Avanza una legislación en seguridad privada

En la Cámara de Diputado de la Nación destacan la escasez de información fidedigna sobre las empresas de vigilancia

POSADAS. En la Cámara de Diputados de la Nación se analizará un proyecto de ley que tiene por finalidad clarificar los pormenores que rodean al negocio de la seguridad privada.

En el artículo 2 del proyecto se destaca que “los servicios privados de seguridad, investigaciones, vigilancia y o custodia tendrán carácter federal e interjurisdiccional cuando: la prestación de servicios de seguridad privada se lleve a cabo en lugares o establecimientos de propiedad del gobierno nacional o en jurisdicción federal; la prestación de servicios de seguridad privada esté relacionada con el transporte internacional, interprovincial y desde o hacia la Ciudad de Buenos Aires; el servicio de seguridad se preste con fines de custodia personal, en más de una jurisdicción”.

Mientras que en el tercer artículo se define que las actividades a reglar comprenden: la vigilancia privada, que es “la prestación de servicios que tiene como objetivo la seguridad de personas, bienes y actividades lícitas de cualquier naturaleza”.

Las custodias personales, que consisten “en el servicio, con carácter exclusivo, de acompañamiento, defensa y protección de personas determinadas”.

Junto con la custodia de bienes o de valores, “que es la actividad destinada a satisfacer requisitos de seguridad en edificios, casa centrales, agencias, sucursales, delegaciones, como así también bancos, entidades financieras y el transporte de caudales, dinero, valores y mercaderías realizados con medios propios o por terceros. Dicha actividad, es regulada por la Ley de Entidades Financieras Nº 19.130, la Ley de Transporte de Cargas Nº 24.653, la Ley de Lavado de Dinero Nº 25.246 y demás normativa aplicable”.

Sumado a la investigación, que es “la que procura información sobre hechos y actos públicos o privados requeridos por cualquier persona física o jurídica en salvaguarda de sus derechos e intereses legítimos. Las tareas de investigación privada podrán ejercerse al solo efecto de acopiar elementos de prueba para su ofrecimiento en juicios vinculados a los fueros civil, comercial y laboral”.

También se incluye a la “vigilancia con medios electrónicos, ópticos y electro-ópticos, que comprende la comercialización, instalación y mantenimiento de equipos, dispositivos y sistemas de seguridad electrónica para la protección de bienes, personas y contra el fuego u otros siniestros y de sistemas de observación y registro, de imagen y audio, así como la recepción, transmisión, vigilancia, verificación y registro de señales y alarmas”.

Información oficial

En el artículo 5 se establece que “quienes presten servicios privados de seguridad y custodia estarán obligados a colaborar con las fuerzas de seguridad y fuerzas policiales de la Nación y de los Estados provinciales, no pudiendo en ningún caso reemplazarlas ni interferir en sus funciones específicas, debiendo prestarles auxilio y seguir sus instrucciones en relación con las personas o bienes cuya seguridad estuvieren encargados”.

Mientras que en el apartado sexto se estipula que “los prestadores de servicios privados de seguridad y custodia se encuentran obligados a poner en conocimiento de la autoridad policial o judicial correspondiente, en forma inmediata, todo hecho delictivo del que tomen conocimiento sus responsables o empleados en el ejercicio de sus funciones”.

Otro de los puntos destacados se centra en la obligatoriedad de quienes desarrollen actividades de seguridad privada de contratar un seguro de responsabilidad civil para los eventuales daños a terceras personas, según el artículo 12 de la iniciativa.

El autor del proyecto es el legislador misionero Miguel Ángel Iturrieta, quien aseveró que “la iniciativa fue aprobada por la Comisión de Seguridad Interior”. Agregó que la Argentina es el único país de América del Sur que no cuenta con una legislación sobre las empresas de seguridad privada.

Las informaciones fidedignas sobre las empresas que prestan servicios de vigilancia no se conocen en la actualidad. “Estos datos van a estar en el Registro Nacional de Armas (Renar). Toda esta información va a estar en el Ministerio de Justicia de la Nación”, agregó.

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