Avanzó la expropiación de 350 hectáreas en Senillosa

Son lotes ocupados por productores, que están en litigio judicial con una empresa titular del dominio. Hay consenso en la Legislatura para expropiar esas tierras para mantenerlas en manos de quienes se dedican a la producción.
Tuvo respaldo unánime en la comisión de Asuntos Municipales la expropiación por parte del Estado de 350 hectáreas de tierra que ocupan productores rurales en la localidad de Senillosa.

Durante la reunión semanal del cuerpo que preside la diputada Fanny Longo, el proyecto fue girado a las comisiones de Hacienda y Presupuesto y Asuntos Constitucionales, respectivamente, con lo que se completará su tránsito por las comisiones y quedará habilitado para ser sancionado.

Las 350 hectáreas comprenden lotes que están en litigio judicial iniciado por el titular de dominio, Carpostas S.A., y que ya tiene sentencia de primera instancia que ordena el desalojo de los ocupantes. Los vecinos apelaron el fallo y están a la espera del pronunciamiento de la Cámara.

Durante el debate, el diputado del MPN, José Russo, ratificó la finalidad social de la iniciativa y el objetivo de evitar que se convierta en el negocio inmobiliario "de algún pícaro".

Informó que los vecinos tienen la intención de resarcir al Estado con el pago de las tierras. A la vez, destacó la decisión política para expropiar las tierras con "un basamento jurídico" y recordó iniciativas anteriores que proponían la expropiación de lotes que ya estaban expropiados.

En ese sentido, explicó que el tema comenzó hace seis años y mencionó las leyes Nº 2427 y Nº 2428 que autorizaron la expropiación de siete y ocho lotes del sector, respectivamente.

A su turno, la legisladora Soledad Martínez, de Alternativa Neuquina, remarcó que el proyecto garantiza la continuidad de los emprendimientos que funcionan actualmente en esas parcelas. Señaló algunas reformas realizadas al proyecto presentado sobre tablas durante la última sesión y citó por caso, la desafectación de lotes a la cárcel de Senillosa para destinarlas a emprendimientos productivos.

Agregó que los ocupantes deberán acreditar las medidas adoptadas para poner las tierras en producción y dijo que tal requisito será aprobado y fiscalizado por el ministerio de Desarrollo Territorial.

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