La investigación de YPF sobre su filial norteamericana, YPF Holdings, -por el supuesto pago de sobreprecios en un contrato para analizar la viabilidad económica de yacimientos en América latina- acaba de sumar un nuevo capítulo en la justicia. Karlin Pacific, una compañía proveedora de servicios con la que YPF Holdings firmó en 2013 un contrato de US$ 2,9 millones sobre el que recaen las sospechas del presidente de la petrolera, Miguel Galuccio, rechazó en una presentación judicial brindarle a la empresa argentina la información que pide. Pero fue más lejos: reclamó al juez Lynn Hughes que constituya un jurado para definir la cuestión. En los términos de la justicia norteamericana, la jugada de Karlin implica redoblar la apuesta, ya que con ese reclamo evita pasar por instancias previas para acelerar el paso hacia la resolución del conflicto.

LA NACION pudo ver la presentación de Karlin, hecha el miércoles pasado. En 10 páginas, la empresa rechaza casi todos los argumentos que YPF esgrimió en la demanda del 26 de diciembre del año pasado en la corte de distrito de Houston.

En aquel texto, los abogados de la petrolera acusan a su proveedora de no poner a su disposición toda la información necesaria para que pueda explicarle a YPF por qué le pagó casi US$ 3 millones por un contrato.

Fuentes al tanto de la demanda creen que el reclamo de Karlin no prosperará por la clase de contienda que lleva adelante (no está bajo discusión un hecho, sino el alcance de un contrato). En su presentación ante el juez, a diferencia de lo que dice YPF, Karlin sostiene que la proveyó con la información. Y critica que la petrolera buscó "derechos de auditoría mayores que los provistos" en ese contrato. Entre ellos, acceso a cuentas bancarias, registros de inversión, transacciones con partes relacionadas y las minutas del directorio.

El contrato original sostiene que los derechos de auditoría de YPF "deberían incluir pero no estar limitados" a registros contables y "cualquier evidencia necesaria para justificar los cargos relacionados con el servicio técnico", incluidos ciertos pagos.

La pelea en los estrados del Norte reproduce otra que ocurre en la Patagonia. Karlin tiene entre sus directores a Osvaldo Sortino, socio del ex banquero Raúl Moneta, accionista de la petrolera Raiser y de Enercana, una compañía con sede en Canadá que ganó la concesión del área Parva Negra, en Neuquén, a fines del año pasado. El gobernador Jorge Sapag la adjudicará cuando se complete el pago de un bono de US$ 33 millones, que está demorado.

Esa licitación se hizo bajo la modalidad de acarreo, que le otorga un 6% de participación a G&P, la petrolera provincial. Galuccio rechazó en varias oportunidades ese método. A tal punto que YPF no participó de la licitación.

Fuentes cercanas al presidente de YPF sostienen que ordenó la investigación sobre la filial norteamericana (además de la presentación en la justicia, hay una línea interna de trabajo) en cuanto vio la relación de Karlin con Moneta, con la intención de despegarse del contrato. Se tomó esa tarea muy en serio. En julio del año pasado, echó a su amigo Guillermo Jalfin de la conducción de YPF Holdings por haber autorizado la firma del convenio con Karlin.

Los representantes de YPF y de Karlin se verán las caras el próximo jueves, cuando se reúnan a las dos de la tarde en la sala 11 C del juzgado a cargo de Hughes, en el piso 11 de la corte de Houston.

El juez considerará mociones, cuestiones breves y podrá haber diálogo entre los abogados de ambas partes. Por lo que es probable que la historia continúe..