No hay de qué avergonzarse

Por: Maximiliano Montenegro.

El oficialismo suele construir un "relato" emancipador, de liberación nacional, alrededor de simples instrumentos de la política económica, y después, cuando debe desandar el camino, sus acólitos se sonrojan desconcertados.

El propio Kirchner se siente a veces prisionero ante la opinión pública de ese relato épico, revolucionario, fundacional, que la realidad se obstina en desmentir. Hoy lo aplaude el establishment financiero. No hay de qué avergonzarse.

La oferta a los holdouts –volver a pasar la gorra en los mercados– es una pieza clave de la política económica en esta etapa superior del kirchnerismo. Con la caja fiscal cada vez más flaca –la recaudación crece al 10% anual mientras los gastos se indexan al 30%–, acceder al crédito externo es un imperativo de la hora. Es la manera de sostener una modesta política keynesiana en los próximos dos años: financiar un programa de obras públicas expansivo, y cubrir el bache que se abrió en la mayoría de las administraciones provinciales, a causa de la recesión.

El momento es adecuado. El dinero sobra en el mercado internacional. Como resultado de las políticas de los bancos centrales de los países desarrollados, las tasas de interés en el Primer Mundo tienden a cero. Y los inversores/especuladores exploran nuevos horizontes a la caza de rentabilidad.

Brasil acaba de emitir deuda en dólares a 30 años a una tasa inferior al 6% anual. Uruguay a 15 años a una tasa similar. En un escenario así sería ridículo que el Estado argentino cancelara vencimientos de capital de la deuda con ahorro fiscal (que se evapora), o echando mano a las reservas del Banco Central. Si se lograra refinanciar esos vencimientos a tasas razonables (¿inferiores al 10%?, ¿cuánto?) se liberarían recursos para impulsar la reactivación.

Pero para ser atendido como los vecinos en el nuevo casino global es requisito ponerse al día con las deudas de apuestas previas. De ahí la oferta que anunció Amado Boudou a los holdouts, los bonistas que no ingresaron al canje de 2005, por un monto de u$s 20 mil millones, más los intereses caídos (otros u$s 7 mil millones).

El ministro también habló entre líneas, para no herir susceptibilidades, del noventista riesgo país. Dijo que si el Estado redujera la tasa que paga por su deuda, facilitaría el crédito a las empresas, destrabando proyectos de inversión que, comparados con las altas tasas que rendían los títulos argentinos, no lucían atractivos. Argumentos que pueden leerse en medios del establishment financiero, como el Financial Times, que elogiaron con entusiasmo el anuncio.

Renovar la chequera del financiamiento externo no suple la necesidad de dotar de certidumbre a la política económica para reconstituir la confianza doméstica. Y de reexaminar las reglas de un modelo productivo que, tras seis años de crecimiento a tasas chinas, mantiene al 30% de la población en la pobreza.

En fin, ¿cuál será la estrategia para desacelerar la inflación? ¿Cómo mejorar las expectativas, devolviendo credibilidad al INDEC? ¿Cómo se resolverá el conflicto agropecuario para aprovechar los precios internacionales? ¿Cuál será el nuevo esquema tributario para financiar la universalización de los planes sociales? ¿Cómo promover nuevos puestos de trabajo –que dejaron de crearse antes de que estallara la crisis externa– cuando en las empresas sobra capacidad ociosa? Etcétera.

Economistas como Roberto Frenkel o Aldo Ferrer –que a diferencia de buena parte de los funcionarios kirchneristas combatieron la convertibilidad y el proceso de endeudamiento menemista– alertan sobre este punto. El mundo juega a favor de la Argentina: por la apreciación del real, la devaluación del dólar, la reactivación de Brasil, la locomotora china a todo vapor y los buenos precios de las commodities, entre otros factores. Pero una vez que el furor en los mercados se disipe, si el Gobierno no apuntala la confianza interna, ni estimula las inversiones en la economía real, el peligro es que los préstamos externos financien la fuga de capitales, ante el menor cambio en el clima internacional, como en otras épocas.

Gran negocio gran. La reapertura del canje es un gran negocio para Citigroup, Barclays y el Deutsche Bank, los tres bancos que acercaron la propuesta al Gobierno y dicen contar ya con bonos en default de sus clientes, por u$s 10.000 millones, listos para ingresar. Se supone que esas entidades –o los fondos de inversión a los que asesoran– compraron papeles de la deuda en default a un promedio de 20 y 22 dólares y ahora el Estado les reconocería un piso entre 32 y 35 dólares. La apuesta oficial es superar un 60% de adhesión, descontando que los fondos buitres continuarán optando por la vía judicial en tribunales extranjeros.

Igualmente, todavía restan varias cuestiones a definir para saber si –efectivamente–, como anunció Boudou, la quita sobre la deuda original sería superior al 65%, la poda impuesta en el canje de 2005: ¿cuál será el precio de corte al que se entregará el nuevo bono en dólares? ¿Cómo se reconocerán los intereses impagos? ¿Habrá, como se descuenta, un cupón atado al PBI, al igual que en 2005, el cual resultó un extraordinario filón para los acreedores? Sólo por ese papelito, este año el Estado desembolsará cash 1.500 millones de dólares.

En lo político, también se abren interrogantes: ¿los legisladores van a votar una suspensión de la ley cerrojo de 2005, que prohibía reabrir el canje, sin conocer cuánto se comprometerá a pagar en el futuro –después de 2011– el Estado? El Ministerio de Economía no puede difundir la propuesta hasta que no sea aprobada por los organismos regulatorios del mercado de valores de Estados Unidos y Europa.

Es probable que el proyecto modifique las alianzas del kirchnerismo en el Parlamento. Difícilmente lo acompañe la centroizquierda, y sí los gobernadores y partidos de centroderecha.

En su afán por volver con los brazos abiertos a los mercados, el oficialismo confirmó también que archivó por este año otros proyectos que seducían a la centroizquierda. La reforma de la ley de entidades financieras (otra norma de la dictadura), que empujaba Carlos Heller. Y, más importante aún, la eliminación de la exención del impuesto a las Ganancias a las rentas financieras.

A propósito, ¿por qué espantaría a los mercados gravar la renta financiera, como ocurre en casi todos los países desarrollados y en países de la región como Brasil, Chile, Colombia, México, Paraguay y hasta Uruguay?

Para más adelante quedará el trago amargo de la llegada de una misión del FMI, que ayer reveló que –a pedido del Gobierno– la auditoría sobre la economía argentina será "reservada, sin informes a la prensa". Con ese documento del artículo IV en trámite, el próximo paso sería avanzar con la renegociación de la deuda en default (u$s 6.800 millones) con el Club de París.

Ya se mencionó en esta columna. Brasil canceló la deuda con el FMI, y nunca repudió la revisión del artículo IV, como también la aceptaron Evo Morales en Bolivia o el gobierno chino. Un informe más de los burócratas de Washington, al que esos países prestan poca atención. Hugo Chávez rechaza el monitoreo del Fondo, pero nunca dejó de empapelar de bonos los mercados de capitales. Sólo Kirchner sobreactuó el relato del modelo de liberación nacional, buscando rédito político, como en tantos otros temas.

Tiene razón Boudou. No hay de qué avergonzarse.

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