Ya está procesado por el Fútbol para Todos, le reabrieron una causa por enriquecimiento ilícito y su archienemiga, la diputada Elisa “Lilita” Carrió, lo incluyó en un pedido de indagatoria para todos los ex jefes de Gabinete del kirchnerismo por favorecer al empresario Lázaro Báez. Pero el frente judicial de Aníbal Fernández podría ensombrecerse en los próximos días por la causa que impulsó en su contra la Oficina Anticorrupción por los negocios en el mundo del hockey. 

Se trata de la causa que investiga los 56 millones de pesos que recibió la Confederación Argentina de Hockey (CAH) de parte del Estado nacional justo el mismo día en que Aníbal Fernández asumía la Jefatura de Gabinete. El convenio lo firmó su antecesor, Jorge Capitanich, la mañana del 26 de febrero de 2015, a favor de la CAH. Y a la tarde Aníbal lo reemplazó en su puesto. 

El ex aspirante a gobernar la provincia de Buenos Aires sostiene que estaba de licencia al frente del organismo que maneja los destinos del hockey, pero su nombre aparece en el convenio. Y en tribunales las excusas no convencen.

El juez federal Julián Ercolini, a cargo de la investigación, está mirando en detalle el convenio y el destino de los 56 millones de pesos. Para ello, también está recibiendo información del mundo del hockey que se acercó a colaborar con la investigación, señalaron fuentes del caso a PERFIL.

Según la OA, de las 43 canchas que debían construirse, sólo se hicieron  tres. Además, fue la propia CAH la que pidió el 25 de febrero una ayuda económica para  la construcción de las canchas por 50 millones de pesos, y en sólo 24 horas se decidió otorgarle 56 millones, sin razón que justificara ese plus. 

Otro de los puntos que más llaman la atención de la Justicia, señalaron los investigadores a este diario, es que en ningún momento fueron consultadas las autoridades de la Secretaría de Deportes y todo se manejó a través de la Jefatura de Gabinete.

De acuerdo con los papeles, el dinero tenía como destino instalar canchas de césped sintético en cada una de las provincias argentinas, a través de la empresa Commercial Carpets SA. 

Aníbal Fernández aseguró que esa firma era la única del país que fabrica carpetas homologadas por la International Hockey Federation, pero los investigadores judiciales dudan de esa convicción porque habría otras firmas que podrían haber sido contactadas. Incluso PERFIL pudo saber que esta semana se ordenaron  medidas de prueba en todo el país para verificar qué datos tuvieron las distintas delegaciones provinciales sobre el polémico convenio.

Si el ex jefe de Gabinete del gobierno de Cristina Kirchner termina siendo llamado a indagatoria por esta causa, Laura Alonso lo vivirá como una victoria personal. Es que se trata de una de las primeras denuncias que impulsó la titular de la Oficina Anticorrupción, quien llama este expediente el de “las canchas fantasma”.