Avanza causa por órdenes falsas de Apross

Hasta el momento, el fiscal Sergio Cuello habría detectado 42 casos. Las maniobras comenzaron en 2004.
Cruz del Eje. La Fiscalía de Instrucción de esta ciudad del noroeste provincial, a cargo de Sergio Cuello, en el marco de la causa que lleva adelante por la supuesta falsificación de órdenes de análisis de la Administración Provincial del Seguro de Salud (Apross) y otras obras sociales, habría probado al momento 42 hechos de maniobras defraudatorias, según informaron fuentes tribunalicias directamente relacionadas a la investigación.

Esta causa en instrucción tiene como único imputado al bioquímico Daniel Scobossa, acusado de supuesta defraudación continuada y falsificación de documento privado continuado, en concurso ideal. El profesional logró mantener su libertad bajo fianza.

Las acusaciones contra Scobossa se enmarcan en los artículos 172, 55 y 292 del Código Penal, que contempla hasta dos y seis años de prisión, según las dos figuras penales con que fue imputado.

Esta investigación judicial se desató en julio de este año, frente a tres denuncias penales. Una mujer policía y una vecina, ambas de Serrezuela, y un médico a quienes le habrían falsificado la firma en los recetarios para generar análisis falsos.

Las cuestiones se hicieron públicas el 1º de octubre, cuándo a la vecina se le negó una orden aduciendo que tenía su cupo cubierto. La mujer viajó a la ciudad de Córdoba y en el Apross comprobó que existían dos órdenes firmadas, supuestamente en forma apócrifa.

El bioquímico Scobossa se desempeñaba como director del Hospital Municipal de Serrezuela y atendía el Dispensario Comunal de Tuclame y el Centro de Salud Comunal de Paso Viejo, prestando servicios en su especialidad.

Metodología. La Fiscalía de Instrucción, al momento, habría probado 42 hechos logrando establecer lo que denominó "plataforma común Apross". Se informó que existen casos claros además del ex Ipam, en los que no se avanzó por jurisdicción al ser injerencia de la Justicia Federal.

Las investigaciones determinaron que las maniobras comenzaron en 2004, "utilizando un equipo de computación y las facilidades comunicacionales para concretar las maniobras defraudatorias", según confiaron las fuentes judiciales.

También se utilizaron formularios de prescripción de prácticas bioquímicas para hacer RP falsos en Serrezuela, Tuclame y Paso Viejo, además de la utilización de los sellos de los profesionales Elina Beatriz Torroba, Héctor Rodolfo Amuchástegui y Carlos Alberto Amaya, falsificando sus firmas.

Los resultados económicos, del supuesto mecanismo fraudulento de prácticas bioquímicas, se depositaban en la sucursal 50 del Banco Patagonia, en la ciudad de Córdoba.

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