Es una foto sorprendente si se toma en cuenta que se está en un año electoral. Intendentes peronistas y de Cambiemos se unieron para hacer un fuerte reclamo en la Corte Suprema de Justicia.

Se unieron para participar de una audiencia en la Corte Suprema de Justicia a raíz de una demanda de una firma petrolera. La audiencia pública que este miércoles se realizó de carácter informativa en el máximo Tribunal, se da en el marco de una causa para determinar si los municipios tienen autonomía para establecer tasas comunales.

Algunos de los jefes comunales de todo el país que participan de la audiencia son: Martiniano Molina, de Quilmes; Verónica Magario, de La Matanza; Jorge Macri, de Vicente López; Walter Festa, de Moreno; Gabriel Katopodis, de San Martín; Diego Valenzuela, Tres de Febrero; Néstor Grindetti, Lanús; Alberto Descalzo, Ituzaingó; Jorge Ferraresi, Avellaneda, entre otros.

Cerca de 40 municipios gobernados por los K, el macrismo, radicales y peronistas, encabezados por Quilmes, contra quien es la demanda, expusieron ante la Corte para seguir cobrando la tasa de seguridad e higiene contra la petrolera de la familia Bulgheroni.

“Estamos unidos en defensa del rol indelegable que tienen los municipios como eslabón primario de nuestra constitución originaria y de la reforma del 94”, dijo Jorge Macri, intendente de Vicente López. “La capacidad de redistribuir, de mirar donde hay un poco más para ayudar al que tiene menos es un rol indelegable del Estado”, agregó.

“Esteban Echeverría es un municipio con un ajustado presupuesto que atiende necesidades de miles vecinos ante la ausencia del gobierno nacional y provincial. Por eso no podemos desestimar recursos. Le pido a la Corte que se ponga del lado de quienes queremos una sociedad más justa”, opinó Fernando Gray, titular del PJ bonaerense.

“Se trata de una acción iniciada por la empresa ESSO Petrolera Argentina S.R.L. (Axion) contra la Municipalidad de Quilmes con el objeto de impugnar la determinación de oficio de la tasa municipal por inspección de seguridad e higiene, por períodos correspondientes a los años 1996 a 2002. La tasa en cuestión se cuantificaba tomando como base los ingresos brutos provinciales del contribuyente”, explica el Centro de Información Judicial, que transmite la audiencia.