Avanzan en la definición de la emergencia en seguridad

Avanzan en la definición de la emergencia en seguridad

Jaldo se reunirá con los miembros de tres comisiones y analizarán los proyectos de ley. Luego, Sanjuán y Poviña irán a la Legislatura Los legisladores recibirán a magistrados judiciales hoy por la tarde.

Hoy y mañana, los legisladores se entrevistarán con magistrados judiciales para analizar los alcances de la Emergencia en Seguridad. A las 12 está previsto que el vicegobernador, Osvaldo Jaldo, se reúna con los miembros de las comisiones de Asuntos Constitucionales; Seguridad y Justicia; y Adicciones. Por la tarde están invitados el juez federal N° 2 de Tucumán, Fernando Luis Poviña, y el vocal de la Cámara Federal de Apelaciones, Ricardo Sanjuán. El martes podrían asistir miembros del Poder Judicial de la provincia. 

Jaldo está a cargo del poder Ejecutivo porque el gobernador, Juan Manzur, se encuentra en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia). El viernes, antes de irse, se produjo un cruce de mensajes a raíz de la declaración de la Emergencia. Ambos funcionarios anunciaron casi en paralelo medidas similares: Jaldo, el tratamiento de la adhesión al decreto del Poder Ejecutivo Nacional y Manzur, un decreto de Necesidad y Urgencia (DNU). 

Ese mismo día por la tarde, en labor parlamentaria las autoridades de la Cámara y los presidentes de todos los bloques políticos acordaron que tratarán la adhesión de la provincia al decreto presidencial que declara la emergencia en seguridad pública. Y definieron una sesión para el jueves en la que solo se tratará este tema. Se prevé el análisis de cinco proyectos de ley (elevados desde diferentes bancadas políticas) y del decreto de necesidad y urgencia (DNU) dictado por el jefe del PE y su gabinete.

El jueves, el juez federal Poviña había dicho que si no se le ponía un freno al narcotráfico, Tucumán terminaría siendo como Rosario. 

Por su parte, Sanjuán fue tajante y manifestó que en la provincia sucedía lo mismo que en la Nación, “no hay una política de Estado”. Y explicó que esto no significaba el avance del narcotráfico, sino “el retroceso del Estado”. 

La emergencia que propone el Ejecutivo provincial tendrá un alcance de un año y permitirá que el Gobierno suscriba convenios y protocolos con fuerzas de seguridad nacionales que sean necesarias y adquirir bienes y servicios para cumplir los objetivos. 

La declaración de Emergencia de Seguridad Pública decretada por el PEN propone revertir el peligro colectivo generado por el delito complejo y el crimen organizado. Operativos de fronteras, fortalecimiento del control de Puertos, Hidrovías y Mar Argentino. Reglas de Protección Aeroespacial y creación del gabinete de Seguridad Humana.

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