Un día después de que una bomba casera estallara en el metro de Santiago y provocara heridas en 14 personas, la presidenta de Chile Michelle Bachelet se reunió con el Consejo de Seguridad y advirtió que aplicará “todo el peso de la ley”a los autores del atentado. Entre las respuestas oficiales tras el ataque, la mandataria anunció que habrá modificaciones a las leyes antiterrorista y de inteligencia.

“No nos va a temblar la mano. No permitiremos que un grupo de terroristas y cobardes afecten nuestra vida”, enfatizó Bachelet, tras encabezar la cumbre de la que participaron los ministros del Interior, de Justicia, Carabineros, la Policía de Investigaciones y los jefes de la Agencia Nacional de Inteligencia.

“Los que llevan adelante estas acciones creen que nos van a atemorizar. No vamos a permitir que un grupo reducido de terroristas y cobardes asusten a la mayoría que quiere un país en paz, éste es el momento de la unidad para que todos los sectores rechacemos a estos cobardes”, continuó Bachelet.

Luego de marcar posición ante el ataque, la presidenta le habló al ciudadano común, que es el que sufrió la explosión y el que, según sus propias palabras, debe mantener la calma en este momento delicado: “La colaboración de la comunidad resulta fundamental, necesitamos una actitud vigilante”, sostuvo.

La reunión de seguridad, que tuvo por objetivo analizar en profundidad lo ocurrido el lunes y definir lineamientos para hacer frente a este tipo de episodios, ocurre un día después de que el ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, exigiera “resultados lo antes posible” a las policías y al Ministerio Público, con el fin de ubicar a los responsables del ataque explosivo.

“Están los recursos económicos y humanos disponibles y por lo tanto necesitamos los resultados lo antes posible, el fiscal a cargo sabe muy bien que cuenta con todos los recursos necesarios, y en ese sentido, nosotros como gobierno esperamos resultados lo antes posible”, remarcó ayer el ministro.

Por ahora, la única pista es una imagen de una cámara de seguridad que muestra a dos jóvenes poniendo un bulto en el basurero donde fue la explosión. Esos dos sospechosos luego escaparon en un Chevrolet Corsa sin que se sepa ningún dato más de ellos.

En tanto, desde la oposición no dudaron en recordar que ya hace semanas se le había advertido al gobierno acerca de la necesidad de darle a la Ley Antiterrorista mayores atribuciones, debido a que en el país existían indicios de actos terroristas. Los presidentes de las derechistas Unión Demócrata Independiente (UDI) y Renovación Nacional (RN), Ernesto Silva y Cristián Monckeberg, respectivamente, le exigieron al gobierno que actúe con rapidez y firmeza ante un hecho que la propia presidenta no dudó en catalogar como “acto terrorista”.

La ley antiterrorista, legada por la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), amplía los tiempos de detención, permite testigos secretos, interferir comunicaciones y contempla elevadas penas.

Por otro lado, fuentes médicas confirmaron ayer al mediodía que los 14 lesionados evolucionaban satisfactoriamente, al punto que nueve de ellos fueron dados de alta, aunque otros dos aún presentaban heridas de gravedad.

En tanto, se pudo constatar que ayer desde la mañana unos 500 policías estuvieron a cargo de la custodia de todas las estaciones del subte de Santiago, luego de que se hicieran al menos dos llamadas falsas que dieron aviso de una supuesta nueva bomba en el metro de la capital.

Las autoridades informaron que las investigaciones sobre el atentado apuntan como responsables a integrantes de grupos anarquistas no identificados que desde principios de 2014 plantaron artefactos en diferentes puntos de la capital.

Desde enero se registraron 29 bombas, algunas fueron desactivadas, pero el ataque del lunes rompió todos los moldes: fue puesta a plena luz del día, en un lugar lleno de público, a metros de una de las más grandes estaciones del tren subterráneo rodeada por una serie de galerías comerciales y por primera vez dejó heridos.

“Creemos que se trata de organizaciones anarquistas que no tienen una vida orgánica que permita un seguimiento. Eso dificulta para determinar con mayor precisión y rapidez quiénes están detrás de estos atentados”, dijo el fiscal nacional subrogante Alberto Ayala.

Ante la falta de resultados desde que un fiscal especial investiga los ataques, hace dos meses, Ayala dijo que “si se analiza la complejidad del tipo de delitos, no podemos hablar de fracaso” y agregó que los datos de la investigación “no están absolutamente disponibles” y que “son difíciles momentos, son delitos muy difíciles de investigar”.

Los investigadores infieren que estos últimos atentados tienen como objetivo la línea del transporte público, conformada por el tren subterráneo y autobuses, que a diario mueven en la ciudad a unos cinco millones de personas.