Mientras el gobierno de María Eugenia Vidal trabaja para cerrar el recálculo del valor de todas las tierras urbanas y rurales de la provincia de Buenos Aires, intendentes, legisladores y entidades ligadas al campo piden frenar el revalúo y advierten que impactará en alzas extraordinarias -de entre 1000 y 2000%, calculan- en el impuesto inmobiliario del año próximo. El gobierno provincial aún no cerró la ley impositiva 2017, que en su política fiscal graduará, finalmente, el impacto impositivo del revalúo.

El gabinete de Vidal discute hoy, en privado, el alcance que tendrá el nuevo revalúo de tierras urbanas y rurales. “Estamos cumpliendo con una ley. El último revalúo se hizo en 2005. Y se debe actualizar cada diez años”, dijo el ministro de Economía, Hernán Lacunza, a La Nación. Y agregó: “Una cosa es el revalúo, otra, la política tributaria. No está decidido cómo se instrumentará aún. Es muy distinto en el interior de la provincia que en el conurbano”, dijo Lacunza. Y concluyó: “Lo que puedo anticipar es que no habrá ninguna variación desmedida”.

El instrumento permite mejorar la recaudación, dado que sube la base imponible de la tierra. La política fiscal y, en concreto, el valor de las alícuotas del inmobiliario, que termina de trabajar el ministro Lacunza, determinarán el impacto en el bolsillo de los contribuyentes.

El trabajo del revalúo ya está en su última etapa: fue elaborado por representantes de la Agencia de Recaudación de Buenos Aires (ARBA), intendentes y concejales que trabajaron en comisiones para el “recálculo de valores de la tierra urbana y suburbana libre de mejoras y sus edificios, las mejoras rurales y las plantaciones”. La iniciativa incluye a clubes de campo, barrios cerrados, clubes de chacra y emprendimientos similares.

Las comisiones deberán proponer nuevos valores, que entrarán en vigor el 31 de diciembre de este año. Algunos intendentes -sobre todo los opositores al gobierno- firmaron en disidencia las actas que se elevaron a ARBA para cumplir con la ley que ordena el revalúo.

Por caso, Mario Secco, intendente de Ensenada, firmó en disconformidad y advirtió que la medida recargará entre un 700 y un 1900% el bolsillo de los contribuyentes, ya que golpeará no sólo en el impuesto inmobiliario, sino también en sellos, trasmisión de bienes personales y tasas. El alcalde dijo en un documento oficial que el incremento para los comerciantes de ese distrito estará en el orden del 1200%.

El intendente de San Nicolás, Ismael Passaglia -un peronista devenido aliado del gobierno de Vidal-, dijo a LA NACION: “El revalúo por ley se tiene que hacer cada diez años. El impuesto inmobiliario se calcula en base al valor fiscal y la alícuota. En los últimos años sólo se movió la alícuota, porque si se aumentaba el valor fiscal se aumentaban los impuestos a los bienes personales y sellos. Por lo tanto, creo que si en este momento se aumenta la valuación fiscal habrá que bajar la alícuota. En eso tengo mucha confianza en que la gobernadora va a ser sumamente racional”.

En cambio, desde el Frente Renovador el diputado Pablo Garate reclamó al gobierno bonaerense que reformule el decreto por el que convocó al revalúo, ya que advirtió que tendrá un impacto de entre el 1300 y el 1700% en el bolsillo de los contribuyentes.

El titular de ARBA, Gastón Fossati, fue una de las voces oficiales que intentó llevar tranquilidad a los vecinos. Dijo que el revalúo no implica necesariamente un aumento en el impuesto inmobiliario.

Fossati explicó que “si bien este trabajo sirve como base de cálculo, lo concreto es que el valor del impuesto depende de la política tributaria que defina el Ejecutivo y que luego sea puesta a consideración de la Legislatura mediante la ley impositiva. Es decir que no existe una relación automática ni directa entre la actualización de los valores de las propiedades y una variación impositiva que, en todo caso, responde a una decisión posterior”.

En ese marco, puntualizó que “hoy estamos en una instancia técnica, trabajando en comisiones junto a los municipios, que nos aportan el conocimiento que tienen sobre su territorio para lograr un análisis más preciso de las valuaciones, garantizando un procedimiento transparente. De esta forma cumplimos con lo que establece la ley de catastro, que prevé una actualización de los valores inmobiliarios por lo menos una vez cada 10 años”.

Del mismo modo resaltó que “a la hora de diseñar la política tributaria, contar con datos precisos sobre el valor de los inmuebles posibilita corregir las distorsiones que se generan cuando las valuaciones fiscales no reflejan la realidad de las diferentes capacidades contributivas”.

En cuanto al impacto que una actualización de los valores inmobiliarios podría generar en las tasas municipales, Fossati hizo hincapié en que “son los propios municipios quienes resuelven si usan o no las valuaciones de ARBA como base de cálculo y, al mismo tiempo, también son ellos quienes deciden qué política tributaria adoptan en cada municipio”.

Los ruralistas no están muy tranquilos con la explicación del gobierno. En la última mesa de enlace, el ministro de Agroindustria, Leonardo Sarquis, convocó a su par de Economía para intentar llevar tranquilidad a los productores. “Se dijo que iba a aumentar un 2000%. Es una locura total desmentida por el ministro de Economía y por mí”, dijo Sarquis a La Nación.

A partir de la reunión de la Mesa de Enlace con Lacunza, se acordó una mesa técnica de los referentes impositivos de las entidades con el Ministerio de Economía para seguir trabajando en las propuestas. (La Nación)