Baca insiste en la reforma para garantizar el acceso a la información pública

El diputado radical Pablo Baca volvió a plantear la necesidad de modernizar la legislación provincial sobre acceso a la información pública y en tal sentido propuso una reforma integral que tiene como objetivo garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública, eliminar disposiciones que actúan como restricciones, crear un organismo destinado a entender en esta materia y especificar las obligaciones del Estado referidas a publicidad de actos de gobierno para aumentar la transparencia.
El proyecto que tomará estado parlamentario en la sesión de este jueves, 30 de abril, recupera aportes efectuados por diversas entidades de la sociedad civil y unidades académicas, que el año pasado analizaron un proyecto que sobre la misma materia presentara Pablo Baca.

Cabe indicar que entonces remitieron informes con observaciones y sugerencias la Asociación por los Derechos Civiles, la organización ANDHES, la Asociación Warmi Sayajsunqo, la carrera de Comunicación de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Jujuy y la carrera de Periodismo de la Universidad Católica de Santiago del Estero y especialistas como el Lic. Iván Lello, el doctor Pablo Palomares. Estas entidades y miembros del colectivo de periodistas Otra Tinta participaron el año pasado de una reunión de la Comisión de Asuntos Institucionales donde se analizó el proyecto originario promovido por Baca.

Los cambios propuestos

El nuevo proyecto propone una reforma integral de la Ley 4444. En el primer Capítulo sobre el Derecho de Acceso a la Información Pública, uno de los cambios introducidos apunta a que el acceso a la información pública se rija por los principios de igualdad, publicidad, celeridad, informalidad y gratuidad, con lo cual quedaría eliminada la tasa retributiva que actualmente se cobra a quienes solicitan información al Estado.

Se introducen además cambios en los requisitos para acceder a la información. En tal sentido, el proyecto establece que para requerir información el o la solicitante sólo debe consignar nombre, apellido y algún domicilio; y se elimina la obligatoriedad de la radicación en la provincia porque viola el Pacto San José de Costa Rica. También, a los efectos de hacer efectivo el derecho, se agrega a la forma de petición escrita, la oral para que quienes no puedan expresarse a través del lenguaje escrito no queden impedidos del ejercicio del derecho.

Por otra parte, el proyecto amplía la nómina de sujetos obligados a dar información, incorporando -además de los tres poderes del Estado y los organismos descentralizados- a las empresas públicas y privadas que gestionen servicios públicos y las entidades de la sociedad civil que reciben fondos provenientes del erario público.

El proyecto también precisa aquellos casos en los cuales el Estado puede negarse a brindar información. En este proyecto las excepciones se han indicado en forma taxativa, para reducir la discrecionalidad en la fundamentación de una denegatoria.

La ley además promueve la creación de un Instituto Provincial de Acceso a la Información Pública, como organismo descentralizado, autárquico y autónomo que tenga como misión específica tutelar, promover el derecho de acceso a la información pública y garantizar su efectivo cumplimiento. "Entendemos que este Instituto debe fijar las políticas públicas en materia de acceso a la información y contribuir a que todas las instituciones puedan cumplir con el deber de informar, a través de diversas herramientas como capacitaciones, manuales, protocolos, etc.", dijo el diputado Baca.

Este Instituto debería trabajar coordinadamente con enlaces o responsables de acceso a la información, en cada uno de los ministerios, entidades descentralizadas, desconcentradas o fuera de nivel. Es decir, las entidades obligadas a informar, deberían designar responsables con carácter de enlace cuya función sea justamente aplicar los principios rectores de la ley y cumplir con las obligaciones prescriptas.

Este Instituto estaría integrado por un Directorio de tres miembros designado por el Poder Ejecutivo y ratificado por la Cámara de Diputados, con la mayoría agravada. Además se prevé un equipo técnico con especialistas en comunicación y gestión de documentación.

Cabe destacar que con el fin de promover el acceso a la información como herramienta de investigación periodística, atendiendo la importancia que han adquirido los medios de comunicación en el fortalecimiento de la democracia, se prevé un mecanismo expeditivo para periodista, para que puedan acceder en un plazo más breve a la información requerida.

Por otra parte, en un Capítulo II la Ley profundiza en las obligaciones del Estado en materia de publicidad de los actos de gobierno, estableciendo entre otras cuestiones, la obligación de producir en forma proactiva información sobre la institución, sus miembros, el presupuesto, control de su ejecución, entre otros temas.

El diputado Baca indicó que el proyecto -así como recupera los aportes de las entidades que se pronunciaron sobre el tema el año pasado- también rescata disposiciones de la Ley 4444, que fuera una norma de vanguardia en el momento de su sanción en 1989. Explicó el legislador que los avances en materia de acceso a la información pública que se han introducido en tratados internacionales de derechos humanos, documentos y jurisprudencia de diversos organismos del sistema internacional e interamericano de justicia, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, obliga a modernizar la norma.

Finalmente abogó para que el debate sobre esta materia -que se inició el año pasado en la Comisión de Asuntos Institucionales- pueda avanzar en la Cámara y se construya un consenso que permita sancionar una ley moderna que se adecue a los tiempos actuales y responda a las demandas de la ciudadanía y la sociedad civil.

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