Avanza en la justicia federal la investigación por la estafa con las tarjetas alimentarias

El fiscal federal Gustavo Corregido tiene en sus manos el expediente que le derivara la fiscalía de Investigaciones Nº 10 de la justicia provincial en el que cumplimentó la primera parte de la tarea en pos de averiguar cómo se concretó la operatoria irregular del manejo de 2787 tarjetas alimentarias sobre un total de 34.000 que habilitó el Ministerio de Desarrollo Social del Chaco en convenio con la cartera homónima de la nación.
Precisamente por tratarse de un área nacional, tomó intervención ahora el fuero federal. Fuentes del mismo adelantaron a Diario Chaco que "alguien operó" al menos durante tres meses, entre octubre y diciembre de 2008, con esas 2787 tarjetas que nunca fueron recepcionadas por sus legítimos beneficiarios pero que aparecieron utilizadas en 24 comercios chaqueños, algunos de ellos muy importantes. El monto de la estafa no superaría los $ 500.000 pero las implicancias del delito anticipa un escándalo político.

El 20 de marzo de este año, DiarioChaco.com sacó a la luz los primeros resultados de la estafa cometida en perjuicio del estado: en un lapso de tres días, 700 beneficiarios "fantasmas" de tarjetas alimentarias compraron en El Cohete, un reducido comercio de Fontana al que luego se le descubrirían operatorias en varios rubros con distintos estamentos estatales, por más de $ 42.000

En el propio Ministerio de Desarrollo Social provincial se había detectado que alrededor de 700 beneficiarios de tarjetas alimentarias no habían recibido el plástico pero sin embargo aparecían como compradores en el mencionado comercio. Luego se supo que las tarjetas irregulares alcanzaron la friolera de 2787 sobre el total de 34.000 emitidas.

El ministerio, al trascender la por entonces denominada "irregularidad", inició una investigación de cuyo resultado se informó que fueron sumariados y desplazados algunos empleados de menor rango y que el propio Asesor General de la Gobernación, Miguel Garrido, derivó las actuaciones a sede judicial.

Se suele decir que el hilo siempre se corta por lo más delgado, pero en éste caso, los "delgados" se habrían unido y ya en sede federal habrían "mandado al frente" a varios funcionarios de aquella época, incluidos el propio titular de la cartera de Desarrollo Social y uno de sus subsecretarios que en días más asumirá una banca legislativa. Se trataría de Aldo Leiva y de Gustavo Carballo respectivamente.

Se desconoce aún el grado de implicancia de la acusación que podría reclamar el fiscal Corregido pero se asegura que la lista es bastante larga y que incluye a responsables de 24 comercios, algunos de ellos muy importantes.

El porqué de las responsabilidades de los comerciantes se explica así: las tarjetas alimentarias llevaban impresas el nombre, apellido y número de DNI del beneficiario, y según el convenio suscrito entre el estado y los comercios, para éstos constituía una obligación requerir a los beneficiarios la acreditación correspondiente. Si la misma se hubiese cumplimentado, la estafa al estado no hubiese podido ser concretada.

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