Avanza en el Congreso español una severa ley contra los inmigrantes

Diputados ayer aprobó la norma que endurece la lucha contra la inmigración.
Los diputados españoles aprobaron ayer una ley de Extranjería rechazada por la izquierda como excesivamente represiva y también por la derecha que acusa a los socialistas de un tratamiento débil y permisivo contra los "ilegales". El propósito de la legislación es acentuar la lucha del Estado contra los indefensos inmigrantes sin permisos de residencia ni trabajo, y limitar al máximo a los que están regularizados el número de miembros de su familia que puedan traer a España.

Sumaron votos respaldando el proyecto de ley del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero los 169 legisladores del PSOE, el Partido Nacionalista Vasco, Coalición Canaria y la coalición nacionalista catalana Convergencia y Unión. La ley pasará ahora al Senado, donde no se descartan más variaciones hasta la aprobación definitiva de la norma, prevista para fin de año.

La más polémica de las nuevas disposiciones es la que aumenta hasta 60 días, en lugar de los 40 actuales, el lapso durante el cual pueden retenerse en los Centros de Internamiento a los inmigrantes "sin papeles". Después, llega la temida orden de expulsión que puede conceder un plazo entre 7 y 30 días para que se abandone voluntariamente España. Se impondrán plazos de prohibición de entrada de un máximo de 5 años.

Amnistía Internacional y diversas organizaciones de inmigrantes han reclamado el cierre de estos Centros de Internamiento y también que se regularice la situación de los trabajadores inmigrantes, y sus familias, que no tienen los papales legales necesarios.

También se restringen las condiciones para la reagrupación familiar y se endurecen otras disposiciones correspondientes a los pedidos de asilo. Además, se crea un nuevo registro de entradas y salidas de los extranjeros en España "para mejorar el control preventivo de la estancia irregular".

Aumentan su rigor los requisitos para la reagrupación familiar y quedan limitados a los hijos menores de 18 años o mayores con discapacidad y a los padres del reagrupante y su esposa "cuando están a su cargo, sean mayores de 65 años y existan razones que justifiquen la necesidad de autorizar su residencia en España".

Además, los inmigrantes que tengan a su cargo menores en edad escolar deberán acreditar su escolarización en los trámites de renovación de los permisos de trabajo y residencia. De hecho, para solicitar cualquier reagrupación, el extranjero deberá llevar cinco años en España y no uno, como ahora.

En cambio, otorga un permiso de trabajo a los hijos reagrupados entre 16 y 18 años, que hasta ahora no tenían. La nueva ley aborda el problema de la violencia de género permitiendo a las extranjeras maltratadas contar con "una autorización de residencia por circunstancias excepcionales".

El conservador Partido Popular en la oposición anunció que anulará la reforma de llegar nuevamente al poder, al considerar que ésta no servirá para frenar las "avalanchas" de inmigrantes irregulares.

Para la derecha, la nueva legislación es "una mera reforma cosmética", que desaprovechó la ocasión de cambiar el actual modelo migratorio al que hacen responsable de que España se haya convertido en el "coladero" de ilegales de la Unión Europea (UE).

Las organizaciones de inmigrantes vienen desarrollando una intensa lucha contra la ley aprobada ayer especialmente con una marcha de más de 700 kilómetros entre Barcelona y Madrid.

"La nueva legislación es discriminatoria, criminaliza a los indocumentados y considera a los extranjeros como un mero instrumento de trabajo", señaló un vocero.

En España residen 4,5 millones de inmigrantes, el 12 por ciento de la población. Si la tasa de desempleo alcanza el 17,9% en todo el país, la más alta de la Unión Europea, entre los extranjeros se encuentra en el 27,5%, según las últimas cifras del Instituto Nacional de Estadística.

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