Avanza con polémica el proyecto de extracción compulsiva de ADN

La oposición denuncia que el Gobierno podría usar la iniciativa contra la directora de Clarín
Las disposiciones del Gobierno no admiten demora, y sus diputados actúan en consecuencia. Por tal motivo, este miércoles la Cámara de Diputados apurará la aprobación del proyecto de ley que faculta a la Justicia a la extracción compulsiva de ADN para identificar hijos y nietos de personas desaparecidas durante la última dictadura militar.

La iniciativa ya despertó polémica. El oficialismo aduce que este proyecto se inscribe en la obligación del Estado argentino de perseguir y sancionar penalmente a los responsables de crímenes de lesa humanidad y reparar a sus víctimas. Ese compromiso consta en distintos pactos internacionales que el Estado suscribió.

"Con este proyecto se busca regular la obligación del Estado de reparar a aquellas personas que, siendo niños, fueron víctimas de desaparición forzada, estableciendo un procedimiento para realizar todas aquellas medidas que permitan conocer su identidad", se afirma en el proyecto de ley.

Sin embargo, la oposición sospecha que el Gobierno esconde otro propósito. La diputada Elisa Carrió (Coalición Cívica) fue la primera en exponer esas sospechas en público, hace diez días: "Esa ley no está dirigida a proteger los derechos humanos, sino que está dirigida, y tiene nombre y apellido, a los hijos de la señora [Ernestina] Herrera de Noble [directora de Clarín ]. Quiero denunciar al matrimonio [Kirchner]. Esto es fascismo puro. El principio de la integridad y de la autonomía personal está por encima. Es una ley de persecución. Están violando los derechos humanos para una venganza personal".

La directora de Clarín afronta desde hace años una causa judicial en la que se investiga si sus dos hijos fueron adoptados ilegalmente en 1976 y se intenta establecer el origen de ambos.

El jefe del bloque de diputados radicales, Oscar Aguad, criticó el proyecto. Coincide con Carrió en que fue concebido para perjudicar a la directora de Clarín , pero sus reparos van más allá. "Una persona mayor de edad tiene derecho a optar si quiere conocer su verdadera identidad o no. Este proyecto viola ese derecho", aduce.

En la misma línea se pronunció, en declaraciones radiales, el ex fiscal del juicio a las juntas militares, Julio César Strassera: "No se puede tratar de defender los derechos humanos contra los derechos humanos".

En la vereda contraria, la diputada Victoria Donda (Encuentro Popular y Social), que es hija de padres desaparecidos, defendió el proyecto oficial. "Aquí de lo que se trata es de la obligación del Estado de castigar a los responsables de delitos de acción pública, como es la sustracción de menores, como también de identificar a las víctimas. Es un derecho de la sociedad conocer la verdadera identidad de quienes fueron víctimas de la dictadura", enfatizó.

La legisladora aclaró, además, que el proyecto de ley no propone un método compulsivo e invasivo para la obtención de ADN, al aludir el primer artículo de la iniciativa. Allí se establece que "serán admisibles [para el análisis] mínimas extracciones de sangre, saliva, piel, pelo u otras muestras biológicas", las cuales serán practicadas "del modo menos lesivo para la persona, preservando su pudor".

De todas maneras, en otro párrafo se establece que "si el juez lo estima conveniente, y siempre que sea posible alcanzar igual certeza con el resultado de la medida, podrá ordenar la obtención de ADN por medios distintos de la inspección corporal, como el secuestro de objetos que contengan células ya desprendidas del cuerpo, para lo cual podrán ordenarse medidas como el registro domiciliario o la requisa personal".

Calumnias e injurias, en debate

* La Cámara de Diputados podría tratar el miércoles próximo el proyecto oficial para eliminar la figura penal de calumnias e injurias de la prensa que la presidenta Cristina Kirchner envió al Congreso en medio del debate por la modificación de la ley de medios audiovisuales. Según se justificó en ámbitos oficiales se trata de cumplir con un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en ese sentido.

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