Este lunes obtuvo dictamen un proyecto de ley que regulará los eventos masivos. Un plenario de las comisiones de Seguridad, Salud y Desarrollo Económico despachó una iniciativa que tomó como base una propuesta enviada por el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, pero que contó con numerosos aportes de proyectos que habían sido presentados por distintos sectores de la oposición.

El texto fue enriquecido a partir de incorporar pedidos de distintos bloques, por lo que alcanzó consenso en comisión. No obstante, se reclamaron al oficialismo modificaciones que no fueron incluidas y hasta este jueves se negociarán posibles cambios al texto.

El presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, Gabriel Fuks (FpV), pidió que se agregue a la AGC, el Ministerio de Seguridad como Autoridad de Aplicación de la ley.

Por su parte, el diputado Adrián Camps (PSA) reclamó que el proyecto es “insuficiente” respecto de precisar el control de la temperatura y la humedad, algo que estaba incluido en la versión original del proyecto del Ejecutivo.

El legislador Gustavo Vera reconoció “cambios sustanciales y positivos”, pero solicitó rever la cantidad de inspectores asignados. En igual sentido, Graciela Ocaña (CP) solicitó que se sumen más agentes.

Roy Cortina reconoció que aunque “hay puntos perfectibles”, es “un buen consenso para dar respuesta a muchas de las fallas de Costa Salguero en relación a la actuación de los organizadores y la omisión del deber estatal de control”.

A su turno, Marcelo Ramal (FIT) acusó que la iniciática “busca crear un escenario político”. “Time Warp ocurrió porque la Ciudad no tenía las herramientas legislativas para prevenirlo”, dijo. A contestarle salió Fuks, quien expresó: “no somos parte de ninguna operación política”. Y subrayó que “la ley que mandó el Ejecutivo no es esta ley”, debido a las modificaciones que la oposición logró.

Desde el Pro, el presidente de la Comisión de Seguridad, Juan Pablo Arenaza, expresó: “estamos modernizando la legislación y brindando una herramienta a la Ciudad” y agregó que “es muy importante la creación de un registro de productores porque es una herramienta fundamental para controlar a los organizadores de estos eventos”.

En el proyecto se define a evento masivo como “todo acto, reunión o acontecimiento de carácter eventual cuyo objeto sea artístico, musical o festivo, capaz de producir una concentración mayor a 1.000 asistentes, y que se lleve a cabo en establecimientos abiertos, cerrados o semicerrados en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires”.

La capacidad máxima será de tres personas por metro cuadrado para espectáculos públicos, donde el asistente es un mero espectador, y de dos personas por metro cuadrado cuando se trata de diversiones públicas, es decir, que el asistente participa del entretenimiento.

A su vez, se establece que “cuando la capacidad autorizada del evento supere los 5.000 asistentes, el Gobierno de la Ciudad deberá implementar un plan de presencia estatal dirigido a mantener las condiciones de seguridad y mejorar el abordaje de las emergencias que pudieran producirse”.

Sobre la presencia de los inspectores se detalla que habrá “por lo menos seis inspectores de la AGC” cuando el evento sea entre 5 mil y 10 mil asistentes, y que cuando supere los 10 mil se agregará un inspector a razón de 5 mil asistentes.

A pedido del Bloque Peronista, se indica en uno de los artículos que tendrá que haber “un control de acceso tecnológico, para que se respete la capacidad máxima otorgada”. Dicho sistema estará compuesto por pantallas en las puertas de acceso y en el interior del lugar, que “permitan verificar en tiempo real de manera precisa y en forma visible el porcentaje de ocupación”. También señala que la AGC deberá poder tener acceso, en tiempo real, a la información completa de la evolución de los ingresos.

La iniciativa indica la creación de un Registro Público de Productores de Eventos Masivos en el ámbito de la Agencia Gubernamental de Control. También, un “plan de acción”, que contempla la asistencia médica “in situ”, el acceso gratuito a hidratación, la presencia de socorristas, entre otros puntos.

Solicitado por la legisladora Paula Penacca (FpV), el proyecto incluye un formulario de inscripción al Registro de Productores, distinguiendo las categorías de personas jurídicas, sociedades de hecho y personas físicas.