Bachelet aceptaría discutir un indulto para represores

La presidenta chilena, Michelle Bachelet, aceptó ayer la posibilidad de discutir un indulto a militares condenados por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura de Augusto Pinochet.
No he analizado ese tema en particular. No me cierro a mirar todas las propuestas que lleguen y mirar cuál es el grado de acuerdo que podemos tener en la sociedad chilena", dijo la jefa de Estado.

Bachelet hizo el comentario en una radio, consultada sobre la posibilidad de dictar un indulto masivo a reos, como pide la Iglesia Católica, con motivo del bicentenario de la independencia, en 2010.

El comentario presidencial provocó el malestar inmediato de las organizaciones de derechos humanos. "La presidenta no puede equivocarse, no puede cometer un error tan sentido, tan profundo", dijo a Mireya García, vocera de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD).

"Ella tiene una responsabilidad mayor que ningún otro presidente", agregó en relación a la condición de ex prisionera política de Bachelet. También surgieron voces críticas desde el gobierno, aunque más cautas. El ministro de Obras Públicas, Sergio Bitar, también ex preso político, rechazó la opción de un indulto general a represores. "No puede hacerse la vista gorda con violaciones masivas de los derechos humanos y, por lo tanto, el que fue castigado fue castigado y el indulto en esas circunstancias no va", dijo. No obstante, matizó que la respuesta de Bachelet sólo apuntaría a algunos casos específicos. Consciente de las sensibilidades que el tema despierta, la propia Bachelet también buscó suavizar sus dichos durante la entrevista.

"Los presidentes podemos tomar decisiones sobre muchos temas, pero hay temas que son particularmente delicados, y por eso creo que yo no me cierro a mirar este tema seriamente", sostuvo.

Durante la dictadura militar (1973-1990), unos 3.000 chilenos fueron ejecutados o desaparecidos. Otros 50.000 padecieron torturas, incluidos niños de dos años, según informes oficiales. Actualmente, unos 711 agentes civiles y uniformados de los servicios de seguridad están procesados, pero sólo 50 de ellos tienen condenas definitivas. Entre estos últimos figuran los jefes de la plana mayor de los aparatos represivos.

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