Avanza la idea de conformar el CAM por ley.

Avanza la idea de conformar el CAM por ley.
Las sentencias de la Justicia brindaron pautas acerca de cómo podría organizarse equilibradamente el órgano de selección de magistrados. En el oficialismo estarían decididos a dar una solución definitiva al problema de las vacantes.
Paulatinamente cobra fuerza la idea de que urge discutir sobre un proyecto de ley que determine la composición del Consejo Asesor de la Magistratura (CAM), para que se aboque a seleccionar a los interesados en cubrir en forma definitiva la treintena de cargos acéfalos en los Tribunales. El debate tendrá como marco de referencia ineludible lo que sobre dicho órgano ha sentado la Justicia de la provincia (ver notas aparte). Esta, por medio de sus pronunciamientos, se ha preocupado por destacar que el CAM fue concebido para despolitizar el acceso a la judicatura y como mecanismo para asegurar su independencia frente a los otros poderes.

Una alta fuente del oficialismo confió a LA GACETA que durante esta semana podría haber algún tipo de anuncio oficial para avanzar en la integración del CAM. Precisamente, esto es lo que venían reclamando los dos colegios de abogados (del sur y de la capital). Los consejos directivos de ambas entidades, entre el 3 y el 4 del corriente, se negaron terminantemente a seguir discutiendo sobre cualquier salida (al problema de la falta de cobertura de las vacantes) que no pasara por la organización equilibrada del CAM. De esta forma le dijeron que no a la posibilidad de articular un mecanismo que sólo permitiera designar jueces provisorios o temporarios, como bregaba el gobierno de José Alperovich por medio de Francisco Sassi Colombres, interlocutor designado por el vicegobernador, Juan Manzur.

Preguntas clave

Por la larga y apasionada batalla judicial que precedió a este probable desenlace, el debate sobre el CAM tendrá dos aristas. El primero es el relacionado con la conformación de este órgano de selección propiamente y con los ejes que deberá contener la ley que regule su funcionamiento: estamentos que han de integrar el CAM y número de representantes, quién lo presidirá y en qué órbita funcionará (¿en la del Poder Judicial o será completamente autónomo respecto de los tres poderes?). A esto hay que sumar la determinación de las pautas a las que, para asegurar que a los cargos accedan los abogados más idóneos, deberán sujetarse los concursos de oposición y antecedentes que llevará adelante el CAM. Esto implica definir si la prueba escrita prevalecerá (o no) sobre las otras etapas de la selección de candidatos (valoración de los antecedentes y entrevista) y si, para darle mayor rigor técnico, serán convocados académicos del derecho para que, por ejemplo, corrijan las evaluaciones, como en el Consejo de la Magistratura de la Nación.

También habrá que definir si, como corolario del orden de mérito que resulte de cada proceso de selección en particular, el CAM elevará al Poder Ejecutivo -por cargo- una terna para que elija a uno de los seleccionados y solicite el correspondiente acuerdo de la Legislatura. Este es un punto crucial, porque el artículo 101, inciso 5 de la Constitución de 2006 sólo establece que el CAM debe emitir un dictamen vinculante, sin precisar si tiene que tratarse de una dupla, una terna (es lo habitual en el país) o una cuaterna de candidatos.

La otra cuestión radica en que, si el Gobierno decide impulsar un proyecto de ley sobre el CAM, en forma paralela, deberá declinar -al menos parcialmente- de la queja que planteó ante la Corte Suprema de la Nación. Por medio de ese recurso, y amén de que no tenga efecto suspensivo en los hechos, el Poder Ejecutivo sigue poniendo en entredicho las conclusiones de la Justicia provincial. Esta declaró nulo el tramo del artículo 101, inciso 5 de la Carta Magna, que facultaba al gobernador a organizar -por decreto- el CAM. Precisamente, esta decisión es la que permite que hoy se discuta sobre la conformación del CAM, pero por ley.

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