Baile del caño entre el Gobierno y Techint

La transportadora de gas anunció que no cumpliría sus compromisos, declarándose en default. El Gobierno resolvió intervenirla. La disputa es por un negocio que ya no tiene los altos márgenes de ganancias del pasado.
“Lo que hicieron es una barbaridad. Declararse en default por una deuda de 22 millones y medio de dólares, que para ellos son monedas, no tiene nombre. Cuando nos amenazaron con que iban a hacer esto, les dijimos por todos los medios que no lo hagan. Ahora se van a tener que atener a las consecuencias”, le comentaba un funcionario del Gobierno a Página/12, unas horas antes de que el ministro de Planificación, Julio De Vido, anunciara ayer en conferencia de prensa la “intervención temporaria” por 120 días de la empresa Transportadora de Gas del Norte (TGN). La firma está controlada por Gasinvest, un consorcio que integran TecGas, de Techint, y la francesa Total Gas, además de la Compañía General de Combustibles.

El martes 23 TGN, que venía reclamando al Gobierno aumento de tarifas y mejores condiciones para la renegociación de su contrato, informó a la Bolsa (donde cotiza el 20% de sus acciones) que no iba a poder pagar una deuda de 22,5 millones de dólares, entre capital e intereses, con vencimiento el 31 de diciembre. Por lo que se transformó en la primera compañía privatizada que entra en cesación de pagos, con el perjuicio internacional que esto le ocasiona a la Argentina.

El interventor designado es Roberto Darío Pons, quien actualmente dirige el Centro de Estudios Económicos y de Gestión de la Energía de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Según explicó De Vido, Pons “no sustituirá al directorio, sino que tendrá la función de coadministrar junto con el directorio” por un período de cuatro meses. Su función será la de realizar una auditoría societaria integral para fiscalizar el verdadero estado financiero de TGN y las condiciones de prestación del servicio.

“La intervención tendrá como misión y función inspeccionar y fiscalizar que las condiciones de la prestación del servicio de transporte de gas natural a cargo de TGN sean seguras y confiables, que los derechos de los usuarios no se vean afectados por ninguna decisión societaria”, agregó De Vido. Sostuvo además que “se verificará la política financiera llevada adelante por la empresa y la situación de endeudamiento recientemente informada por la licenciataria a las autoridades del Mercado de Valores”.

La severidad del Gobierno para afrontar esta situación quedó clara en dos párrafos de las preguntas que respondió De Vido en la conferencia de prensa. Por un lado, dijo que “si el default era producto de una situación de afrontar los pagos, eso comprometía el servicio y por lo tanto entendíamos que la licencia tenía que volver al Estado nacional que la había concedido”. Y a continuación dio la segunda alternativa: “Pero si el default no era necesario, eso habilitaba al Estado nacional a hacer las investigaciones necesarias: en este caso, el interventor”. Añadió que, si cuadrara, el funcionario actuante debería “hacer las denuncias correspondientes, porque nadie puede caer en default cuando es licenciatario de un servicio público”.

El ministro contó que al tomar conocimiento de que la empresa no iba a cumplir con sus obligaciones, “les comunicamos verbalmente a través de las secretarías de Coordinación y de Energía del ministerio, antes que hicieran el anuncio, que nosotros bajo ningún aspecto íbamos a admitir la situación de default”.

TGN había argumentado que, entre otros motivos, llegó a la situación de default por el congelamiento de las tarifas domésticas, el aumento de los costos operativos y salariales y el recorte de las exportaciones de gas a Chile y Brasil.

En cuanto a la falta de actualización de tarifas, De Vido respondió ayer que “TGN, producto de la voluntad de sus socios, no acordó con el Estado nacional a través de la Uniren la renegociación de su contrato, pero sin embargo tuvo los dos aumentos tarifarios anunciados en dos oportunidades”. Hace pocas semanas, el Gobierno habilitó un aumento del gas en boca de pozo, así como en el transporte y la distribución. En cuanto a la queja de TGN por las restricciones a las exportaciones, el ministro contestó que era “absolutamente previsible” esa situación. “Todos sabemos que la ley argentina prevé que sólo puedan exportarse los excedentes”, puntualizó.

“El interventor podrá hacernos buenos aportes sobre esto porque el gas que se vendía en frontera a 1,20/1,30 dólar el millón de BTU, se vendía en el mercado interno chileno a 29 dólares, y esto también debe ser investigado”, agregó como quien exhibe que le tiene las costillas contadas al contendiente. Y fue más allá: “Sería bueno investigar las razones de este salto de precio y estos supuestos quebrantos del lado de la frontera argentina y pingües ganancias del otro lado de la frontera”.

TGN opera desde 1992 los Gasoductos del Norte (Bolivia/Salta-Buenos Aires) y Centro Oeste (Neuquén-Buenos Aires), lo que totaliza una red de 6.800 kilómetros que incluye 17 plantas compresoras. TGN, desde 2004, está detrás del proyecto de construir el Gasoducto del Nordeste, que llevará gas de Bolivia a Chaco y Formosa. Ayer De Vido dijo que el proyecto se verá afectado por este conflicto. Anticipó que a fines de enero se reunirá con autoridades bolivianas para precisar la disponibilidad de gas de Bolivia para abastecer ese gasoducto y recordó que en la reciente visita de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner a Rusia, el primer ministro Vladimir Putin planteó el interés de que la empresa estatal rusa Gazprom trabaje en la construcción del Gasoducto del Noreste.

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