Se avecina el primer juicio por trata de personas en Mar del Plata

Desde abril de 2008 rige la nueva ley de trata de personas que contempla severas penas para explotadores sexuales. Los procedimientos realizados en la ciudad permitieron el rescate de numerosas víctimas y la detención de encargados y dueños de "privados".

El 27 de agosto de 2008 la Justicia y la policía allanaron un "privado" de Alvarado al 300, casi Bernardo de Irigoyen y descubrieron que en el lugar ejercían la prostitución seis ciudadanas paraguayas y una brasileña cuyas edades oscilaban entre los 20 y los 23 años. Había, además, una adolescente de 17 años que había ingresado al país desde Paraguay cuatro meses antes con autorización de su madre. El permiso la habilitaba a permanecer 90 días en Argentina con "fines turísticos".

Todas las mujeres admitieron que vivían en el lugar y que la mayoría de las veces salían a pasear en compañía de la encargada: una joven paraguaya de 24 años llamada Gloria. También señalaron que Gloria fue quien las entrevistó en Paraguay y les propuso venir a Mar del Plata para ejercer la prostitución, ofrecimiento que aceptaron para "progresar y ayudar a sus familias". Todas manifestaron que vivían en la pobreza y que se dedicaban a limpiar casas o vender ropa, con lo cual "no les alcanzaba para vivir". La mayoría, pese a su juventud, tienen varios hijos que quedaron a cargo de familiares en Paraguay.

Durante el procedimiento fue detenida la mencionada Gloria, presunta "encargada" del "privado" y a un hombre de nacionalidad argentina, no vidente, de 48 años, llamado Raúl, a quien la Justicia señala como "dueño" del privado.

Cabe señalar que las fuentes judiciales consultadas ofrecieron información sobre los procesos en marcha, pero mantuvieron en reserva los apellidos de los imputados, sin dudas porque las causas se encuentran en pleno trámite.

Una sociedad

Gloria había llegado de Paraguay en 2005 para ejercer la prostitución en un privado de la calle Beruti. Allí conoció a un cliente Raúl- con quien luego habría instalado el prostíbulo de la calle Alvarado.

Al declarar ante la Justicia, Raúl quien se domicilia en un departamento céntrico- negó vinculación con el regenteo del establecimiento al asegurar que "se limitó a subalquilarle la casa a Gloria", con quien tiene una relación "que va más allá de la amistad". También indicó que "una persona no vidente no podría manejar un negocio así".

Raúl reconoció que viajaba frecuentemente a Paraguay junto a Gloria para visitar a la familia de la joven, con lo cual intentó negar que esos viajes apuntaran a captar mujeres para el mercado de la prostitución. Incluso indicó que se aprovechaba de su minusvalía para ahorrar dinero al señalar: "Como soy discapacitado no pago pasaje, al igual que mi acompañante".

Con relación a la noche del operativo, Raul manifestó que se hallaba en su domicilio cuando una de las jóvenes que estaban en el lugar lo llamó para alertarlo de la presencia policial. "Pensé que una vez más estaban molestándolas y ejerciendo presión sobre ellas", dijo Raúl, que concurrió al lugar y comprobó que estaba siendo allanado. Asimismo, afirmó haberse sorprendido cuando la policía encontró a una menor dentro de la casa y añadió: "Pensé que alguna de las chicas había traído a una de sus hijas".

Futuro

En la actualidad Raúl cumple arresto domiciliario por su impedimento físico mientras que Gloria se encuentra detenida.

Accediendo a un pedido del fiscal, el juez Rodolfo Pradas elevó la causa a juicio, de modo que el Tribunal Oral Federal recibió las actuaciones y deberá fijar fecha para iniciar las audiencias. Se trataría, en consecuencia, del primer juicio oral que se desarrollará en Mar del Plata por trata de personas.

Los cargos puntuales que se les formulan son el "acogimiento" de dichas mujeres "con fines de explotación sexual, abusando de su situación de vulnerabilidad".

A Gloria se le imputan, además, otros dos delitos: haber transportado a la menor desde Paraguay el 18 de abril de 2008 y haber intervenido en la captación y posterior traslado de dos mujeres en el mismo país en junio y agosto del mismo año.

Asimismo, a los dos se los acusa de haber "sostenido, regenteado y administrado" un prostíbulo en Alvarado al 300, casi Bernardo de Irigoyen.

"Una chica más"

Gloria negó ser la encargada del lugar y se definió como "una más de las chicas que trabajan ahí". Acerca de la menor, dijo que vivía en ese lugar y que sólo realizaba tareas de limpieza y cocina. "Le pagaba cincuenta pesos diarios y no ejercía la prostitución. Fue la condición que le impuse cuando la traje a la Argentina", aseguró Gloria.

Asimismo, reconoció su vinculación con Raúl -"quien nos alquiló la casa", dijo- y ratificó que viajaban juntos a Paraguay cada 15 días "para visitar a mi familia y supervisar la construcción de mi casa en Ciudad del Este. Viajábamos juntos porque es no vidente y ni el ni su acompañante pagan pasajes". Finalmente, negó haber traído mujeres desde Paraguay, salvo a la menor.

Situación de la menor

La adolescente perteneciente a una familia numerosa y pobre- se dedicaba a realizar tareas domésticas en Paraguay. Al declarar, admitió que al venir a la Argentina "sabía que iba a ejercer la prostitución", actividad que empezó a desarrollar tres días después de su arribo a Mar del Plata. Por otra parte, los investigadores constataron que su sobrenombre aparecía en los registros diarios de "servicios sexuales".

La menor mostró su preocupación por "volver a Paraguay con las manos vacías" y porque su padrastro se enterara de los verdaderos motivos de su viaje.

La menor también manifestó que la encargada del lugar era Gloria y que el dueño era Raúl, quien venía un rato todas las noches y después se iba a dormir a una de las habitaciones de la casa.

Explotación

En su pedido de elevación a juicio, el fiscal Pérez indicó que "de la tarifa abonada por el cliente, el 50 por ciento corresponde a los explotadores, del 50 por ciento restante que correspondería a la mujer que prestó el servicio se descuentan los gastos de vivienda, comida, ropa, limpieza y hasta los preservativos que usan. Si algo queda, tampoco habitualmente poseen el dinero en su poder para disponerlo libremente, ya que el "dueño" o el "encargado" lo conserva con la excusa de evitar gastos "superfluos" y para tener un monto considerable al momento de volver, permitiendo el envío de pequeñas remesas a familiares, los que generalmente son realizados por el dueño o el encargado del privado o algún empleado de éstos".

Situación de vulnerabilidad

El fiscal consideró que el hecho de que las mujeres conocieran por anticipado que iban a ejercer la prostitución, "no atenúa la conducta delictiva" de los imputados.

Al analizar los testimonios de las víctimas, sostuvo que se vuelven "vulnerables al sometimiento de los autores del delito, siendo esa misma vulnerabilidad la que las conduce a admitir esa explotación con el convencimiento de que ésa es la única manera de la que podrán salir de la situación en la que se encontraban viviendo".

Citando a los doctores Alejandro Tazza y Eduardo Carreras ("El delito de trata de personas"), el fiscal Pérez recordó que se encuentra en estado de vulnerabilidad quien "puede ser fácilmente sometido a los designios y voluntad del autor de la comisión delictiva en virtud de las especiales circunstancias en que se encuentra (pobreza, desamparo, necesidades básicas)".

Coacción y control

También apuntó que "como mecanismo de coacción y control se ha utilizado la servidumbre por deuda" y que las víctimas, "en sintonía con lo que les hicieron creer sus explotadores", sienten incertidumbre y desconfianza de la Justicia porque creen que van a ser detenidas o acusadas.

Por otra parte, el fiscal observó que la conducta de las mujeres rescatadas de los prostíbulos se adecua a un patrón común e, incluso, tienen discursos similares: aseguran que se encuentran allí voluntariamente, que las trataron bien, que no sufrieron amenazas y que ahorran dinero. "Todo ello, en aplicación de las instrucciones de sus explotadores, quienes las aleccionan en detalle acerca de cómo proceder en caso de inspecciones o allanamientos", apuntó el fiscal.

En otro orden, pidió que se inicie causa por separado para investigar posibles delitos de acción pública en los que se verían implicados efectivos policiales.

Ello surge de las escuchas telefónicas realizadas antes del allanamiento, en las cuales se habrían detectado comunicaciones de efectivos policiales que exigirían dinero o servicios sexuales gratuitos.

Policía detenido

En la misma noche del 27 de agosto de 2008, la policía y la Justicia allanaron un "privado" de Beruti al 3500, donde detuvieron a un efectivo policial -identificado por las fuentes como René- y a una mujer, Liliana.

Ambos están acusados de acoger a ocho mujeres venidas de Paraguay, cuyo ingreso y estadía habrían promovido, y a cuatro argentinas. Asimismo, se les adjudica "sostener y administrar el privado" con la participación de una mujer -Marcela- que oficiaba de "recepcionista".

También en ese lugar los responsables se quedaban con el 50 por ciento de las ganancias de las víctimas.

Los investigadores constataron que los documentos de las mujeres estaban dentro de un mueble cerrado con candado y que el establecimiento tenía un circuito cerrado de televisión y rejas en todas las aberturas.

Algunas de las mujeres intentaron favorecer a los imputados al asegurar que ellas mismas compraron el mueble para tener a buen resguardo sus documentos y que pidieron las rejas y el sistema de circuito cerrado "por cuestiones de seguridad".

El juez Rodolfo Pradas dictó la prisión preventiva del policía y de Liliana y procesó sin prisión a Marcela al considerarla partícipe secundaria.

Madre e hijo procesados

El tercer proceso derivó de un allanamiento realizado el 17 de febrero de 2009 en 20 de Septiembre al 50, donde detuvieron a una mujer y a su hijo.

En esta etapa del proceso, la Justicia consideró que en el lugar había tres personas encargadas de custodiar el local donde se desempeñaban diez mujeres -nueve paraguayas y una dominicana- quienes perdieron "de modo considerable la libertad de elección y de decisión respecto de cesar o alejarse de esa actividad".

A Cristian, un joven de aproximadamente 25 años, se lo acusa de ser el "encargado del local", tarea que incluía -entre otras actividades- la retención del 60 por ciento de lo que ganaban las mujeres. A su madre, por su parte, se le imputa ser la dueña del local.

La Cámara Federal de Mar del Plata confirmó la prisión preventiva de ambos imputados. Según trascendió, la mujer afronta una grave enfermedad y cumple arresto domiciliario mientras que su hijo permanece detenido.

"Decomisar las viviendas donde funcionan prostíbulos"

Curiosamente, varios de los prostíbulos allanados siguieron funcionando después del procedimiento policial y judicial. Ante tal circunstancia, el fiscal federal general de Mar del Plata, doctor Daniel Adler, instruyó en marzo a los fiscales para que, una vez constatada la comisión del delito de trata de personas, requieran al juez actuante la clausura de los lugares en que las víctimas eran explotadas.

En fecha más reciente -el 24 de agosto- se conoció una enérgica resolución del procurador general de la Nación, Esteban Righi, quien instruyó a los fiscales federales del país para que diligencien la clausura de todos los prostíbulos de sus jurisdicciones "independientemente del avance del proceso penal".

Asimismo, indicó que los fiscales deben pedir a los jueces el "decomiso" de las viviendas donde se ejerce esa actividad a efectos de atacar económicamente a las organizaciones de trata de personas.

Por otra parte, indicó que los fiscales deberán identificar a los "funcionarios o agentes" que aparezcan implicados en dicha actividad.

Los alcances de la nueva ley

La Ley 26.364, de "Prevención y sanción de la trata de Personas y asistencia a sus Víctimas" fue promulgada el 29 de abril de 2008 y contempla penas de 3 a 6 años de prisión a quienes:

- Transporten o trasladen personas mayores de 18 años, ya sea dentro del país o de un país a otro.

- Reciban o acojan a personas mayores con fines de explotación cuando mediare engaño, fraude, violencia, amenaza o cualquier medio de coersión, abuso de autoridad o de una situación de vulnerabilidad.

- A quienes paguen "para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre la víctima, aun cuando existiere consentimiento de ésta".

El monto de la pena se eleva de 4 a 10 años en los siguientes casos:

- Si el autor es ascendiente, cónyuge, afín en línea recta, hermano, tutor, persona conviviente, curador, encargado de la educación o guarda, ministro de algún culto reconocido o no, o funcionario público.

- Si el hecho es cometido por tres o más personas en forma organizada o si las víctimas son tres o más.

Si la víctima es menor la ley castiga al responsable con penas de cuatro a diez años de prisión, pero si tuviera menos de 13 años dichos montos se elevan de seis a quince. El sólo hecho de transportar, acoger o explotar a un o una menor los hace pasibles de esas condenas, aun cuando no haya habido engaño, fraude, violencia, amenaza o cualquier medio de intimidación. En caso de existir esas circunstancias, las penas se elevan de 10 a 15 años.

De acuerdo al texto de la ley, comete el delito de "explotación" quien reduce o mantiene a una persona en condición de esclavitud, quien obliga a una persona a realizar trabajos o servicios forzados y quien promueve, facilita, desarrolla u obtiene provecho de cualquier forma de comercio sexual.

Asimismo, la ley establece que las víctimas deben recibir información sobre sus derechos en un idioma que comprendan y en forma accesible a su edad y madurez; recibir alojamiento apropiado, manutención, alimentación suficiente e higiene personal adecuada. Asimismo, deben contar con asistencia psicológica, médica y jurídica gratuitas; prestar testimonio en condiciones especiales de cuidado y tener protección frente a toda posible represalia contra su persona o su familia, pudiéndose incorporar al programa nacional de protección de testigos.

También las autoriza a permanecer en el país y a recibir la documentación correspondiente "o que se les facilite el retorno al lugar en el que estuviera asentado su domicilio".

La Justicia local no suministró información sobre los sitios donde fueron alojadas en Mar del Plata por razones de seguridad.

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