secretario de Energía a varios interlocutores en septiembre, y esa frase desató el enojo de los titulares de las principales empresas (YPF, Raizen -que explota la marca Shell- y Axion). Esos ejecutivos llamaron al entorno del presidente Mauricio Macri para saber si había una nueva postura del Poder Ejecutivo hacia el sector. Desde la Rosada llegó la indicación de calmar las aguas. Más tarde, Iguacel prometió “precios de referencia” para que los consumidores pudieran determinar si les cobraban un importe adecuado. Hasta ahora, ese listado no se materializó.

“Desde octubre del año pasado, en que se desreguló el mercado, nos manejamos para traspasar el mayor precio del crudo y también la depreciación de la moneda que sucedió este año, que como ustedes saben, ha sido sustancial”, explicó Daniel González, CEO de YPF, en una presentación ante inversores del 26 de octubre, cuando se celebraban los 25 años de cotización de YPF en la Bolsa de Nueva York.

“Esperamos alcanzar el fin de año con nuestros precios alineados con las referencias internacionales”, expresó González. En ese momento, mostró unos charts. Los precios de los combustibles de YPF estaban a un 5% de alcanzar su “paridad de importación”, mientras que los de gasoil estaban algo más alejados. Por esos días, el barril de petróleo crudo Brent se ubicaba en torno a los US$77 y el dólar se conseguía por $37,70.

El “alineamiento” con los valores internacionales es llegar a un precio para el crudo local que sea equiparable al denominado “Import parity”. Eso implica que las petroleras obtengan por su producto -vendido en el mercado local- un importe que sería equivalente al que aplicarían si tuvieran que importan esa materia prima.

“La determinación de los precios es un proceso muy complejo, que depende de tantas variables y requiere mucho análisis”, plantea Daniel Gerold, uno de los consultores más escuchados del sector. “Lo que es seguro es que no se puede decir que por la baja del petróleo hay que bajar los precios. Y es por un sencillo motivo: los combustibles nunca subieron por el alza del petróleo. Mal puede aplicarse una baja del crudo cuando nunca llegó a trasladarse”, argumenta.

“Fue complicado pasar una devaluación de más del 100% a los consumidores. No esperamos cambios importantes en los precios. Hay por lo menos cuatro jugadores (YPF, Shell, Axion y el trader Trafigura, con sus estaciones Puma). Es un mercado muy competitivo. Nuevamente, con los precios alineándose con la paridad de importación, creo que vendrán más traders tratando de colocar sus productos y eso pondrá cierto contrapeso en el tema de los precios”, le contestó González a inversores de Wall Street cuando le preguntaron -en varias ocasiones- sobre el futuro de los precios.

En las usinas oficiales también se deslizó, aunque con más cautela, que los márgenes que obtenían los refinadores locales eran superiores a los de sus pares en otros países, como los Estados Unidos.

Ese comentario provoca profundas molestias en la industria. Los principales jugadores hablan de un inmenso perjuicio por no haber traslado el pleno impacto de la devaluación hacia sus precios. A Teófilo Lacroze, titular de Raizen, lo habrían escuchado hablar de una pérdida de varios decenas de millones de dólares. Lacroze fue consultado por Clarín al respecto, pero no contestó.

Entre mayo y julio, cuando la devaluación asomaba, Aranguren había pactado con las petroleras un congelamiento de precios, o una suba moderada, que no se llegó a cumplir. Al respecto, las petroleras también creen que el Gobierno argentino les debe dinero por lo que sucedió esos meses.

“Están comparando la refinación argentina con la estadounidense. Ellos no pagan la gran cantidad de impuestos que nos tocan a nosotros, tienen acceso a otros costos de financiación, a economías de escala, a un mercado libre. Es una comparación injusta”, replican tres empresarios. El 40% de cada litro de nafta local se va en impuestos, según la estimación de las petroleras. En el caso del gasoil, la carga tributaria orilla el 45%.

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