Avanza la reprivatización vial por 30 años

Están incluidas la Autovía 2 y la rutas provinciales 11, 36, 56, 63 y 74, y una vez finalizadas las obras se incorporará la ruta 88 que conecta Mar del Plata con Necochea.
El Poder Ejecutivo bonaerense promulgó ayer la ley 14.105 que habilita a llamar a licitación pública nacional, para otorgar la concesión de obra pública por peaje, por 30 años, del denominado Corredor Vial del Atlántico.

En este corredor están incluidas la autovía 2 y la rutas provinciales 11, 36, 56, 63 y 74 y una vez finalizadas las obras, se incorporará la 88 que conecta Mar del Plata con Necochea, condición que fuera impuesta por los legisladores radicales para aprobar la norma.

En la ley publicada ayer en el Boletín Oficial se destaca que el Poder Ejecutivo, previa autorización legislativa, podrá incorporar con esta modalidad otras rutas, "a partir del crecimiento del tránsito; de las necesidades de desarrollo turístico y productivo y de seguridad vial".

El plazo máximo de concesión se fijó en 30 años "a partir de la posesión del adjudicatario", con una revisión trianual "para asegurar la adecuada operación, incrementar la seguridad vial y brindar un adecuado servicio al usuario". Pero en el pliego de licitación se deberá fijar el plan director de obras, pautas de diseño, mantenimiento vial y servicios complementarios y el peaje "deberá ajustarse a la modalidad de tarifa máxima -techo de 50 pesos-, determinando su correspondiente tasa interna de retorno".

La ley subraya que el Estado provincial "no otorgará garantías de tránsito mínimo ni avales del sector público". La contribución del concesionario a Estado se estableció en un 4 por ciento de lo que recaude en concepto de peaje y los montos generados serán transferidos a un fondo fiduciario que administrará Bapro Mandatos y Negocios SA, y se abonará dentro de los 15 días vencidos cada mes.

Coparticiparán a municipios

Este fondo será distribuido con periodicidad bimestral entre los municipios por cuya jurisdicción pase la traza, "en base a parámetros objetivos a determinar por la autoridad competente", que designará el Ejecutivo.

El pago que deberá realizar el concesionario en concepto de impuesto a los Sellos sobre el contrato de explotación, "será abonado en diez cuotas semestrales iguales y consecutivas, durante los primeros cinco años" y serán destinados por el gobierno para la realización de obras en el Corredor Vial.

Los acuerdos vigentes que el gobierno provincial mantiene con las actuales concesionarias, Covisur en la Autovía 2 y Caminos del Atlántico en la ruta 11 y complementarias, para permitir que aún antes de la finalización del contrato el nuevo adjudicatario pueda tomar posesión, deberán formar parte del pliego licitatorio y ser aceptados en forma expresa por los nuevos oferentes.

La aprobación de la futura concesión deberá ser refrendada por una comisión creada por esta ley, que estará integrada por 9 miembros; 3 designados por el Poder Ejecutivo y seis legisladores -3 diputados y tres senadores- que designará la presidencia de cada Cámara.

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