Avanza en el Congreso la estatización de jubilaciones

El oficialismo sumó el respaldo de opositores y esta madrugada se aprestaba a aprobarel proyecto; si el Senado lo convierte en ley, el Gobierno controlará unos $ 95.000 millones.Por Laura Serra
Seguro y confiado en su triunfo, el oficialismo en la Cámara de Diputados se encaminaba esta madrugada hacia la aprobación del polémico proyecto de ley del Gobierno que dispone la estatización del sistema jubilatorio y, consecuentemente, la desaparición de las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones (AFJP).

De allí se girará al Senado y, su conversión en ley implicará la transferencia al Estado de casi 80.000 millones de pesos de activos de los afiliados, sumados a otros 15.000 millones por año en concepto de aportes.

Indiferente a las críticas de la oposición, que advertían sobre el uso electoralista que hará el Gobierno de los fondos previsionales, la Casa Rosada paladeaba su triunfo con aires de euforia. No sólo porque se garantiza el ingreso a sus arcas de una masa millonaria de recursos en tiempos de amenaza de recesión económica, sino también porque logró fragmentar a una oposición que, hasta ahora, venía trabajando unida en el rechazo de muchas iniciativas del oficialismo.

El bloque del Frente para la Victoria, que comanda el santafecino Agustín Rossi, confiaba en reunir no menos de 155 votos positivos en el debate en general del proyecto de ley. Para eso contaba con el apoyo de sus tradicionales aliados, más los bloques del Partido Socialista, Solidaridad e Igualdad (SI), CTA y el Movimiento Popular Neuquino (MPN), embanderados detrás del retorno al régimen público de reparto. Sin embargo, anoche se preveía una votación más ajustada en el debate en particular de los artículos del proyecto, momento en el que la oposición volvería a unirse para plantear que la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) se transforme en un organismo público no estatal, es decir, independiente del manejo del Gobierno.

Esta es una concesión que no está en los planes oficialistas, porque atentaría contra el corazón del proyecto: el manejo concentrado de los recursos jubilatorios en manos del Estado.

Justamente, éste fue el latiguillo del núcleo duro de la oposición que, junto con un puñado de peronistas disidentes encabezados por Felipe Solá, se deshizo en advertencias y críticas en las más de 12 horas de debate sobre el uso discrecional que el Gobierno haría de los fondos jubilatorios, sobre todo del superávit de la Anses, que rondará a fin de año los 100.000 millones de pesos (de lo que se informa por separado).

La oposición machacó en sus discursos tres conceptos a su juicio claves:

Advirtió que, en lugar de debatir una reforma del sistema jubilatorio, el proyecto se reduce a una simple transferencia de fondos del sector privado al público.

Enfatizó que vulnera el derecho de propiedad de los afiliados a las AFJP y, por lo tanto, se trata de una "confiscación" de fondos jubilatorios de parte del Estado.

Reclamó la devolución a las provincias del 15 por ciento que hoy aportan en concepto de precoparticipación al sistema jubilatorio.

El oficialismo, en cambio, aprovechó el debate para embestir contra las AFJP, a las que culpó de cobrar comisiones exorbitantes a los afiliados y de no hacer rentable la inversión de los fondos.

En este sentido, repitieron hasta el hartazgo que el Estado nacional debió asistir con 4000 millones anuales al régimen de coparticipación para garantizar el haber mínimo de sus jubilados.

"Esto de plantear un sistema mixto es cargarle a una sola generación de empresarios y trabajadores una doble mochila sobre sus espaldas: pagar a los jubilados y ahorrar es imposible de concebir macroeconómicamente", enfatizó el diputado Juan Carlos Díaz Roig (FPV), presidente de la Comisión de Previsión Social, al arrancar la sesión poco antes del mediodía.

Finalizó sus palabras y sobrevino una catarata de discursos opositores. "No votaremos este proyecto porque no se dan las garantías de que estos ahorros se manejen con el cuidado necesario", asestó Alejandro Nieva (UCR). "No es éste un debate ideológico, capitalización versus reparto -agregó Marta Velarde (justicialismo republicano)-. Es un manotazo de caja en tiempos de necesidad financiera."

"Saqueo es el que realizan las AFJP que, con el apoyo de partidos políticos afines a la dictadura, hicieron su negocio y apenas si invirtieron en obras de infraestructura o emprendimientos productivos", respondió Guillermo Pereyra (FPV).

"Negocio del Gobierno"

Para el diputado Jorge Sarghini (justicialismo nacional), el negocio será ahora del Gobierno. "Con el superávit previsional el Gobierno puede hacer lo que quiera: desde pagar la deuda externa hasta entregar subsidios para los amigos", advirtió. A lo que Luis Galvalisi (Pro) agregó: "El problema no es si el sistema de reparto es bueno o es malo; la cuestión es que la historia nos condena".

Tanto el socialismo como Claudio Lozano (CTA) intentaron justificar su voto positivo. "Sabemos que las garantías no son suficientes, pero éste es un paso crucial para que el sistema no quiebre, como en los 80", aseveró Silvia Augsburger (Partido Socialista).

"A pesar de que tenemos diferencias con el proyecto del oficialismo, se está dando el paso principal para terminar con el negocio de las AFJP", sostuvo Lozano.

"No estamos discutiendo la reforma del sistema previsional, sino caja, dinero y poder", retrucó Marcela Rodríguez (Coalición Cívica), mientras Claudio Poggi (Frejuli) aseveraba: "El problema es puramente fiscal. Los jubilados de mañana recibirán un vale, un título refinanciable de por vida y otra vez se vaciará la caja jubilatoria".

BOUDOU

El director ejecutivo de la Anses, Amado Boudou, dijo que el Gobierno "no va a agarrar la plata [de los fondos previsionales] para gastarla". Y añadió: "Nosotros vamos a mantener los plazos fijos en los bancos para mantener la liquidez del sistema; pero hay que reorientar fondos a la economía real". Además, garantizó que el destino de los fondos previsionales en primer orden será para pago de beneficios jubilatorios.

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