Esta arista de la investigación comenzó a corporizarse en la madrugada del 7 de septiembre de 2012, cuando en una redada policial y judicial se rescataron a las mujeres que ejercían la prostitución en el local ubicado en Camino Centenario entre 505 y 506, según se desprende del expediente judicial al que accedió el diario Diagonales.

Pablo Javier Santamaría (33), Rodrigo Emanuel Soto (21), Rodrigo Esteban Aguilera (34), Marcos David Lippo (33) y Roberto Rolando Lezcano (52) fueron indagados y quedaron el libertad pero procesados por “Infracción a la ley 12331 de profilaxis y enfermedades venéreas en los términos de los artículos 15 y 17” de dicha norma legal que establece: “Los que sostengan, administren o regenteen, ostensible o encubiertamente casas de tolerancia, serán castigados con una multa de mil pesos moneda nacional. En caso de reincidencia sufrirán prisión de uno a tres años, la que no podrá aplicarse en calidad de condicional. Si fuesen ciudadanos por naturalización, la pena tendrá la accesoria de pérdida de la carta de ciudadanía y expulsión del país una vez cumplida la condena; expulsión que se aplicará, asimismo, si el penado fuese extranjero.”

Según la hipótesis del fiscal Fernando Cartasegna “todos resultan ser coautores del hecho investigado”, detalló en el requerimiento en el que puntualizó que “Aguilera desempeñaba el rol de custodia del lugar. Lippo se encargaba de la venta de entradas y control de ingreso al local. Santamaria resulta propietario del local. Soto resultaba regente y quién retenía parte del dinero que debían percibir las trabajadoras sexuales, resultando el aprehendido Lezcano colaborador de este último”.

Los investigadores arribaron a esa hipótesis luego de analizar la documentación secuestrada en el allanamiento y de la directa imputación que realizaron las mujeres en sus declaraciones testimoniales.

En el acta de procedimiento, los investigadores detallaron que en el local se comprobó “falta de aseo del lugar, boxes ocultos en un entrepiso cerrado con cortinados destinados al intercambio de sexo por dinero, en un estado de absoluta falta de aseo, higiene y sanidad”.

Tras el procedimiento fueron secuestrados gran cantidad de preservativos, ticket con los cuales se hacían los pases, libros de contabilidad y de pases sexuales donde se especifican los nombres, valores y características del servicio prestado por las mujeres que se encontraban en el lugar, juguetes sexuales, ropa íntima femenina y dinero, “elementos estos que denotan la actividad sexual llevada a cabo en el lugar”, concluyó el fiscal en el escrito enviado al juez de Garantías Fernando Mateos que debe resolver el planteo.