Presentó un proyecto para que los partidos minoritarios puedan entrar al Parlamento.
“El sistema actual es una espina clavada en el centro de nuestra democracia. Le debe la vida a la dictadura y que se perpetúa a través de la exclusión. Este cambio permitirá que se elijan más parlamentarios en cada distrito y circunscripción y, con eso, puedan ser parte del Parlamento sectores minoritarios, pero importantes de la sociedad, que deben estar representados para que la democracia sea completa”, señaló la mandataria al presentar el proyecto.
Con el proyecto se reducirán los 60 distritos actuales (que eligen casa uno a dos diputados) a 28, y las 19 circunscripciones actuales (representadas ahora por dos senadores) bajarán a 15, cada una equivalente a cada región del país. De los 38 senadores actuales se pasará a 50 (habrá 12 nuevos miembros en la Cámara Alta) y los diputados aumentarán de 120 actuales a 155 (habrá 35 nuevos diputados).
Resistido por la derecha chilema, el nuevo sistema establece que de los 35 nuevos diputados, 15 representarán a la Región Metropolitana. Los distritos más grandes elegirán hasta ocho diputados y los más pequeños tres.
El proyecto considera también una cuota de género que obligará a los partidos a presentar un mínimo de 40 por ciento de las candidatas mujeres. Además, las fuerzas que elijan más mujeres tendrán un incentivo económico.
La iniciativa requiere 72 votos de la Cámara de Diputados y 23 en el Senado para ser aprobada. Ingresó esta tarde al Congreso con urgencia simple. Bachelet recordó que hace tres días se aprobó el voto de los chilenos en el exterior con los sufragios de la oposición, Renovación Nacional y Amplitud e independientes, y llamó en la ceremonia a “profundizar ese camino conjunto”.
Con esta propuesta, Bachelet busca poner fin al sistema binominal, único en el mundo e ideado por la dictadura, que favoreció la formación de dos grandes bloques, excluyendo minorías y frenando grandes cambios por la necesidad de altos quórums para su aprobación. El nuevo sistema busca también legitimar los procesos electorales ante la ciudadanía, que tras la aprobación en 2011 del voto voluntario, protagonizó una abstención de casi el 60% en las últimas elecciones.
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