Así como sucedió con la causa de la valija con casi 800 mil dólares del venezolano Guido Alejandro Antonini Wilson, varios viejos expedientes acumulados en los tribunales federales de Comodoro Py podrían renacer o enriquecerse a partir de los cuadernos del chofer Oscar Centeno y, sobre todo, de las declaraciones prestadas allí por los arrepentidos de ese caso, tanto ex funcionarios como empresarios.

El juez en lo Penal Económico Pablo Yadarola ya citó para el mes que viene a declaración indagatoria al detenido ex ministro de Planificación Julio De Vido y al ex titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) Ricardo Echegaray, en ese entonces a cargo de la Administración Nacional de Aduanas (ANA), entre otros, por el caso de la valija que llegó desde Venezuela en plena campaña electoral 2007 en un vuelo privado aterrizado de madrugada en Aeroparque.

Fue a partir de la declaración del ex titular del órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI) Claudio Uberti, uno de los pasajeros de ese vuelo y quien podría ver complicada su situación en la causa de la valija, donde cuenta con una falta de mérito para procesarlo o sobreseerlo, pero a tiro de un procesamiento a partir de nuevas pruebas. Uberti admitió haber sido "valijero" del fallecido presidente Néstor Kirchner. Pero Yadarola también escuchó a otro chofer que trabajaba para el Ministerio de Planificación que aportó importantes elementos a la causa, según dijeron fuentes judiciales.

El juez federal Sebastián Casanello ya pidió a su colega Claudio Bonadio copia de la declaración del ex titular de la Cámara Argentina de la Construcción (CAC) Carlos Wagner, dueño de la firma Esuco, para ser utilizada en la investigación sobre el pago de sobornos para obras de la empresa Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), donde ya procesó a ese empresario y ex funcionarios por el delito de defraudación a la administración pública.

Pero el mismo magistrado tiene bajo la lupa al menos otros tres expedientes que pueden nutrirse de la causa de los cuadernos. Se trata de la llamada "ruta del dinero K", elevada parcialmente a juicio pero con una parte aún bajo investigación y que podría enriquecerse con la declaración como arrepentido del financista Ernesto Clarens, también denunciado este año en otro caso a cargo de este juez y el fiscal Carlos Stornelli, el mismo que escuchó a los arrepentidos por los cuadernos de las coimas.

La otra causa a cargo de Casanello que se nutrirá de la de los cuadernos es la que tiene por presunto delito en la construcción de dos centrales termoeléctricas en la provincia de Santa Fe y la localidad bonaerense de Ensenada adjudicadas a las empresasIsolux y IECSA, cuando ésta era encabezada por el primo del presidente Mauricio Macri, Angelo Calcaterra, uno de los empresarios que pidió ser aceptado a la Justicia como "imputado colaborador".

La abogada Silvina Martínez, asesora de la ex diputada Margarita Stolbizer e impulsora de varias causas por corrupción de los gobiernos kirchneristas, dijo a Clarín que le pedirá esta semana a Casanello medidas en torno a la financiera de Clarens, Invernes, que hasta ahora había resultado indemne en estos expedientes. La ex funcionaria de la Inspección General de Justicia (IGJ) también aportará la filmación difundida el domingo por el programa televisivo La Cornisa sobre la existencia de una bóveda en donde funcionara la inmobiliaria Sanfelice, Sancho y Asociados en la ciudad de Río Gallegos. Allí trabajó el primogénito del ex matrimonio presidencial, el diputado Máximo Kirchner.

La causa conocida como "Skanska II" también podría recepcionar los datos juntados en la de los cuadernos a partir de las confesiones de los empresarios sobre el pago de coimas para la obra pública, en este caso relacionados con gasoductos. En los próximos días se definirá si este expediente regresa al juzgado a cargo de Daniel Rafecas o permanece en el de su colega Marcelo Martínez de Giorgi. Este caso, al igual que el de AySA, enlaza con el megaescándalo internacional de la constructora brasileña Odebrecht.

En el caso del detenido ex secretario de Obras Públicas, José López, su confesión en la causa de los cuadernos debería ser ratificada en el juicio oral que se le sigue por enriquecimiento ilícito para que pueda ser usada en este último. López ya había ampliado su declaración indagatoria y sostuvo que los casi 9 millones de dólares que revoleó en un convento de General Rodríguez dos años atrás le había sido entregado por personas vinculadas a la política a las que no identificó.

"Hay que ser cuidadosos y que no termine pasando lo mismo que con María Julia (Alsogaray)", dijo a Clarín un magistrado en referencia a la ex secretaria de Recursos Naturales y Ambiente Humano del gobierno menemista. El juez explicó que la fallecida ex funcionaria fue condenada por enriquecimiento ilícito pero después adujo que esa sentencia impedía que se la juzgara por peculado en otro caso de corrupción.

"Hay que tener cuidado con el doble juzgamiento", advirtió esa misma fuente cuando se la consultó por el caso de López, cuyo juicio por enriquecimiento ya se encuentra en marcha -en los próximos días comenzarán a desfilar medio centenar de testigos por Comodoro Py y seguramente concluirá el próximo año- y que tras su declaración como "imputado colaborador" fue trasladado a otro lugar de detención no identificado por seguridad.